Quitar la Seguridad social a los reaccionariopobres

Renunciar a la Seguridad Social: el pulso entre cotizar o pagarse todo​

La propuesta suena a provocación de barra de bar: que quienes desprecian el sistema público renuncien a él, dejen de cotizar y se costeen médicos, hospitales y jubilación por su cuenta. Sobre esa idea se monta una discusión que ha derivado en algo más interesante que el insulto fácil: un pulso sobre quién paga qué y con dinero de quién. El punto de partida es una tesis incómoda: si los que más critican la sanidad pública la usan igual, quizá lo coherente sea dejarles salir del sistema y que el resto deje de sostenerles.

Qué propone exactamente la idea de salir del sistema​

El planteamiento inicial no pide cerrar hospitales: pide que quien rechace el modelo público lo abandone con todas las consecuencias. Traducido a números, quien se sale deja de aportar cotizaciones y deja de recibir cobertura; quien se queda, sostiene el sistema con lo que ahorra de los que se han ido. La idea se apoya en una intuición muy extendida: que hay gente que denosta lo público mientras lo usa, y que ese doble rasero es insostenible.

El problema aparece en cuanto se baja al detalle. Salir del sistema no es como darse de baja de un gimnasio. La sanidad pública no se financia solo con cotizaciones: hace unos treinta años que dejó de financiarse con las cuotas de la Seguridad Social y se sostiene con impuestos generales. Lo apunta un mensaje que desmonta el amaño contable: lo que aparece como aportación de la empresa sale del mismo sitio, del trabajo del empleado, y acaba en manos del Estado igual. Cambiar la etiqueta contable no cambia quién paga.

Cuánto paga realmente el trabajador y cuánto el empresario​

Ahí está el dato que descoloca a más de uno. La aportación del trabajador ronda una sexta parte del total de lo que se ingresa por su puesto, según el desglose que circula en la discusión. El resto se reparte entre empresa y Estado, pero todo nace del mismo trabajo. Es decir: la sensación de que el empleado paga poco y el empresario mucho es, en buena medida, un artefacto de cómo se apuntan las partidas.

De ahí sale el argumento más repetido por quienes defienden salir del sistema: si el dinero es mío, que se me devuelva y yo decido. La respuesta es siempre la misma: en cuanto ese dinero se devuelve, también desaparece el derecho a usarlo. Y ahí entra la jubilación. Varios mensajes avisan de que quien renuncie a cotizar se queda sin pensión y, con un salario bajo, sin capacidad de ahorro para compensarla. La residencia de ancianos se paga sola, ironizan, hasta que deja de ser ironía.

El modelo sueco, el cubano y el haitiano: los tres espantajos​

La discusión se enreda cuando se comparan países. Un bloque sostiene que los sistemas con más gasto social son los que mejor funcionan y cita los nórdicos. Otro responde que precisamente allí las pensiones se apoyan en buena parte en fondos privados, que el despido es más barato, que no hay salario mínimo como aquí y que los autónomos tributan por beneficios. La conclusión que extraen: querer los resultados suecos sin las reglas suecas no es un plan, es un deseo.

El intercambio se calienta con los ejemplos extremos. Se menciona que el gasto social cubano ronda el 80% de los presupuestos generales, y se contesta que en Haití apenas hay Estado y gasto social. Ninguno de los dos sirve como modelo, pero ambos sirven como arma arrojadiza. La discusión, en ese punto, deja de ser económica y pasa a ser de trinchera.

Quién entra y quién sale: el filtro de la cotización​

Una variante que gana peso es la de condicionar el acceso: quien no haya cotizado un mínimo de años, que no vea una bata blanca ni en urgencias. La propuesta tiene su lógica interna —si el sistema es un seguro, se cobra habiendo pagado— y su problema evidente: la sanidad pública no funciona como un seguro individual, sino como un servicio universal que se financia con impuestos. Aplicar el criterio del seguro a un servicio fiscal es mezclar dos cosas distintas.

El debate deriva entonces hacia el copago y los cheques sanitarios, que es donde el asunto se vuelve realmente operativo. Los sistemas de cheque y copago existen y funcionan en varios países, pero cambian por completo la relación del ciudadano con el servicio: se paga en el momento de usarlo, no a lo largo de la vida laboral. Quien defiende el modelo actual responde que eso convierte la salud en un bien de consumo y castiga a quien menos tiene.

El atasco: nadie sabe cuánto costaría salirse​

El punto donde la discusión se queda atascada es el más importante y el que nadie resuelve: cuánto habría que devolver a quien se sale, cómo se calcula y quién asume el agujero que deja. Devolver lo cotizado suena justo hasta que se intenta poner una cifra. ¿Se devuelve lo aportado, lo aportado con intereses, o el valor actuarial de la cobertura futura? Cada respuesta da un número distinto y ninguno está sobre la mesa.

Mientras eso no se aclare, la propuesta seguirá siendo un ejercicio de coherencia más que una política. Y la coherencia, en estos temas, es lo primero que se pierde cuando llega la factura.