Cosas de borbones

El Monte del Pardo: 16.000 hectáreas que Madrid no puede pisar​

¿Cuánto territorio de una capital europea puede estar cerrado a sus propios vecinos? En Madrid, la respuesta ronda el 26% del suelo municipal, según el cálculo que plantea el debate. El Monte del Pardo, la mayor zona verde de la ciudad, ocupa casi 16.000 hectáreas —160 kilómetros cuadrados— y solo es accesible en un 5% de su extensión. Una valla de 66 kilómetros lo separa del resto de los mortales. La paradoja: es propiedad pública, gestionada por Patrimonio Nacional, y su uso principal es el recreo cinegético de la familia real. La comparación con la Ciudad Prohibida china no es una hipérbole de tertulia: es una resta de hectáreas.

El dato que descoloca: 16.000 hectáreas frente a 72​

El palacio imperial de los Ming ocupa 72 hectáreas. El coto madrileño multiplica por más de doscientas esa superficie. Durante siglos, la Ciudad Prohibida fue el símbolo del poder vedado al pueblo. Hoy es un museo con millones de visitantes anuales. El Monte del Pardo, en pleno siglo XXI, sigue cerrado con una valla perimetral que ningún otro país del entorno replica, según el análisis que se hace en el debate. No hay equivalente en ninguna capital europea: ni Londres, ni París, ni Berlín reservan una cuarta parte de su término municipal al uso exclusivo de una familia.

La historia de estos privilegios no es nueva. El Retiro fue jardín privado de los Borbones hasta bien entrado el siglo XIX. La Casa de Campo perteneció a la Corona hasta la II República. El Pardo es el último eslabón de esa cadena, y el más grande. Cosas de borbones, resume el imaginario popular.

¿Está bien conservado o es un ecosistema desequilibrado?​

El argumento conservacionista aparece pronto: sin bicicletas, sin motoristas, sin senderistas, el bosque mantiene mejor su fauna. Es la tesis que defiende una parte del análisis. Los bichos necesitan tranquilidad. El problema es que la tranquilidad no garantiza el equilibrio ecológico.

Hay quien sostiene lo contrario con datos: la sobrepoblación de gamos y ciervos está arrasando la regeneración de encinas y alcornoques. La caza no se gestiona adecuadamente, hay árboles enfermos y secos, y las especies acompañantes desaparecen. A este paso, en unas décadas solo quedarán jaras. El coto no es un santuario: es un vedado de caza con fauna descontrolada. Si se declara Parque Nacional, como pretenden algunos, el acceso seguiría siendo restringido, pero al menos la gestión dejaría de depender del capricho cinegético.

La propiedad, el secreto y el subterráneo​

El Monte del Pardo pertenece a Patrimonio Nacional, un organismo público. No es propiedad privada de los reyes. Es suelo del Estado cuyo uso principal se reserva a la Corona. Esa distinción jurídica es la que permite que el debate nunca muera del todo: no se puede expropiar lo que ya es público, pero sí se puede cambiar su destino.

En el terreno especulativo, la conversación deriva hacia lo que puede esconderse bajo tierra. Se menciona la posibilidad de instalaciones subterráneas, túneles, un hipódromo adyacente al CNI. Son conjeturas sin verificación, pero ilustran hasta qué punto el hermetismo del recinto alimenta todo tipo de teorías. La discreción con que se han tramitado históricamente infraestructuras en la zona —enlaces ferroviarios, variantes de la M-50— no ayuda a despejar dudas.

El privilegio que no genera debate público​

La pregunta más incómoda no es si el Monte debe protegerse. Es por qué este asunto no ha generado un debate público sostenido en España. La mayoría de los madrileños no sabe que la mayor zona verde de su ciudad es de acceso restringido, según se afirma en el debate. No aparece en los telediarios, no es tema de campaña, no moviliza a nadie. La explicación más cínica es que el privilegio se ha naturalizado: siempre ha estado ahí, como el Retiro antes de la República o la Casa de Campo antes de 1931.

El coste de mantener ese privilegio lo pagan los contribuyentes: Patrimonio Nacional, Guardia Civil, Policía Nacional y la propia guardia real custodian el perímetro. Todo con dinero público. El beneficio lo disfruta una familia y sus invitados. La ecuación no cuadra en ningún manual de gestión pública, pero lleva décadas sin corregirse.

Lo que se pierde si no se abre​

El material de discusión incluye mapas, accesos ferroviarios, planes urbanísticos descartados con discreción y comparaciones con otros parques nacionales como Doñana o el Hayedo de Montejo, donde el acceso se limita con entradas y guías. La conclusión que emerge no es blanco o negro: se puede proteger un entorno sin reservarlo a una familia. La pregunta es si alguien tiene interés en plantearlo.

Mientras tanto, la valla sigue ahí. 66 kilómetros de alambre separan a Madrid de su bosque. Libertá, ironizaba otro mensaje. Y no le faltaba razón.