¿Dónde están las instituciones europeas para investigar y prevenir la mafia y la corrupción del gobierno del cliente? ¿Por qué siguen financiando al pu

El desvío de 2.389 millones de fondos europeos que la UE no investiga​

El Tribunal de Cuentas ha constatado que el Gobierno desvió al menos 2.389 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones, una partida que se justificó como 'sobrante'. La declaración fue aprobada con fuerte tensión interna y deja en evidencia la falta de control presupuestario. Mientras tanto, las instituciones europeas, que deberían fiscalizar el uso de sus fondos, permanecen en silencio.

La doctrina de la deuda odiosa y la complicidad europea​

En los análisis se ha rescatado la figura de la deuda odiosa, una doctrina del derecho internacional que sostiene que la deuda contraída contra los intereses de los ciudadanos no debe pagarse. El jurista Alexander Sack estableció en 1927 tres condiciones: ausencia de consentimiento, beneficio personal del régimen y conocimiento del prestamista. Aplicada al caso español, la duda es si los fondos desviados a pensiones —un gasto ineludible— pueden considerarse odiosos, o si la verdadera deuda odiosa es la que la UE sigue financiando a un gobierno que incumple sus condiciones.

El blindaje europeo a la inmigración y las mafias​

Más allá del desvío presupuestario, se denuncia que Europa financia políticas de regularización masiva de inmigrantes sin control de antecedentes, lo que favorece a las mafias de la inmigración mientras sus ciudadanos nacionales emigran. El éxodo silencioso de alemanes es un ejemplo citado. La UE, según esta corriente, no solo no investiga la corrupción sino que la alimenta con sus propias políticas.

¿ Por qué la UE no actúa contra la corrupción española?​

La respuesta oficial es que la gestión de los fondos es responsabilidad de los Estados miembros, y que Bruselas solo interviene cuando hay fraude acreditado. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ya ha certificado una irregularidad. La diferencia de trato con países como Hungría o Polonia, donde la UE ha activado mecanismos de condicionalidad, sugiere que el peso político de España blinda al Ejecutivo de Sánchez. La pregunta que queda sin respuesta no es si el Gobierno ha cometido una irregularidad; la cuestión es por qué Bruselas, que exige cumplimiento a otros, mira hacia otro lado cuando se trata de España.

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