Cortocircuito en matrix en los vestuarios de mujeres

El alcalde de Arganda pide a Igualdad el protocolo de los vestuarios​

Un alcalde no sabe qué hacer cuando un hombre que se percibe como mujer entra en el vestuario femenino de la piscina municipal. El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha escrito a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para pedirle «el procedimiento a seguir» ante «posibles futuras ocasiones».

El caso, difundido por El Mundo, ha reabierto el choque entre la ley trans y la gestión diaria de un polideportivo. Nadie discute ya el derecho a la identidad. Lo que se discute es quién firma el protocolo cuando dos derechos chocan en una puerta con cortina.

Qué pide exactamente el alcalde de Arganda​

La carta municipal no cuestiona la ley. Pide instrucciones. Es un movimiento administrativo clásico: cuando el marco legal no aclara la operativa, el gestor local traslada la patata caliente al ministerio. El texto habla de «la citada situación y posibles futuras ocasiones en que se produzcan hechos similares», según el escrito recogido por el diario.

Hay quien lee en esa consulta una maniobra política del PP para forzar a Igualdad a mojarse. Otros ven simple prudencia funcionarial. En cualquier caso, el alcalde no pregunta a Bruselas ni a la Conferencia Sectorial: pregunta a la ministra. Y la ministra, a la fecha de esta discusión, no había publicado respuesta.

El argumento que recorre los vestuarios: «es lo que se votó»​

La reacción más repetida en la conversación pública es una mezcla de ironía y ajuste de cuentas. «A disfrutar lo votado», resume una corriente que sostiene que quienes defendieron la ley trans sin matices deben ahora asumir las consecuencias prácticas. La idea de fondo: la norma se aprobó con un relato de derechos y se está gestionando con un problema de convivencia.

Frente a eso, otra corriente recuerda que la autodeterminación de género no convierte automáticamente cada vestuario en un conflicto. Se argumenta que los casos son puntuales, que la mayoría de usuarios trans buscan precisamente pasar desapercibidos y que convertir la excepción en norma es el verdadero cortocircuito. La discusión, en ese punto, deja de ser jurídica y se vuelve cultural.

Las soluciones que ya se aplican sin esperar al ministerio​

Mientras Igualdad medita, algunos ayuntamientos han improvisado salidas. La más citada es la de horarios separados: unas horas para unos usuarios y otras para otros, de modo que los colectivos no coincidan en el vestuario. Es una solución barata, imperfecta y muy poco glamurosa, pero funciona donde se ha probado.

Otra vía que aparece en la conversación es la de los vestuarios individuales o familiares, habituales ya en muchas piscinas. El problema es de coste: reformar instalaciones antiguas para crear cabinas neutras exige inversión que ningún ministerio ha prometido.

El choque de fondo: dos derechos en la misma puerta​

El asunto trasciende el vestuario. Lo que se dirime es cómo conviven el derecho a la identidad de género y el derecho a la intimidad de las mujeres en espacios segregados por sexo. La ley trans resolvió el primero y dejó el segundo en tierra de nadie. Los ayuntamientos, que son quienes tienen la llave de la piscina, se han quedado con el marrón.

Hay quien sostiene que la solución es más ley: un protocolo estatal que unifique criterios. En contra pesa el argumento de que ningún protocolo contentará a las dos partes, porque el conflicto no es operativo sino de principios. Y los principios no se resuelven con una circular.

Lo que nadie firma​

La carta de Arganda seguirá sin respuesta o la tendrá tan ambigua que no servirá para nada. Es lo que pasa cuando se legisla por relato y se gestiona por mostrador. El alcalde quería un procedimiento. Lo que hay es un vacío que cada consistorio tapa como puede, con horarios, con carteles o con silencio.

Mientras tanto, la escena se repite cada mañana en alguna piscina municipal de España. Y nadie, ni ministra ni alcalde, ha firmado todavía el papel que dice qué hacer.