Cientos de hombres denunciados FALSAMENTE en Israel por Violencia de Género. La peor VIOGEN del mundo, en el Estado judío.

Israel: seis meses en prisión preventiva por denuncias que no se sostienen​

Seis meses en prisión preventiva por una denuncia que nunca llegó a acreditarse. Sin sentencia firme, sin lesiones documentadas, sin pruebas materiales. Esa es la cifra que abre el asunto que se viene discutiendo a partir del análisis publicado por una bloguera israelí sobre cómo funciona en Israel el sistema de denuncias por violencia de género, y que en España interesa por lo que anticipa: un marco legal que, según quienes lo han sufrido, invierte la carga de la prueba.

El planteamiento llama la atención porque da la vuelta al relato oficial. Las evaluaciones psiquiátricas de cientos de hombres denunciados concluyen que no presentan perfiles agresivos, y a los tribunales esas evaluaciones les resultan indiferentes. La conclusión que se extrae es incómoda: el hombre tiene que demostrar que es inocente. La situación se describe, con esas mismas palabras, como acoso judicial ejercido a través de un sistema que premia la denuncia y no castiga el exceso.

Psiquiatras, policía y fiscalía: tres filtros que no filtran​

Los testimonios recogidos apuntan a una cadena de eslabones que fallan en serie. Un responsable policial deja marchar a un hombre acusado de maltrato, tras pagar fianza y a casa de un amigo, porque considera que no supone riesgo para la pareja. Se desata una tormenta política: colectivos feministas y medios exigen su cabeza y su superior le advierte de que reconsidere la decisión. Cuando el polígrafo da la razón al marido y pone de manifiesto que la mujer miente, ese mismo aparato guarda silencio.

El jefe de policía reconoce, según este relato, que es asumible que algunos hombres resulten perjudicados para proteger a las mujeres frente a la violencia. Es la frase que mejor explica el diseño: el daño colateral no es un error del sistema, es un coste aceptado. A eso se suma una instrucción de la fiscalía israelí que impide enjuiciar a una supuesta víctima de abuso sexual por prestar falso testimonio. Si la denuncia falsa no tiene consecuencia penal, la única defensa disponible es grabar la propia vida.

El taxista que se compró una cámara y evitó la cárcel​

El caso más citado es de otoño de 2015. Un conductor de taxi graba a una pasajera gritando que está siendo agredida sexualmente cuando no ocurre nada. La mujer lo hace en venganza porque el taxista no la dejó fumar. Llega la policía y lo detiene a él. El vídeo le salva de la cárcel y le compra años de tranquilidad: había instalado la cámara harto de las clientas que se negaban a pagar y lo amenazaban con acusarlo de violación.

Hay más. Una ex pareja intenta apuñalar a su ex novio en su lugar de trabajo y la policía pregunta al hombre qué ha hecho él para provocarla. Un abogado presenta una denuncia apoyada en grabaciones y mensajes de una acosadora; al día siguiente la mujer denuncia y es él quien pasa a disposición policial. Y hay quien sostiene que cada vez más hombres israelíes evitan contratar mujeres ante el temor a una acusación de acoso. El resultado, según este análisis, es una vida con testigo permanente y cámara encendida: la versión doméstica del principio de precaución.

Gestación subrogada prohibida y madres solteras subvencionadas​

El asunto tiene una pata que casi nadie mira y que explica mejor que nada el doble rasero. El Parlamento israelí mantiene prohibida la gestación subrogada, mientras el Estado ayuda activamente a las madres solteras. La técnica reproductiva se veta; la monoparentalidad femenina se financia con dinero público. No es una contradicción jurídica menor: es el mismo principio aplicado en dirección única.

A eso se añade el capítulo demográfico. Los datos que maneja este análisis dicen que hombres israelíes se casan cada vez más con mujeres extranjeras y que crece un movimiento de hombres que renuncian al mercado matrimonial y afectivo, con réplica israelí del fenómeno conocido como MGTOW. La tasa de suicidios, añaden, es cuatro veces mayor entre hombres que entre mujeres. Ninguna de esas cifras se acompaña de serie estadística oficial en el material disponible, así que conviene tratarlas como lo que son hasta que alguien las publique desglosadas.

¿Qué estándar de prueba se exige para dar por cierta una agresión?​

Aquí el asunto deja de ser local. En Estados Unidos, la administración Obama fijó para el ámbito educativo el criterio de preponderancia de la prueba, un listón bajo. La administración Trump lo elevó después a evidencia clara y convincente, el estándar habitual en procedimientos civiles donde la acusación es grave. Es el mismo debate: cuánta certeza hace falta para que una acusación destruya la vida de alguien.

La comparación no es ociosa. Cuando el listón es bajo, el coste del error recae entero sobre el acusado; cuando es alto, sobre quien denuncia. Elegir dónde se pone el listón es una decisión política, no técnica, y quien la presenta como obviedad está vendiendo una preferencia.

Chipre: doce absueltos y una pancarta de violadores​

En el caso chipriota, doce jóvenes son absueltos y la respuesta inmediata es una performance con la consigna de que el violador es el denunciado, señalando a los recién absueltos. Se espera que el Tribunal Supremo chipriota revierta la decisión y vuelva a condenarlos. La coincidencia de guion entre países distintos es lo que más incomoda a quien sigue estos asuntos de cerca.

Dónde se atasca todo​

Y aquí se para el análisis. La coalición de gobierno israelí, formada por partidos de centro derecha y de derecha, ha promovido este tipo de leyes. Si el marco se aprobó con esos mimbres, la pregunta deja de ser qué partido gobierna y pasa a ser por qué la respuesta política al problema es indistinguible en Israel, en Chipre y en España. Nadie en el material disponible ha sabido cerrar esa pregunta.