Carta del INE: Me condenan a 4 años.

El INE condena a cuatro años de encuesta obligatoria a las microempresas​

¿Puede el Instituto Nacional de Estadística obligar a un autónomo a rellenar una encuesta mensual durante cuatro años bajo amenaza de multa de hasta 30.000 euros? La respuesta, según la experiencia de varios empresarios y autónomos, es sí. La carta del INE llega un mes cualquiera. El requerimiento es mensual, la duración es de cuatro años y el incumplimiento está tipificado como infracción grave en la Ley de la Función Estadística Pública de 1989. El damnificado, un pequeño empresario, lo resume con amargura: «Vamos que además de cornudo, apaleao».

El caso no es aislado. A lo largo de la conversación, varios autónomos y microempresas confirman haber recibido requerimientos similares. La queja no es solo por la carga administrativa, sino por la sensación de que el Estado trata igual a una multinacional que a un trabajador por cuenta propia. «Me parece mentira que a muertos de hambre como yo nos vengan a tocar los huevos», señala una microempresaria. La obligación se extiende también a particulares, como en el Censo o la Encuesta de Población Activa, donde también se multa por no responder.

¿Qué es la encuesta del INE que te obliga a responder durante cuatro años?​

El INE realiza encuestas estructurales a empresas con carácter obligatorio. La más conocida es la Encuesta Industrial de Empresas, pero hay otras como la Encuesta de Servicios o la de Comercio. La ley que las regula es la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que en su artículo 7 establece la obligatoriedad de proporcionar los datos. El incumplimiento se considera infracción grave y puede sancionarse con multas de hasta 30.000 euros, según el artículo 50 de la misma norma. La duración de cuatro años es habitual en las encuestas estructurales, que buscan series temporales consistentes.

El problema, según los afectados, no es solo la obligación, sino la falta de compensación y la carga que supone para estructuras mínimas. Una encuesta mensual puede requerir varias horas de trabajo, a menudo sin que el empresario tenga claro qué datos se piden ni para qué. «Los mismos datos que a Hacienda, y en lo demás troleo», comenta un autónomo que ya la ha hecho. La sensación de duplicidad es generalizada: si Hacienda ya tiene la información, ¿por qué el INE vuelve a pedirla?

Multas de hasta 30.000 euros por no responder al INE​

La cuantía de las sanciones es uno de los aspectos que más indignación genera. La ley distingue entre infracciones leves, graves y muy graves. No responder a una encuesta obligatoria se considera infracción grave, y la multa puede alcanzar los 30.000 euros. Para una microempresa, esa cifra puede ser la diferencia entre seguir o cerrar. Sin embargo, en la práctica, las sanciones no son automáticas. Primero llega un recordatorio, luego una carta certificada y, finalmente, la amenaza de multa. Muchos optan por cumplir para evitar el riesgo.

La estrategia de algunos ha sido la de responder con datos falsos o trolear. «Puse muchos datos falsos que les den por el culo», confiesa un participante. Otros han optado por rellenarla en euskera o gallego, a pesar de no hablar esos idiomas, como forma de protesta. La ley permite responder en cualquiera de las lenguas cooficiales, lo que algunos han utilizado como forma de resistencia pasiva. «Aunque vaya a desgastar el google translator por lo menos puedo hacer el Troll un rato», explica el autor del mensaje inicial.

El secreto estadístico y la contradicción de exigir la verdad bajo multa​

Una de las paradojas que señalan los afectados es la del secreto estadístico. La encuesta garantiza que los datos serán tratados de forma confidencial y no se cruzarán con Hacienda. Pero al mismo tiempo, se exige la verdad bajo amenaza de sanción. «Si hay secreto estadístico ¿Cómo van a saber que digo la verdad?», se pregunta el autor. La contradicción es evidente: si no se cruzan los datos, no hay forma de verificar la veracidad; si se cruzan, se rompe el secreto. La ley establece que los datos solo pueden usarse con fines estadísticos y no pueden ser cedidos a otros organismos, pero la desconfianza persiste.

La realidad es que el INE no tiene acceso a los datos fiscales de los encuestados. La verificación se hace por coherencia interna y, en algunos casos, mediante visitas o llamadas de comprobación. Pero eso no tranquiliza a quienes ven en cada requerimiento una intromisión. «Me parece que intentan cruzarlo con hacienda para pillar cosas», sospecha un autónomo. La percepción de que el Estado actúa con fines recaudatorios, aunque sea infundada, está extendida.

La alternativa de darse de baja y operar en negro​

Ante la acumulación de obligaciones, algunos empresarios se plantean abandonar la legalidad. «Al que esté pensando en montar algo, aunque sea un comercio por internet, lo que sea. Sólo un consejo: EN NEGRO», aconseja el autor del mensaje inicial. Es una reacción extrema, pero refleja la frustración de quienes sienten que el sistema penaliza al que cumple. La economía sumergida en España ronda el 20% del PIB, según estimaciones habituales, y este tipo de cargas administrativas alimentan esa bolsa.

La burocracia no es solo la encuesta. El mismo empresario relata una multa de IVA por una autoliquidación que sí presentó, y que ahora debe recurrir por escrito. «No saben ni donde está el expediente», se queja. La sensación de desamparo es total. Para muchos, la solución pasa por reducir la exposición al Estado: menos facturación, menos empleados, menos actividad declarada. Es la lógica perversa de la sobrerregulación.

El INE y la estadística oficial: ¿para qué sirven estos datos?​

El INE defiende que estas encuestas son esenciales para elaborar las estadísticas oficiales que luego usa el Gobierno, el Banco de España y la Unión Europea. Sin ellas, no habría datos fiables sobre la estructura productiva, el empleo o la inversión. Pero los encuestados no ven el retorno. «Los resultados a nadie le importará, ni al Gobierno ni al vecino», sentencia el autor. La desconexión entre el esfuerzo individual y el beneficio colectivo es total.

La estadística oficial es un bien público, pero su coste recae desproporcionadamente sobre los más pequeños. Las grandes empresas tienen departamentos enteros dedicados a cumplimentar encuestas; las microempresas, no. La queja de fondo es la falta de proporcionalidad. «Me parece mentira que a muertos de hambre como yo nos vengan a tocar los huevos», insiste una microempresaria. La solución podría pasar por exenciones para las empresas más pequeñas o por compensaciones, pero nada de eso está sobre la mesa.

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Al final, la encuesta se convierte en un impuesto más: en tiempo, en esfuerzo y en riesgo. Y como todo impuesto, se acaba pagando. O no. Porque siempre queda la opción de tirar la carta a la basura y esperar que no llamen a la puerta. Hasta ahora, a algunos les ha funcionado.