+PRV Jésica obtenía un mínimo de 6.000 euros al mes por su «relación particular» con ábalos foto de la jesi dentro

Ábalos: 2.700€ de alquiler y hasta 8.700€ al mes para Jésica​

La relación entre José Luis Ábalos y Jésica Rodríguez García no fue una historia de amor. Fue, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez, una relación particular con contabilidad. El exministro de Transportes no tenía pareja ni, según los investigadores, amante: tenía a una persona que le acompañaba a actos oficiales y a la que se le abonaban cantidades por ello. El piso donde residió entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, en el edificio Torre de Madrid de Plaza de España, se pagó con 32 mensualidades de 2.700 euros, 88.000 euros en total, y el dinero salió del entramado que la UCO sitúa con Ábalos en la cúspide, con Víctor de Aldama como cabecilla y un testaferro suyo firmando los recibos.

¿Cuánto costaba acompañar al número tres del PSOE?​

Los primeros siete meses de vínculo se facturaron a razón de 1.500 euros al día. La joven reclamó 39.300 euros por acompañar al entonces ministro de Transportes y número tres del PSOE a 33 viajes oficiales y actos de partido, según los correos publicados por THE OBJECTIVE. El desglose mensual se lee como una hoja de servicios: 4.500 euros en noviembre de 2018 —el primer mes con billetes de tren y bonos de hotel a su nombre para un viaje a Gerona y Barcelona—, 3.000 en diciembre, 8.500 en enero, 8.700 en febrero, 4.500 en marzo, 2.400 en abril, 3.400 en mayo, 2.300 en junio y 2.000 en julio.

Ahí está la primera anomalía del relato: las cuantías no suben, bajan. Y por debajo de todo asoma una tercera fuente de ingresos que no dependía de ningún ministro.

El piso, la nómina de Ineco y el contrato en Tragsatec​

A los pagos por los viajes se suma un sueldo de empresa pública. Jésica fue contratada en la ingeniería estatal Ineco desde el 1 de marzo de 2019 —el mismo mes en que se mudó al piso de Plaza de España con los gastos cubiertos— hasta el 28 de febrero de 2021, según confirmó el Gobierno a este respecto a través del Portal de Transparencia. Una nómina recogida en el informe de la Guardia Civil le atribuye 1.635 euros mensuales.

El documento de la UCO confirma además la dispensa laboral que Joseba García, hermano de Koldo, firmó como experto de seguridad quince días después de la entrada de Jésica en Ineco, para que pudiera ausentarse de su puesto de auxiliar administrativo y acompañar a Ábalos a Estrasburgo y a un acto de partido en Baleares. El 2 de marzo de 2021, agotado el contrato anterior, firmó otro en Tragsatec, empresa pública dependiente de la SEPI y por tanto del Ministerio de Hacienda.

El pacto de «exclusividad» y la rebaja que molestó​

Los correos de julio de 2019 dejan ver una relación con reglas escritas. Jésica reprochaba a Ábalos haber incumplido el trato: cobraría «lo mismo o más» que el ministro, y el vínculo se sostenía sobre un pacto de «exclusividad» que implicaba, en sus propios términos, un coste de oportunidad respecto a otro tipo de relaciones. Los primeros mensajes iban bajo el asunto «disgeusias», la palabra que en jerga odontológica describe la sensación de malestar.

El reproche concreto era económico: «Si ves las cantidades que me dabas antes a las que me das ahora me da la risa…», escribía. Y remachaba: «el mes pasado me diste 1.200 euros». La liquidación de servicios que ella misma aportó contemplaba cantidades mensuales de entre 2.000 y 8.000 euros. El relato del que se queja no es el de una subida: es el de una tarifa que se desinfla.

La factura que acaba pagando el contribuyente​

Cruzando la lista de pagos con la agenda ministerial y las facturas incautadas en la investigación del caso Koldo, el resultado apunta a un coste total de entre 6.000 y 12.000 euros al mes durante buena parte del periodo. Los desplazamientos no se interrumpieron cuando se acabaron los correos: hay un viaje a Rusia en agosto de 2019 y otro a Abu Dabi en octubre, este último documentado en el cruce de mensajes entre el asesor Koldo García Izaguirre y las secretarias del Ministerio de Transportes, que le remitieron la factura del billete de avión.

En la mayoría de las facturas figuraba Koldo como forma de pago y se tramitaron a través de la cuenta 1412 gabinete, del gabinete del Ministerio de Fomento, en la agencia habitual, Viajes El Corte Inglés. La relación se prolongó al menos un año más de lo que reflejan los correos, hasta noviembre de 2020. El cálculo detallado, mes a mes y factura a factura, es lo que convierte un affaire privado en una partida de gasto.

La reacción política y el silencio sobre las cifras​

El escándalo ha dejado ya frases de manual. Yolanda Díaz, en un contexto en el que la posible imputación de Ábalos planeaba sobre la información publicada, declaró que puede imaginarse cómo se siente «pensando que mientras nos jugábamos la vida en pandemia había gente que estaba robando», y calificó los hechos de «lacra para las democracias». La frase tiene su punto: coincide con la legislatura de las mascarillas, los cierres perimetrales y las limitaciones de movilidad.

Ninguna de las cifras recogidas aquí está fijada en una sentencia. Proceden de un informe policial remitido a un juez y de publicaciones periodísticas que han ido desgranando las cantidades.

Lo previsible es que el asunto acabe dirimiéndose en dos frentes separados: el judicial, que decidirá si hubo delito en el uso de fondos y estructuras públicas, y el político, que rara vez se resuelve con números sobre la mesa. Si el criterio de la UCO se sostiene ante el instructor, la factura pública del episodio se medirá en decenas de miles de euros, dos contratos en empresas del Estado y varios viajes cargados a una cuenta de gabinete ministerial.