440.000 victimas de la *******astia en la Iglesia católica española

440.000 víctimas de pederastia en la Iglesia: la cifra que no cuadra​

El Defensor del Pueblo publica el primer informe oficial sobre abusos sexuales a menores en el ámbito religioso español y estima en 440.000 las personas afectadas, un 1,13% de la población. La encuesta se hizo a 8.000 personas. El documento, muy duro con la institución, recomienda que el Estado asuma también las indemnizaciones y convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta. La reacción no se hizo esperar: desde el «440.000, claro, claro» hasta el cálculo de cuántos pederastas harían falta para sostener ese volumen.

De dónde sale el 1,13% y por qué se discute​

El informe no ofrece cifras concretas de víctimas ni de acusados, como sí han hecho otros países. Lo que aporta es una encuesta destinada a desvelar la dimensión del problema, y de ahí sale el 440.000. Ese es el punto que más ha hecho chirriar la aritmética. Si el cálculo se hace sobre la población actual, el porcentaje se aplica a 47 millones de personas; si se aplica a los 30-35 millones que había en las décadas de los sesenta y setenta, el número de afectados cambia. En Portugal, con un informe que arranca en 1950, salieron menos de 6.000 personas. La comparación con Francia, donde se cifraron unos 330.000 casos con un peso menor de la Iglesia en la sociedad, deja la cifra española en un terreno ambiguo: para unos es hasta corta, para otros es directamente inverosímil.

Hay quien sostiene que la proyección estadística es metodológicamente frágil y que 8.000 encuestados no pueden sostener un número así. En contra pesa el argumento de que las encuestas de victimización son el estándar internacional para medir delitos que no se denuncian, y que la opacidad de los archivos diocesanos hace imposible una cifra exacta. El blindaje de esos archivos, protegido por los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, impide que la justicia o el Gobierno exijan los expedientes. Sin acceso a los papeles, solo queda preguntar.

El blindaje de los archivos diocesanos y el Concordato​

Los Acuerdos de 1979 blindaron los expedientes religiosos, que no son exigibles por la justicia ni por el Gobierno. Las víctimas piden que se hagan públicos los casos investigados. Ese es el nudo legal que convierte cualquier recuento en una estimación. Y es también el argumento que usan quienes defienden que el Estado asuma las indemnizaciones: si la institución no responde, que responda el contribuyente.

La cifra oficial convive con otra discusión paralela: la del reparto de responsabilidades. Hay quien señala que la pederastia también existe entre profesores y en otros ámbitos, y que nadie pide disolver la escuela pública por ello. El contraargumento es que la Iglesia gestionaba orfanatos, colegios y residencias, y que su estructura de poder protegía al agresor en lugar de a la víctima. La comparación con otros credos —protestantismo, islam, judaísmo, budismo— aparece una y otra vez: ¿por qué no hay informes equivalentes? La respuesta más repetida es que no hay Concordato que blinde sus archivos ni una red de centros con la misma capilaridad.

La aritmética imposible: 16.568 curas y 440.000 víctimas​

En España hay 16.568 curas para 22.988 iglesias. Si se cruza ese dato con las 440.000 víctimas, la media sale a más de 26 casos por sacerdote. El cálculo se ha convertido en el principal argumento de quienes dudan del informe. Se argumenta que la mayoría de los sacerdotes son ancianos que respetan el celibato y que la cifra exigiría una actividad delictiva imposible de sostener en el tiempo. La respuesta desde el otro lado es que el número no se reparte entre los curas vivos hoy, sino entre todos los que pasaron por la institución durante décadas, y que la mayoría de las víctimas nunca denunció.

La discusión deriva hacia el perfil del agresor. Varios mensajes sostienen que el 80% de los casos son de naturaleza homosexual, un dato que, según ellos, aparece de forma persistente en los informes de distintos países. Otros lo rebaten: la orientación sexual del agresor no explica el abuso, lo explica el acceso privilegiado a menores y la impunidad estructural. La cuestión de la edad de consentimiento también entra en juego: el PP elevó la edad mínima de 14 a 16 años en 2015, con la oposición del PSOE, que quería dejarla en 14.

Qué se pide y qué se ha movido​

El Parlament impulsará una ley para que los delitos graves de pederastia no prescriban. La recomendación del informe de que el Estado asuma las indemnizaciones abre un frente económico: si la Iglesia no paga, paga el erario. Y la exigencia de abrir los archivos diocesanos sigue sin respuesta. El informe es histórico, pero no cierra nada. Deja una cifra sobre la mesa, un blindaje legal intacto y una pregunta sin resolver: cuántas de esas 440.000 personas siguen esperando.