Yolanda Díaz quiere dar la estocada final a Muface y propone disolverlo en su programa

Muface: 800 millones más caro si Sumar disuelve el modelo​

Disolver Muface y devolver a los mutualistas a la sanidad pública costaría 800 millones de euros más al año. Lo dice el cálculo del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS): la factura pasaría de 2.230 a 3.030 millones. Y es, exactamente, lo que propone Sumar. La paradoja es de manual: el partido que más insiste en la sostenibilidad de lo público firma una medida que, según esa cuenta, encarece el sistema.

No es un brindis al sol. Yolanda Díaz ha comprado la tesis que Más País y Podemos llevan años defendiendo: disolver Muface (funcionarios), Isfas (fuerzas armadas) y Mugeju (cuerpo judicial) y devolver a todos los mutualistas a la Seguridad Social, ese colectivo que supera los dos millones de personas contando titulares y beneficiarios.

Qué propone Sumar con Muface, Isfas y Mugeju​

El programa es literal: «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público». La letra pequeña añade otro detalle: se eliminará la posibilidad de que las entidades locales contraten aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos.

Traducido a cabezas: 1.081.052 funcionarios eligen hoy la sanidad privada a través de Muface —Adeslas, Asisa o DKV— frente a 405.880 que optan por la pública. El 73% de los mutualistas perdería su opción preferente. La defensa del texto es que los empleados públicos acceden a la misma cartera de servicios que cualquier ciudadano de la seguridad social, solo que por una vía distinta.

El cálculo que da la vuelta al argumento de la sostenibilidad​

Aquí aparece el dato incómodo. Según el IDIS, el modelo Muface sale 800 millones más barato que la alternativa pública. Con la integración, el gasto no baja: sube. Y el golpe se notaría en las listas de espera. El Ministerio de Sanidad calcula 122 días de media para una operación quirúrgica y 95 días para ver a un especialista. Sumar dos millones de pacientes a la pública añadiría, según ese mismo instituto, 30 días más: cinco meses para operar y cuatro para una consulta.

CCOO no compra la enmienda a la totalidad. Su respuesta es que van a «seguir defendiendo el sistema de mutualidades sanitarias, como puede ser Muface, Mugeju o Isfas, pero para ello, se debe de obtener una mejor financiación por parte del Gobierno, para ofrecer unos servicios de calidad». Es decir, el problema no sería el modelo, sino la caja. Y esa caja es precisamente lo que nadie ha resuelto en la última década.

DKV amenaza con salir si la financiación no sube un 40%​

La mutualidad está, en palabras del sector, en «grave riesgo». Las aseguradoras privadas que sostienen el concierto —Adeslas, Asisa y DKV— acumulan pérdidas millonarias. DKV amenaza con salir si la financiación no sube al menos un 40%, y el sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, avisa de la reacción en cadena: «Su salida arrastraría a todas las demás mutuas». Con el concierto vigente agotado en su periodo de aplicación, la renovación se ha convertido en un pulso entre aseguradoras, sindicatos y Hacienda.

La paradoja vuelve a aparecer: si el modelo se cae por falta de dinero, la salida no sería una disolución ordenada, sino una absorción de urgencia de todos esos mutualistas por la sanidad pública. Sin paulatina, sin escalonada y, probablemente, sin programada.

La propuesta de disolver Muface nació en Más País en 2019​

El primer partido en ponerlo por escrito fue Más País, que en 2019 proponía la misma medida. Hasta el punto de que el redactado actual se parece bastante a una copia. Unidas Podemos no la incluyó en su programa, pero en 2021 registró una proposición no de ley más tímida: que las nuevas incorporaciones se incluyeran ya en el régimen general. La PNL fue rechazada.

¿Y el PSOE? Posición fluctuante. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido públicamente el modelo. Pero en 2015 la Fundación Alternativas, laboratorio de ideas socialista, proponía suprimir Muface e integrar sus fondos en la financiación sanitaria nacional. El exministro Salvador Illa también cree que hay que darle una vuelta, y el PSC llevó la revisión del modelo en su programa catalán, un objetivo que quedó aparcado al no alcanzar mayoría para gobernar.

¿Qué cambia realmente para un funcionario mutualista?​

Conviene precisar el engranaje, porque la confusión es extensa. Muface, Mugeju e Isfas no gestionan pensiones: gestionan prestaciones, entre ellas la asistencia sanitaria y la incapacidad temporal. Las pensiones son cosa de clases pasivas, y ahí sí hubo un cambio de calado: desde el 1 de enero de 2011, los funcionarios de nuevo ingreso cotizan al Régimen General en lugar de a clases pasivas, un régimen que queda a extinguir.

Tampoco hay derivación automática de pacientes a la pública. El cambio se produce cuando el propio mutualista lo solicita por razones médico-hospitalarias y lo aprueba una comisión paritaria Muface-Seguridad Social. En bajas por incapacidad temporal, la Seguridad Social resulta más ventajosa —75% de la base reguladora, con mejoras que pueden llegar al 100%—, un incentivo con el que el mutualismo evita las bajas largas.

El precedente de las mutualidades y el coste electoral​

Ya ha pasado antes. MUNPAL, el sistema de previsión de los funcionarios locales, se integró en el Régimen General a partir de 1993, con la Seguridad Social subrogándose en derechos y obligaciones. Y en el mutualismo profesional el problema es el inverso: unos 5.000 abogados agrupados en el Movimiento J2 reclaman una pasarela al RETA para escapar de pensiones de 300 o 400 euros.

En el lado del cálculo político, hay quien recuerda que los mutualistas lo tendrán en cuenta al votar y que el empleo de las aseguradoras y los hospitales concertados que los atienden viaja en el mismo lote. También circula una pregunta incómoda: por qué los diputados mantienen un seguro privado pagado con fondos públicos al ser nombrados, con cobertura para ellos y sus familias.

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Con 800 millones de diferencia, un mes extra de espera y una aseguradora dispuesta a irse, la pregunta no es si el modelo aguanta, sino quién pone el dinero. ¿Y si el problema nunca fue Muface, sino los 800 millones que nadie quiere poner encima de la mesa?