Un audio revela una operación contra el jefe de la UCO
¿Qué hacía una exalto cargo socialista, un empresario procesado por fraude y varios abogados en una videoconferencia con un industrial investigado en la Audiencia Nacional? Buscar material para desactivar los escándalos que cercan al Gobierno, según
El Confidencial. El audio de esa reunión, celebrada en febrero y desvelado por ese medio, recoge a la exteniente de alcalde del PSOE
Leire Díez Castro pidiendo información comprometedora sobre el teniente coronel de la Guardia Civil
Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo.
Según el audio difundido, en la conversación se escucha «Si Balas está muerto, mejor». La enviada socialista interrumpe al empresario Alejandro Hamlyn —detenido en 2019 en la operación Drake por un fraude en la venta de combustible con un presunto agujero fiscal de
154 millones de euros— para reconducir la charla: «No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque los entramados hay 200.000 empresas». Lo que interesa, dice, es «saber de dónde viene esta génesis».
Quién es Leire Díez y por qué importa su agenda
Díez no es una militante de base. Fue colocada por el Gobierno de Sánchez en la empresa pública Enusa como jefa de Comunicación entre 2018 y 2021, y después en Correos como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales entre 2022 y 2024. Según las informaciones publicadas, lleva más de un año recopilando información sensible sobre particulares, empresas y organismos identificados como enemigos por el Ejecutivo. El PSOE negó en un primer momento que trabajara para Ferraz; después fue fotografiada entrando y saliendo de la sede central del partido.
En la videoconferencia la acompañaban el empresario
Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador de Ferraz, y el abogado Jacobo Teijelo. Al otro lado de la pantalla, desde Dubái, Hamlyn. El industrial quería saber qué ganaba él. «Yo puedo sacar mucha información, pero necesito saber qué pasa con mi tema», pidió. La respuesta de Díez fue un adelanto del guion: «Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado».
La «Camorra de la Guardia Civil» y el objetivo real
El abogado sentado a la derecha de Díez centró el tiro: «¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas». La exalto cargo habló de una trama corrupta que, a su juicio, anida en el instituto armado: «Tú has sido víctima de la Camorra, pero de la propia Camorra de la Guardia Civil». Y remachó: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país».
El objetivo declarado era desmontar al teniente coronel. «Lo que yo no tengo ninguna gana es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él». La frase final no admite dudas sobre la prioridad: «Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas».
Las cifras que rodean el caso
El material manejado sitúa varias magnitudes sobre la mesa. La operación Drake dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros. Hamlyn cifra en 60 millones lo que le ha costado su litigio con la Hacienda Foral del País Vasco. Y Díez habría cobrado más de 250.000 euros en puestos públicos colocada por el PSOE, según las informaciones publicadas. El inicio de la vista oral contra Hamlyn y el resto de implicados en el caso Drake estaba fijado para el mismo lunes de la difusión del audio.
Qué ha pasado después: reacciones y derivadas
Díez reconoció la autenticidad de los audios, pero negó trabajar para el PSOE: «Era un reportaje de investigación», dijo. El PSOE aceleró el expediente a la fontanera para anticiparse a la publicación del audio, según las informaciones publicadas. La Fiscalía habría negociado un pacto con Hamlyn hasta días antes de la difusión. Y en Interior se habla de tensión por la maniobra contra la UCO con una «patada hacia arriba».
Hamlyn confesó tener «miedo» tras la difusión. La directora de la Guardia Civil quedó acorralada por el caso: «En Interior lo sabían», según las informaciones publicadas. La red de la fontanera contaba, además, con un comisario apartado por meter pruebas falsas en un informe policial, un agente ya jubilado y destituido hace varios años.
El ruido de fondo: dimisiones, imputaciones y un país que no se cae
En paralelo, la actualidad institucional no da tregua. El director general de la Policía Nacional nombrado por el ministro del Interior, Francisco Pardo Piqueras, y el comisario principal Luis Guillermo Carrión deberán declarar como investigados por delitos de prevaricación, acoso y coacciones contra el actual portavoz de Seguridad de VOX, Samuel Vázquez. En apenas tres meses se le abrieron cinco expedientes disciplinarios consecutivos, todos sin denunciante alguno.
La pregunta que sobrevuela es sencilla: ¿habrá detenciones? ¿Irá la Guardia Civil a Ferraz a poner grilletes? La respuesta, a la fecha de esta discusión, sigue siendo la misma de siempre: nada. El caso sigue abierto, las imputaciones siguen su curso y el relato oficial aguanta. Como si el sistema tuviera un seguro de vida que nadie ha contratado pero todos cobran.