Campamento transfeminista de Bernedo, alegal, con menores "explorando su sensualidad" en duchas, vejaciones, a espaldas de los padres.

Campamento de Bernedo: duchas mixtas con menores y sin registro público​

Un campamento de verano en Bernedo (Álava) organizado por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea ha acabado con la Ertzaintza investigando a petición del Ayuntamiento. Menores de entre 13 y 15 años denunciaron que se les obligó a ducharse con adolescentes de distinto sexo y relataron episodios que las familias califican de vejaciones. La asociación defiende las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos», pero ni la Diputación de Álava ni el Gobierno vasco tienen constancia de que la actividad estuviera registrada.

Qué es Sarrea Euskal Udaleku Elkartea y qué defiende​

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la asociación sostiene que las duchas mixtas, «más allá de ser simplemente un lugar de higiene», son «una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización». El texto, que detalla «las bases ideológicas de su proyecto», define la experiencia como un «proyecto autogestionado basado en el feminismo, el euskera y el trabajo en común» por el que este verano han pasado «cien personas». La entidad asegura que protege «constantemente a los niños y jóvenes» y que cada grupo realizó «muchas visitas al médico».

El argumento central es que «los baños y las duchas son una herramienta para dividir desde una lógica binaria y de género» y que esa división «arrincona muchos cuerpos e identidades» y provoca «situaciones de incomodidad y discriminación». De ahí su propuesta: usar las duchas como «un lugar para deconstruir nuestra sexualización». En el comunicado no aclaran si se solicitaron los permisos necesarios para una actividad con menores ni si los padres fueron informados de antemano. Sí puntualizan que a los chavales «se les explica la situación» cuando llegan «y se les ofrecen recursos para reflexionar».

Qué denuncian las familias y qué investiga la Ertzaintza​

Los progenitores que dieron la voz de alarma niegan haber tenido conocimiento previo de este modelo de baños. Entre los hechos puestos en conocimiento de la Ertzaintza figura, según una denuncia interpuesta ante la comisaría de Zarautz, un episodio nocturno en el que monitores bailaban sin ropa alrededor de una hoguera y en el que se trató de hacer partícipe a un menor que comenzó a llorar. La asociación desmiente en su texto que se haya forzado a nadie «a desnudarse delante de otros», aunque no menciona otros hechos narrados por los adolescentes. Tampoco explica si los padres sabían algo.

El consejero de Seguridad, Bigen Zupiria, aseguró que la actividad «no figuraba en ningún registro público». Ni la Diputación de Álava ni el Gobierno vasco tenían constancia de los permisos. La asociación censura que se hayan publicado «mensajes difamatorios» y «tránsfobos» contra el colectivo.

El registro alegal: ni permiso ni rastro administrativo​

El punto que más incomoda a la administración no es ideológico, es burocrático. Un campamento con menores de edad requiere autorización y comunicación previa a la autoridad competente. Según los datos disponibles, esa comunicación no existió o no consta. La Diputación de Álava y el Gobierno vasco lo niegan; la asociación no lo aclara en su comunicado. Ese vacío es el que convierte un conflicto de valores en un problema jurídico.

Hay quien sostiene que la ausencia de registro es la prueba de que el proyecto se diseñó para operar al margen del control administrativo. Otros apuntan a simple dejadez organizativa. Lo cierto es que, a la fecha de esta discusión, la Ertzaintza sigue investigando y no hay conclusión judicial.

El eco en el debate público​

El asunto ha derivado en una discusión más amplia sobre el adoctrinamiento en actividades financiadas con dinero público y sobre la responsabilidad de los padres que inscriben a sus hijos sin verificar el proyecto. Una parte del análisis sostiene que los progenitores son corresponsables por no informarse; otra recuerda que la confianza en una actividad de verano no equivale a consentir cualquier práctica. La comparación con casos de abusos en entornos religiosos aparece repetidamente: si el responsable fuera un cura, argumentan, el tratamiento mediático sería otro.

La asociación insiste en que cada año ven «resultados muy positivos» y enmarca todo en valores «transfeministas» para crear «lugares seguros para todos los cuerpos». El problema es que la definición de «seguro» la pone quien organiza, no quien envía a su hijo.

---

Con estos mimbres, es previsible que la investigación avance hacia la vertiente administrativa antes que hacia la penal. Si aparece una sanción por operar sin registro, el precedente afectará a otros campamentos autogestionados que funcionan en la misma zona gris. Si no aparece, la pregunta seguirá siendo quién vigila lo que se hace con menores cuando nadie firma el permiso.