Crisis: Choque sin precedentes en el Tribunal de Cuentas tras detectar que el Gobierno desvía fondos europeos al pago de pensiones

El Gobierno desvía fondos Next Generation a las pensiones: el Tribunal de Cuentas se parte en dos​

La Cuenta General del Estado de 2024 ha estado a punto de ser tumbada por un empate técnico en el Tribunal de Cuentas. El motivo: el Ejecutivo está utilizando fondos europeos no adjudicados para cubrir gastos corrientes, incluyendo el pago de pensiones. El órgano fiscalizador, dividido al 50%, ha aprobado el informe por un solo voto de la presidenta, pero las fuentes consultadas advierten de que Bruselas podría reaccionar con un "tirón de orejas" sin precedentes.

El agujero sin Presupuestos​

El informe revela que, ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado (tres años de prórroga), el Gobierno ha recurrido a la cuenta única del Tesoro para mezclar partidas. Los fondos Next Generation, destinados a transformación productiva y digitalización, se han utilizado para pagar pensiones y otros gastos estructurales. La magnitud del desvío es desconocida, pero el simple hecho de que el Tribunal de Cuentas haya estado a punto de no aprobar las cuentas es un síntoma de la gravedad.

Un sector del análisis sostiene que el problema no es solo contable, sino político: el dinero prometido a Bruselas para modernizar la economía se está quemando en gasto corriente, perpetuando un modelo insostenible. Otros argumentan que la maniobra es técnicamente posible dentro de la flexibilidad presupuestaria, pero que el patrón de falta de transparencia es alarmante.

Los fondos que no transforman nada​

La comparación con el Plan Marshall es inevitable. Los Next Generation, con una dotación cercana a los 100.000 millones de euros (similar al plan estadounidense ajustado por inflación), no han dejado infraestructuras faraónicas ni un cambio estructural visible. Mientras que el plan Marshall reconstruyó países en ruinas, aquí el dinero ha servido para mantener el aparato del Estado y, según las fuentes, sostener el sistema de pensiones y el empleo público.

Los datos del hilo apuntan a que, de los 100.000 millones, no hay una obra emblemática que justifique el gasto. El AVE Madrid-Barcelona costó 9.000 millones y el soterramiento de la M30, 6.000. Con la misma lógica, si el dinero se hubiera invertido, habría decenas de proyectos de gran escala. Pero no los hay. En su lugar, se ha esfumado en gastos corrientes y en un déficit público que sigue creciendo.

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La pregunta que queda en el aire es si la Unión Europea, que ha permitido hasta ahora la falta de Presupuestos y la opacidad, tomará medidas reales o se limitará a una amonestación formal. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ha quedado dividido, y el Gobierno, sin presupuestos, sigue navegando con una caja única que todo lo mezcla.

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