Como le explicariais la expropiación de Rumasa (en 1983) a alguien con nociones basicas de economia?

Rumasa: expropiación de 1983, un pleito sin cerrar​

La expropiación de Rumasa en 1983 fue un robo. Y Rumasa era, a la vez, una estafa piramidal. Las dos cosas son verdad y ninguna de las dos se sostiene sola. Esa es la conclusión incómoda a la que llega cualquier intento serio de explicar el caso a alguien con nociones básicas de economía: aquí no hay buenos ni malos, hay un holding construido sobre cimientos de barro y un Gobierno que decidió demolerlo de madrugada, sin juicio previo y con nocturnidad.

El 23 de febrero de 1983, un Consejo de Ministros extraordinario expropió el grupo entero. Sin sentencia, sin auditoría global previa, sin plazo para que la empresa se defendiera. El argumento legal fue que el grupo no tenía respaldo patrimonial suficiente para cubrir depósitos y cuentas. El problema, como señala un análisis recurrente, es que prácticamente ningún banco español cumplía ese requisito entonces. Ni ahora.

Qué era Rumasa, en una frase​

Un holding pionero en la España de los años sesenta y setenta. Ruiz Mateos compraba toda empresa que se cruzara, emitía pagarés que colocaba entre inversores afines —buena parte del dinero negro que circulaba por el país— y usaba los recursos de unas sociedades para financiar las pérdidas de otras. Bodegas, hoteles, bancos, galerías comerciales. Cientos de empresas, muchas de ellas sociedades pantalla, en una legislación fiscal obsoleta que no sabía cómo clasificar aquello.

La descripción más repetida: una estafa piramidal donde bancos en quiebra financiaban negocios en quiebra. Los bancos del grupo captaban depósitos a tipos altos y prestaban ese dinero a las empresas ruinosas del propio entramado. Cuando el castillo de naipes empezó a temblar, el Estado no esperó al derrumbe.

¿Fue legal la expropiación de Rumasa?​

No, según la justicia. La familia recurrió y ganó. El Estado se negó a cumplir la sentencia durante décadas. Cuarenta años después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó recalcular el valor de las acciones atendiendo a un recurso de la viuda de Ruiz Mateos. La cifra que circula en el debate: más de 13.000 millones de euros de posible indemnización. Otros hablan de 16.000 millones. Nadie lo sabe con certeza porque la valoración sigue pendiente.

Mientras el pleito se eternizaba, las joyas del grupo se colocaron a precio de saldo. Galerías Preciados se vendió por 1.500 millones de pesetas y a los tres años se revendió por más de 30.000. Bodegas Paternina acabó adjudicada en despachos autonómicos. El expolio del expolio.

El argumento que nadie rebate​

Si Rumasa era una estafa, la expropiación era el instrumento correcto. Si la expropiación fue un robo, la estafa no la legitima. Los dos silogismos son válidos y se anulan mutuamente. Por eso el caso sigue abierto cuarenta años después: porque ninguna de las dos partes tiene las manos limpias y la justicia ha tardado cuatro décadas en decir algo tan simple como que había que valorar lo expropiado.

La predicción, con reservas: el Estado pagará. Tarde, mal y probablemente menos de lo que dictaría una valoración honesta hecha en 1983. Pero pagará. Lo que no resucitará son las empresas desmanteladas ni los empleos perdidos en el camino.