Ceuta y Melilla: ciudad autónoma no es comunidad autónoma
Cada crisis fronteriza devuelve Ceuta y Melilla al primer plano y, con ellas, la misma pregunta: ¿son territorios iguales al resto de España? La respuesta corta es que no del todo, y no por el motivo que suele escucharse en voz alta. Ninguna de las dos es una comunidad autónoma; son ciudades autónomas, una figura que existe desde 1995 y que les da estatuto propio con menos competencias que cualquier comunidad. Sus habitantes votan en las generales, eligen un diputado y dos senadores por ciudad y tienen la misma ciudadanía. Lo que se recorta no es el derecho, es la capacidad de autogobierno.
Ciudad autónoma y comunidad autónoma: qué cambia en la práctica
La diferencia no es cosmética. Una ciudad autónoma tiene asamblea y presidente, pero su techo competencial queda por debajo del de una comunidad: menos margen para legislar y para desarrollar políticas propias. De ahí sale el argumento más incómodo del asunto, el de que ceutíes y melillenses serían, en lo administrativo, españoles de segunda. Ser ciudad autónoma en vez de comunidad supone menos competencias, no menos ciudadanía.
La puerta para igualarse existe y lleva cerrada desde 1978. La Constitución permite en su Disposición Transitoria Quinta que ambas ciudades se conviertan en comunidad autónoma si así lo deciden mediante un proceso especial. Nunca se ha ejecutado. De ese detalle se extrae una conclusión sencilla: la diferencia competencial actual responde a una decisión política sostenida en el tiempo, no a una imposibilidad legal.
¿Son Ceuta y Melilla colonias? Lo que responde la lista de la ONU
El argumento descolonizador choca con un dato comprobable. La lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización que mantiene Naciones Unidas tiene 17 entradas: ahí están Gibraltar y el Sáhara Occidental, no Ceuta ni Melilla. Una colonia, en sentido estricto, se gobierna desde fuera y su población no tiene los mismos derechos que la de la metrópoli. Aquí ocurre lo contrario en el plano electoral y en el del estatuto, vigente desde 1995.
El flanco histórico tampoco queda limpio para ninguna de las dos partes. Melilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1497; Ceuta era portuguesa antes de pasar a la Monarquía Hispánica, y lo que hoy llamamos Marruecos no existía como Estado. Quien defiende la españolidad se agarra a eso. Quien la cuestiona responde que la soberanía real poco tiene que ver con la moral o con la historia, y que si el criterio fuera la fuerza, media Europa tendría que devolver territorios. El intercambio acaba donde suelen acabar estos intercambios: llamando imperialismo a lo que el otro llama realidad.
Geografía africana, soberanía europea: el doble rasero
Las dos ciudades están en África. También Canarias, y nadie discute su españolidad por ello. La pregunta interesante es otra: si el argumento geográfico sirviera para algo, ¿por qué los territorios franceses de ultramar no reciben todos el mismo trato? Hay quien lo plantea directamente con Mayotte, integrada en el marco comunitario, frente a Nueva Caledonia, que no lo está. La respuesta habitual es que el estatus depende de decisiones políticas y jurídicas, no de la latitud.
En el margen más anecdótico del asunto circuló estos días la broma de que Ceuta había desaparecido del mapa del tiempo. Se toma a chanza, pero resume la incomodidad de fondo: un territorio que se defiende como español y europeo mientras se le aplica una excepción administrativa permanente.
Inmigración y uso político de la frontera
Buena parte del enfrentamiento no va de estatutos, sino de fronteras. Hay quien sostiene que la entrada irregular de miles de personas en una sola jornada no es una infracción menor, sino una vulneración en bloque de la legislación nacional, del Código de Fronteras Schengen y de los tratados bilaterales. En el otro extremo se argumenta que el problema no es la legalidad de la entrada, sino el propio fenómeno migratorio, ligado a desigualdades que nadie quiere abordar. Entre medias circula una cifra atribuida al conjunto del país: que uno de cada cinco residentes ya sería extranjero. Con ese dato en la mano, algunos concluyen que la frontera de Ceuta es una anécdota comparada con el total.
Y luego está el uso político. Sostener que a la mayoría de la opinión pública Ceuta le importa poco no es una boutade: casi describe el ciclo informativo. Aparece en portada cuando hay crisis, desaparece del mapa —del del tiempo incluido— cuando no la hay. Quien defiende la españolidad y quien pide descolonizar comparten ese patrón.
El análisis se atasca justo ahí. El criterio jurídico da una respuesta, el geográfico da otra y el político, ninguna estable: los tres conviven sin reconciliarse, y cada crisis vuelve a empezar por la primera pregunta.