Condenado a más de un año de cárcel por una casa prefabricada con piscina en suelo no urbanizable en Dos Hermanas

Un año de cárcel por una casa prefabricada en Dos Hermanas​

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de un año y tres meses de prisión a un hombre que construyó una casa prefabricada con piscina y cerramientos en suelo no urbanizable de Dos Hermanas, protegido por el planeamiento urbanístico. El fallo, por un delito contra la ordenación del territorio, ha reabierto el eterno pulso entre el derecho a la propiedad y la maraña normativa que decide qué se puede hacer en cada metro de suelo. Para algunos participantes, la sentencia no es un caso aislado, sino la punta de un sistema que, según sus críticos, convierte cualquier caseta de aperos en un riesgo penal.

Qué castiga exactamente el delito urbanístico​

La condena se apoya en la construcción de una vivienda en terrenos calificados como no urbanizables de carácter natural o rural protegidos. No se trata de una simple multa: la pena de prisión es firme y, según sostiene un usuario, va acompañada en la práctica de la obligación de demoler lo edificado y restaurar el terreno. En el imaginario popular, un año y tres meses por una casa prefabricada suena desproporcionado. En el plano legal, encaja en el tipo penal que persigue la alteración del uso del suelo sin licencia ni autorización.

El debate sobre la proporcionalidad no es nuevo. Hay quien defiende que la norma protege el territorio frente a la ocupación salvaje; otros sostienen que se usa como ariete contra el pequeño propietario mientras las grandes operaciones inmobiliarias siguen su curso. La piscina, en este caso, actúa como agravante simbólica para algunos: no es una herramienta de trabajo, es un símbolo de disfrute que, a su juicio, la administración no perdona.

La trampa de la multa y el derribo​

Más allá de la cárcel, el condenado se enfrenta, según un cálculo que circula entre los participantes, a un escenario económico devastador. La legislación andaluza vigente en materia de suelo —conocida como LISTA— contempla, según un usuario, multas de entre el 25% y el 50% del coste estimado de la construcción, además del derribo y la restauración del terreno a su estado original. Si la casa se tasara en 150.000 euros, la sanción podría alcanzar los 75.000 euros, según ese mismo cálculo. Una cifra que, sumada a los costes de demolición, convertiría la aventura en una ruina financiera.

La comparación con otros casos es inevitable. Hay quien sostiene que en la Cañada Real, donde se han levantado viviendas con mayordomo incluido, la administración optó por indemnizar a los ocupantes para que se marcharan. La diferencia de trato —indemnización para unos, cárcel y multa para otros— alimenta, según estos participantes, la sensación de arbitrariedad. No es un detalle menor: la percepción de que la ley se aplica con distinta vara según quién esté enfrente corroe, a su juicio, la confianza en el sistema.

El negocio del suelo y el precio de la vivienda​

La restricción de suelo no urbanizable tiene un efecto colateral que algunos participantes discuten: mantiene artificialmente alta la escasez de suelo y, con ella, el precio de la vivienda. Si cualquier propietario pudiera construir en su parcela, el mercado se ampliaría y los precios caerían. Esa es la tesis que defienden algunos usuarios, para quienes la normativa urbanística no solo protege el paisaje, sino también los intereses de los grandes tenedores de suelo y de las administraciones que viven de la recalificación.

Frente a esta lectura, otros participantes insisten en que sin ordenación territorial el resultado sería el caos: favelas, falta de alcantarillado y servicios, impacto paisajístico irreversible. El argumento tiene peso para ellos, pero choca con la realidad de que, según sostienen, muchas de esas parcelas no urbanizables son descampados sin valor ecológico, y que los promotores privados, no el ayuntamiento, son quienes costean las calles y las infraestructuras en los desarrollos urbanos.

La piscina como chivo expiatorio​

En el caso de Dos Hermanas, hay quien apunta que la piscina pudo ser el detonante de la denuncia. Sin ella, quizá la casa prefabricada habría pasado desapercibida. La anécdota ilustra, según estos participantes, hasta qué punto el sistema se activa más por la visibilidad del lujo que por el daño real al territorio. Una casa móvil con ruedas, como algunos señalan, no se considera edificación permanente; la piscina, en cambio, es una obra fija que evidencia una vivienda.

La sentencia, en cualquier caso, deja un reguero de preguntas sin respuesta. ¿Se derribará finalmente? ¿Pagará la multa? ¿Servirá de escarmiento o de ejemplo de lo que no debe hacerse? Lo único claro es que el condenado ha descubierto, a golpe de Código Penal, que en España el suelo no es tan privado como parece.

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La línea que separa la propiedad privada del delito urbanístico es más fina de lo que la mayoría cree. Con los tribunales apretando y las multas subiendo, es probable que casos como este se multipliquen. O no. Depende de si alguien decide, de una vez, simplificar la norma o de si seguimos dejando que la piscina de un particular sea el chivo expiatorio de un sistema que no termina de funcionar.