CEOE insta a pagar el sueldo bruto a sus trabajadores para que descubran cuánto dinero se les va en impuestos: "Los salarios serían muy superiores"...

CEOE propone pagar el sueldo bruto para que el trabajador vea los impuestos​

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó su intervención en los XXIV Premios ATA para sostener que «los salarios podrían ser muy superiores, pero la carga impositiva ha sido de tal nivel que no se puede llegar a más». De ahí su propuesta: que el trabajador cobre su sueldo íntegro en bruto y sea él quien después liquide sus cotizaciones sociales y su IRPF, para que sea consciente de lo que se le va en impuestos. La idea, lanzada en un acto patronal, ha reabierto el debate sobre quién paga realmente el coste de un empleo en España.

En el mismo discurso, Garamendi cargó contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que culpó de llevar el diálogo social «a la UVI» y anunció que la patronal no acudirá a la mesa que aborda la reforma del despido, por considerar que los cambios que propone el ministerio se hacen como «venganza». «La ministra necesita ir a base de reglamento porque no lo va a sacar con proyectos de ley o decretos ley», insistió.

Qué se ve hoy en una nómina y qué no​

El argumento central de la propuesta es que el trabajador desconoce el coste real de su empleo. En la nómina sí aparece su aportación a la Seguridad Social y la retención de IRPF, pero no el desglose del coste empresarial que la empresa paga por él. Hay quien sostiene que esa opacidad es deliberada: diluir el coste total entre empresa y trabajador impide que este perciba la magnitud del expolio fiscal. El cálculo más optimista asume que ver el bruto íntegro en la cuenta despertaría conciencias; el escenario pesimista avisa de que la mayoría no tendría liquidez para afrontar la liquidación posterior.

La discusión derivó pronto hacia un problema práctico: si el Estado deja de retener en origen, ¿quién garantiza el cobro? Se apunta que muchos hogares carecen de saldo para cubrir una liquidación trimestral de miles de euros, y que el banco cobraría antes sus préstamos que Hacienda. La empresa actúa hoy como recaudadora por comodidad administrativa, no por vocación.

El coste empresarial que no aparece en el contrato​

Un contrato de 45.000 euros brutos anuales no cuesta eso a la empresa. Sobre esa cifra se suman cotizaciones patronales y otras cargas que elevan el desembolso real muy por encima de lo que figura en el papel. Ese diferencial es el que la patronal quiere que se visualice, y el que muchos trabajadores no tienen presente cuando negocian su salario.

La propuesta también se lee como un movimiento táctico. Hay quien interpreta que la patronal busca con ello justificar futuras moderaciones salariales bajo el argumento de que el coste total ya es insostenible. Otros ven una reivindicación legítima de transparencia fiscal. La coincidencia, en cualquier caso, es que el sistema actual oculta información relevante para el asalariado.

El IVA y la gasolina: el mismo truco​

El paralelismo con el IVA es inmediato. Los precios se exhiben con impuestos incluidos, de modo que el consumidor nunca separa cuánto paga por el producto y cuánto al Estado. Algo parecido ocurre con los carburantes: según un cálculo que circula en el debate, el litro de gasolina antes de impuestos se sitúa en torno a 0,50 euros, y la diferencia hasta el precio final es fundamentalmente fiscal. Si esa separación se hiciera visible en cada ticket, el malestar sería difícil de gestionar.

De ahí que varios análisis concluyan que la propuesta nunca se aplicará. No por complejidad técnica, sino porque el relato oficial necesita que el ciudadano crea que sus impuestos vuelven en forma de servicios. Ver el dinero salir de la cuenta cada mes rompería esa ficción.

Pensiones y cotizaciones: el fondo del asunto​

El debate derivó hacia las pensiones. Se argumenta que un seguro de vida paga la indemnización pactada incluso a los herederos, mientras que la pensión solo se cobra mientras el cotizante vive, salvo viudedad y orfandad. Quien cotizó veinte años y fallece antes de jubilarse no recupera lo aportado. La comparación con un fondo privado es inevitable, y explica la desconfianza hacia el sistema público.

La contraargumentación es que la pensión garantiza un cobro vitalicio, y que hay jubilados que cobran durante décadas. Ambas cosas son ciertas y no se anulan. La pregunta de fondo es si el trabajador debe gestionar su propio ahorro o delegar en el Estado, y ahí no hay consenso posible.

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Con estos mimbres, la propuesta de la patronal tiene más de gesto político que de reforma viable. Nadie con responsabilidad económica se atrevería a desmontar la retención en origen. Pero el hecho de que se plantee en voz alta ya dice algo del malestar fiscal que recorre el país. ¿Cuánto tardará alguien en convertirlo en programa electoral?