Cocaína, la plaga sin campaña oficial en España
¿Cuánta cocaína se consume en España y por qué no existe contra ella una campaña institucional comparable a las del tabaco o el alcohol? La pregunta ha vuelto al centro del debate público al calor del caso abierto en torno a Íñigo Errejón, que ha reabierto el escrutinio sobre hábitos privados que el personal público prefiere no airear. La tesis que reavivó la conversación es incómoda y sin matices: este sería un país donde no haber probado la cocaína es la excepción. Quien la sostiene calcula que los abstemios de por vida no pasan del
5% o el 10% de la población. Y añade que hace décadas que ningún gobierno lanza un anuncio contra esta sustancia. Conviene decirlo ya: esa cifra es una estimación a ojo, no un dato oficial de ninguna encuesta.
Alcohol y cocaína: dos drogas con dos varas de medir distintas
El primer choque de aguas llega al comparar la cocaína con el alcohol. Ambas son drogas —de las más destructivas que existen, se sostiene— y solo una está socialmente aceptada. Sobre el alcohol, el argumento que se repite es que no es solo social, es casi antropológico: hay viñedos y vino desde hace miles de años y, antes incluso de la agricultura, ya se maceraban y fermentaban frutos en el paleolítico para obtener alcohol. La cocaína, en cambio, es un polvo extraído de una hoja del altiplano sudamericano y, con frecuencia, mal cortado con otras sustancias. Comparado con eso, fumar tabaco o marihuana parece casi costumbre de instituto.
La otra pata del argumento es internacional: la relación española con el alcohol sería
muy sana frente a la de Centroeuropa, el Norte, Rusia o las islas británicas, donde la gente sale a emborracharse el fin de semana. De Italia y quizá Francia hacia acá, se dice, bebemos de otra manera. Frente a esa lectura pesa el patrón de barra que muchos reconocen sin esfuerzo: trabajo, bar, dormir la mona y vuelta a empezar. Y el recuento personal de adicciones, donde los casos de alcoholismo conocido se cuentan con los dedos y los de drogas duras, con las dos manos.
¿Por qué no hay campañas contra la cocaína en España?
Porque quienes deberían lanzarlas también se meten, sostiene la respuesta más repetida. La broma recurrente propone controles antidrogas en la puerta del Congreso y del Consejo de Ministros, con el cálculo —a ojo, sin ningún dato que lo respalde— de que en pocos días quedaría media Cámara fuera. A mayor gravedad, un participante del hilo lanzó una acusación que ninguna prueba respalda: que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría impulsado una operación de descrédito contra la unidad que combatía a los narcos de Marruecos y que, al no conseguirla, la envió sin medios a una muerte anunciada. Se trata de una afirmación no verificada, reproducida aquí como lo que es, una sospecha sin sustento.
Como muestra de la connivencia que se denuncia, se trae a colación un episodio aéreo: una avioneta que cruzó
1.200 kilómetros desde la frontera boliviana hasta Rosario, en Argentina, seguida por radar y sin que nadie detuviera ni al piloto ni a los ocupantes.
Si eso no es connivencia, que baje Dios y lo vea, sostiene quien lo cuenta.
¿Cuánto dura la cocaína y qué detecta un control antidrogas?
Un control antidrogas no mide lo que se ha consumido hoy, sino lo que se ha consumido en las últimas semanas. Los estimulantes, los opiáceos y los disociativos se detectan alrededor de
cuatro días. El THC, el principio activo del cannabis, se mantiene hasta
tres meses en consumidores habituales y
cuatro semanas en esporádicos, según el detalle que se aporta en el hilo.
A eso se suma el dato de siniestralidad que se maneja: el
35% de los accidentes de coche se relacionaría con el alcohol o las drogas, porcentaje que supera el 50% cuando los implicados son jóvenes. Y en la comparativa internacional, España aparece en el top tres mundial de consumo de cocaína, junto a Reino Unido y Países Bajos, siempre según las estimaciones que se citan.
Quién consume cocaína en España: un perfil que ya no es de barrio
El perfil se ha ensanchado hasta difuminarse. Ya no es el chico de barrio: se menciona a la cajera del supermercado, a la de recursos humanos, a la funcionaria, a la parada y a la licenciada en humanidades. Se describe el ritual de bodas y eventos, con medio gramo circulando entre amigas y la excusa de que la más suelta del grupo consigue la sustancia sin salir del baño. Un taxista que trabajó veranos en una ciudad turística lo cuenta sin aspavientos: raro era el día en que no le preguntaran dónde pillar.
Un médico privado atendía con consumo evidente. Y los oficios que en la adolescencia veían aquello como algo horrendo —abogado, médico, enfermera, arquitecto— aparecen hoy enganchados sin que se note en la calle. En el otro extremo, hay quien asegura no haber visto cocaína en su vida y solo detecta hachís en el ambiente. Las dos cosas pueden ser ciertas: el consumo no se reparte por barrios, se esconde. Roberto Saviano lo dejó escrito en
CeroCeroCero: la coca la consume la persona que se sienta a tu lado en el tren.
Legalizar, gravar o endurecer las penas
La corriente que se reclama de Escohotado sostiene que la droga preexiste, que no se puede prohibir la montaña —solo el alpinismo— y que la prohibición es el verdadero experimento histórico: apenas una décima parte del tiempo de uso conocido. Se recuerda que la heroína la comercializó Bayer, cuando era tintorería, como remedio para la tos. En el plano práctico se propone liberalizar la venta ordenada y destinar lo recaudado a combatir el consumo, con dos condiciones: pruebas y posibilidad de rescisión de contrato en empleos sensibles —el profesor de tus hijos, el cirujano que opera a tu padre— y para todos los cargos electos, con inhabilitación de al menos un lustro y desintoxicación obligatoria para los positivos.
Enfrente está la vía punitiva: penas altísimas al tráfico y castigos ejemplares cuando la cantidad acreditada es grande. Y sobrevolando todo, una advertencia que se repite en el hilo: lo que viene es el fentanilo.
El caso Errejón y el doble rasero de los referentes
El caso abierto en torno a Íñigo Errejón ha funcionado como test de hipocresía. Una parte del análisis sostiene que la izquierda y el feminismo convirtieron a determinados hombres en referencia moral y que el edificio se desmorona cuando se conocen sus hábitos y las informaciones publicadas sobre su vida privada. El reproche no va tanto al consumo como al doble rasero: tolerancia en el propio, factura con intereses en el ajeno. Otros leen justo lo contrario, que el escándalo se está usando para ajustar cuentas políticas con más ganas que rigor. Sobre el fondo, buena parte del hilo coincide en lo esencial: el elefante lleva décadas en la habitación.
Con estos mimbres, la campaña contra la cocaína llegará el día en que alguien explique por qué ha tardado tanto. O el día en que el control en la puerta del Congreso deje el hemiciclo medio vacío y haya que convocar elecciones para volver a llenarlo. Lo que no parece probable es que deje de meterse nadie.