PSOE Caso cursos de formación

Caso cursos de formación
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

La Intervención de la Junta de Andalucía ha cifrado en 3.000 millones de euros el dinero perdido en los cursos de formación, según la información publicada por El Confidencial. La cifra sitúa el caso en el terreno de la gestión de fondos públicos y no en el de un simple desajuste contable.

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La Intervención de la Junta de Andalucía ha cifrado en 3.000 millones de euros el dinero perdido en los cursos de formación, según la información publicada por El Confidencial. La cifra sitúa el caso en el terreno de la gestión de fondos públicos y no en el de un simple desajuste contable.

La Intervención de la Junta de Andalucía ha puesto número a uno de los asuntos que más tinta ha hecho correr en la política autonómica: los cursos de formación. Según la información que publica El Confidencial, el organismo cifra en 3.000 millones de euros el dinero perdido en esos programas. La cantidad no es un redondeo menor. Hablamos de miles de millones de euros de fondos públicos que, según esa fiscalización, no habrían cumplido la función para la que se destinaron.

Qué es la Intervención y por qué su cifra pesa

La Intervención es el órgano interno de control económico de la Junta de Andalucía. Su función es revisar que el dinero público se gaste como marca la norma y que las cuentas cuadren. Cuando un organismo de este tipo pone una cifra sobre la mesa, no habla de sospechas: habla de lo que ha encontrado en los papeles. Eso le da al dato un peso distinto al de una denuncia o una estimación periodística.

Los 3.000 millones convierten el asunto en una cuestión de magnitud. No se trata de un desvío puntual en una partida concreta, sino de una cantidad que, según esa fiscalización, se ha perdido en un programa entero de formación.

Formación para el empleo: dinero público y resultados

Los cursos de formación para desempleados y trabajadores se financian con dinero público, en buena parte procedente de fondos estatales y europeos. La lógica es sencilla: se paga a entidades para que formen a personas y esas personas mejoren sus opciones de encontrar trabajo. Cuando ese circuito falla, el dinero no llega a su destino y el objetivo se queda en el papel.

La cifra de la Intervención apunta a un fallo de ese circuito a gran escala. El caso afecta a la gestión de la Junta de Andalucía y a la forma en que se controló el uso de esos fondos.

Un asunto con recorrido político

El caso de los cursos de formación lleva años en el debate público andaluz y ha pasado por juzgados y comisiones de investigación. La cifra de 3.000 millones reabre la discusión sobre quién controlaba el dinero y qué se hizo para evitarlo. No es un asunto cerrado.

Conviene tomar la cifra con la cautela propia de un dato que procede de una información periodística sobre un informe de fiscalización: es un punto de partida sólido, no una sentencia. Para cualquier decisión económica o legal relacionada, lo prudente es acudir a los documentos oficiales y al asesoramiento profesional.

Datos clave
  • La Intervención de la Junta de Andalucía cifra en 3.000 millones de euros el dinero perdido en cursos de formación.
  • La información la publica El Confidencial.
  • La Intervención es el órgano interno de control económico de la Junta de Andalucía.
  • Los cursos de formación se financian con fondos públicos, en parte estatales y europeos.
  • El caso afecta a la gestión de la Junta de Andalucía y a la fiscalización de esos fondos.
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La Intervención cifra en 3.000 millones el dinero 'perdido' en los cursos de formación

No está nada mal como robo a gran escala.

¿Y con esta gente del PSOE andaluz es con quien pretenden pactar PIT y los suyos? 😀

La Intervención cifra en 3.000 millones el dinero 'perdido' en los cursos de formación.

Un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía remitido a la causa que instruye la juez Alaya sobre la engaña de los cursos sitúa el escándalo como el mayor caso de corrupción de España

07.04.2015 – 18:55 H.

La Intervención General de la Junta de Andalucía afirma que hay 3.015 millones de euros pendientes de justificar en cursos de formación entre 2005 y 2013, y un interventor asegura que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no los justificaba de forma deliberada para beneficiar a empresas o grupos.

En un informe remitido a la Guardia Civil el 17 de marzo la Intervención precisa que 2.260 millones de euros pendientes de justificar y requeridos por parte de las intervenciones competentes son de los servicios centrales del SAE, mientras que el resto son de las ocho delegaciones provinciales. Así se detalla en la documentación incluida en el caso de los cursos de formación que investiga la juez Mercedes Alaya, que se ha conocido tras decretar el levantamiento parcial del secreto del sumario y después de que la magistrada ordenara el 24 de marzo pasado la detención de 16 políticos, todos en libertad con cargos.

Por su parte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya había adelantado esta cifra cuando tan sólo se llevaban ocho meses de investigación, haciendo crecer su previsión inicial en un 50%.

En la documentación del caso también se incluye la declaración como testigo de Ignacio García Revilla, el interventor responsable del control financiero en las 26 empresas y agencias públicas en régimen especial de la Junta de Andalucía.

Ante la juez, el interventor afirmó que, por evidencias indirectas, sabe que "los numerosos fallos en las tareas de comprobación" por parte del SAE "no pueden fruta a falta de tiempo", y añadió que las "deficiencias en las tareas de justificación" se hacían deliberadamente.

Cuando la juez le pregunta por las razones de que el SAE pudiera haber actuado deliberadamente, el interventor le contesta que para "beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios".

En su testimonio, el interventor explicó que comprobaron las "importantes irregularidades" en los cursos tras un informe de cumplimiento de Huelva, tras el cual se unieron los de otras provincias.

Así, afirmó que el SAE pudo falsear los certificados que se emitían una vez liberado el pago del 75 % de las ayudas y en los que se hacía constar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la ayuda. "Los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad", señaló el interventor antes de apuntar que "la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación".

El interventor, que aludió a la "desidia" y al "dolo" por parte del SAE para no comprobar la documentación, se comprometió a hablar con su superior y elaborar un "informe especial, o como se considere llamarlo", respecto al papel desempeñado por el SAE, lo que le solicitaron la juez y la Fiscalía Anticorrupción. Además, el interventor reconoce, a preguntas de la juez, que existía la "tendencia" a que se paralizaran los "escasos" procedimientos de reintegros iniciados.

En su declaración, el interventor deja constancia de la "falta de medios, sobre todo de personal, que existe en la Intervención", cuyas unidades se nutrían de trabajadores "escasamente" cualificados. Esa carencia provocaba un "retrat importante en la emisión de los informes, teniendo en cuenta además que cada vez son más numerosas las áreas de riesgo y los requerimientos judiciales", concluye el interventor.

Fuente: La Intervención cifra en 3.000 millones el dinero 'perdido' en los cursos de formación

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