¿Cómo es posible que pedro sánchez no haya dimitido?

Sánchez no dimite: los casos se acumulan, la aritmética no cambia​

Pedro Sánchez no va a dimitir. No, al menos, por acumulación de causas judiciales, leyes discutidas o choques institucionales. En el debate sobre su permanencia hay un argumento que repiten incluso quienes lo detestan: la dimisión de un presidente no la decide el desgaste, la decide la aritmética parlamentaria. Mientras los socios que lo invistieron no retiren su apoyo y el relato aguante, el sillón no se mueve.

La lista de frentes abiertos, eso sí, es interminable.

Los frentes que se acumulan: de Koldo a la ley de amnistía​

El inventario arranca en lo judicial y sigue por lo legislativo. Las causas vinculadas a Koldo y Ábalos, la que afecta a Begoña Gómez, el asunto del hermano, el Delcygate, Tito Berni, Aldama y los hidrocarburos, Pegasus, el caso Leire Díez, las dudas sobre la tesis doctoral y el expediente abierto en torno al fiscal general del Estado figuran en distintas fases de instrucción, sin que ninguna haya desembocado en una condena firme contra el presidente. Ese detalle se repite como un estribillo: ¿alguna sentencia?

En el bloque normativo aparecen la ley del solo sí es sí, la ley de amnistía, los indultos y la reforma del Código Penal, el Sáhara Occidental, la gestión del estado de alarma, el apagón del que nadie da explicaciones y la crisis diplomática con Israel. Cierra la enumeración la propuesta de que jueces y fiscales puedan acceder a la carrera sin oposición.

Por qué dimitir sería cambiar el escaño por el banquillo​

El argumento que más circula no es jurídico, es de cálculo. El presidente y los miembros del Ejecutivo están aforados: el artículo 102.1 de la Constitución reserva su enjuiciamiento a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y ese tribunal se renueva a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, cuyos veinte vocales eligen las Cortes. La consecuencia que se extrae es incómoda para quien espere una salida limpia: dejar el poder no sería un gesto, sería una entrega, y el que se entrega no negocia las condiciones.

De ahí la tesis, repetida hasta la saciedad, de que solo hay dos formas de desalojarlo: una moción que no llega o un exilio voluntario. Ninguna de las dos está sobre la mesa. Tiene una agenda que cumplir, resume el diagnóstico más compartido, y esa agenda no contempla el relevo antes de que se agote la legislatura. El cálculo, además, se refuerza con un precedente que se cita mucho: a otros cargos se les exigió la dimisión por un hurto de escasa cuantía ocurrido años atrás.

¿Por qué no lo tumba la oposición?​

El segundo pilar del diagnóstico no habla del Gobierno, habla de la alternativa. El PP no gobierna y, según el análisis más repetido, tampoco está en condiciones de hacerlo: necesitaría mayoría absoluta, su líder aparece descrito como un político sin colmillo que promete no hacer lo que hace el adversario, y el partido arrastra el sambenito de ser el PSOE azul. La crítica más dura no es ideológica, es de método: el poder se toma, no se hereda.

Ese vacío alimenta la sensación de que la alternancia es un decorado. Si el relevo depende de que unos pocos escaños cambien de manos y esos escaños no se mueven, la pregunta por la dimisión deja de ser una pregunta política y se convierte en una pregunta sobre quién manda de verdad. La respuesta que se da abajo es siempre la misma: no manda el votante.

¿Dictadura o democracia con vicios?​

Aquí la conversación se parte. Hay quien sostiene que el país camina hacia algo distinto de la democracia que se contó: un poder concentrado, sin contrapesos y con tolerancia escasa a la crítica. La respuesta más habitual recuerda la definición de manual: concentración de poder, ausencia de elecciones libres y justas, falta de libertades y poca tolerancia a la oposición. Y la comparación con Venezuela recorre el hilo como advertencia y como exageración.

También circula la hipótesis de que la Casa Real dirige la operación y mantiene al presidente hasta que haya relevo. Se lanza sin más prueba que la intuición, y conviene tratarla como lo que es: una sospecha.

Madrid 7.291, Cataluña 10.000: el duelo de cifras​

En medio de todo, la conversación se enredó en un cruce de datos sobre las residencias de mayores durante la pandemia: 7.291 fallecidos en Madrid y unos 10.000 en Cataluña, según las cifras que se manejan. La pregunta que quedó flotando resultó más incómoda que los números: si se exigen dimisiones por una comunidad, ¿por qué no por la otra?, ¿y cuándo se va a pedir perdón a las víctimas? Nadie contestó.

Con estos mimbres, la previsión más razonable es que la legislatura agote su recorrido: no hay socios dispuestos a romper y no hay alternativa que sume. Otra cosa es el coste. Cada expediente que se añada al inventario erosiona un poco más la confianza institucional y deja el sistema algo más deslegitimado, gobierne quien gobierne después.