El profesor «normal» y al menos 12 menores: versiones que no encajan
Un colegio describe como «persona normal» al docente al que la información publicada atribuye abusos sobre
al menos 12 menores. En esa misma respuesta, el centro explica su salida con un motivo de manual: se marchó porque llegó un profesor más cualificado. Dos frases que no encajan entre sí y que resumen el caso del
colegio Mercedarias de Don Juan de Alarcón: una acusación grave por un lado, una baja administrativa por el otro.
No hay, según la información disponible, condena firme. Hay versiones.
Qué dice el centro sobre el profesor de informática
Según la información difundida por
La Sexta, el docente daba clases de informática y su marcha se justificó por la llegada de un profesor más cualificado. Una salida ordinaria, sin ruido. El calificativo que traslada el centro —«persona normal»— funciona como aval implícito y, a la vez, como el detalle que más chirría: si el perfil era tan corriente, ¿dónde estaba el control?
El requisito previo para enseñar en estos centros es el
certificado de idoneidad. Sin ese papel no se entra, según se subraya al tratar el caso. Ahí está la paradoja: el filtro existe, se aplica, y aun así se cuela lo que no debería. Ningún trámite documental detecta a quien nunca ha sido condenado por nada, y ninguna de las piezas publicadas concreta fechas ni periodos.
¿Cuántas versiones hay del caso de Mercedarias?
Tres, y ninguna cerrada. Una: fue despedido hace años por mal profesor. Dos: se le despidió y ya fue detenido por abusos. Tres: no ha habido abusos. Las tres conviven, y esa dispersión explica que el asunto se haya convertido en terreno mediático antes que judicial.
Tres relatos incompatibles sobre los mismos hechos no son un matiz: son el problema.
Hay quien sostiene que la cobertura se amplifica cuando hay una institución religiosa de por medio y se silencia cuando el origen es otro. Es una tesis sobre el sesgo del relato, no un dato verificado sobre este expediente. Lo comprobable es más prosaico: en los titulares aparece el nombre del centro, no el del docente. Y el vacío informativo sobre su identidad se ha rellenado con especulaciones que ninguna fuente acredita.
Del expediente concreto a la etiqueta colectiva
El paso siguiente es el más repetido: convertir un caso en una regla sobre un colectivo entero. Una corriente de opinión usa el episodio para cuestionar el conjunto de la
enseñanza religiosa; la respuesta habitual es que un expediente individual no define a miles de docentes y que el atajo retórico tapa lo que importa, que es el protocolo de detección. Ni una ni otra se sostienen solas: la primera generaliza sin pruebas, la segunda corre el riesgo de cerrar el debate antes de abrirlo.
Y en medio queda el detalle incómodo. El centro no anticipó nada. La salida se justificó por competencia profesional y solo después se ha releído con otros ojos, cuando el nombre del colegio ya estaba en los titulares y nadie explicaba por qué.
¿Cuántos procesos de selección, en colegios concertados o no, responden todavía a la pregunta de qué ocurrió realmente?
