Montero plantea restaurar el impuesto de sucesiones a escala nacional

Montero reactiva el impuesto de sucesiones con vocación nacional​

Restaurar el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España, con un tipo mínimo del 15% que correría en paralelo al de patrimonio. Ese es el planteamiento que se atribuye a Montero y que ha reabierto una guerra fiscal que parecía congelada. No hay todavía texto articulado: lo que se pone sobre la mesa es un suelo común que impediría a las comunidades bonificar el tributo hasta dejarlo casi a cero. De fondo, una recomendación de la OCDE que ya en 2021 pedía recortar exenciones y desgravaciones fiscales por considerarlas poco justificadas y «regresivas». Y con eso, la pregunta de siempre: ¿dónde acaba el derecho a heredar y empieza el derecho del Estado a cobrar?

Qué se plantea y a quién aprieta de verdad​

El núcleo es un suelo del 15% aplicable a sucesiones y donaciones, pero también al impuesto de patrimonio. Traducido a un caso tipo: un inmueble tasado en 200.000 euros deja una factura de 30.000 euros en metálico que hay que pagar para quedarse con la casa. El cálculo que manejan los más críticos es que ese tipo, sostenido en el tiempo, vacía el patrimonio familiar en un puñado de años. De ahí el diagnóstico que resume la indignación: el impuesto obliga a malvender un piso que quizá no se quería vender, solo heredar. Y una advertencia más: hay quien sostiene que en siete años de aplicación sostenida te dejan sin patrimonio.

Hay una segunda vuelta del argumento, más técnica. El de sucesiones no grava renta nueva, sino una transmisión de bienes que ya tributaron cuando se generaron. Para sus detractores es una doble imposición encubierta; para sus defensores, imprescindible para que el patrimonio no se concentre de generación en generación sin pasar nunca por caja. El desacuerdo, en el fondo, es sobre qué se considera riqueza legítima y qué se considera renta ajena sobre la que el Estado tiene derecho a mojar.

¿Por qué los países nórdicos eliminaron este impuesto?​

El precedente más citado no viene de un laboratorio liberal, sino de las socialdemocracias del norte de Europa. Suecia suprimió el impuesto de sucesiones tras concluir que era inmoral e injusto por su carácter de doble imposición, y que desincentivaba la creación de riqueza y de empleo. Añadían un detalle que suena conocido: las grandes fortunas lograban eludirlo legalmente con una simple mudanza al extranjero. Quien sostiene esta tesis pregunta por qué se invoca a esos modelos nórdicos cuando se compara al PSOE o a SUMAR con ellos y, sin embargo, no se copia su política fiscal.

Enfrente pesa otro argumento, también presente en la discusión: si los grandes patrimonios ya escapan por la vía de la residencia fiscal, el problema no es el impuesto en sí, sino la desigualdad territorial que permite a unas comunidades dejarlo a cero mientras otras lo aplican con dureza sobre el heredero medio. La evasión de los ricos, dicen, no es motivo para renunciar a gravar.

La ola de herencias que llega con el baby boom​

El calendario juega a favor del fisco. La generación del baby boom empieza a llegar a la meta y con ella caerán miles de viviendas por transmisión mortis causa. Viviendas que en muchos casos no se pueden alquilar para uso turístico, que no hay quien arriende por los precios y que de pronto se convierten en materia imponible. No parece casualidad que el debate señale que la transmisión de titularidad por fallecimiento había quedado sin tocar mientras comprar o vender una casa ya soporta un ITP del 8-10% más notaría, registro y gastos intermedios.

El resumen de una de las corrientes más agrias: en un país que apenas genera riqueza nueva, heredar se ha convertido en el mayor filón recaudatorio disponible. Si la vivienda no rota, el dinero hay que buscarlo en quien la recibe. Y ahí, el temor repetido es que el golpe no lo encaje el patrimonio alto, bien asesorado, sino el heredero de clase media con un piso y poco efectivo.

¿Dejan de ser opuestos Madrid y Cataluña?​

La brecha entre comunidades es el eje menos ideológico del asunto. En Madrid el tributo se ha bonificado hasta quedar en la práctica inaplicable; en Cataluña se paga. Eso dibuja un mapa donde el mismo heredero, con el mismo piso, afronta facturas radicalmente distintas según dónde viviera el fallecido. Hay quien lo ve como una simple ventaja fiscal de Madrid y quien lo lee al revés: que los grandes patrimonios no pagan en ningún sitio y el esfuerzo recae sobre el que solo tiene una vivienda en herencia.

El argumento constitucional aparece aquí con fuerza: los españoles son iguales en derechos y obligaciones, y un impuesto que depende del domicilio del difunto rompe esa lógica. Un mínimo estatal sería, en teoría, el instrumento para cerrar la brecha por abajo, igualando a la baja y no al alza. La duda es si la armonización acaba subiendo el suelo o simplemente repartiendo el mismo peso entre más hombros.

Donar en vida o mudar la herencia a Suiza​

Las salidas que se barajan tienen truco. La más repetida es adelantar la donación en vida antes de que cualquier cambio entre en vigor, aprovechando los tramos y bonificaciones actuales; hay casos de familias que ya lo han hecho con sus hijos. Funciona para quien tiene margen temporal y liquidez, no para quien hereda por sorpresa. La segunda vía es de otro nivel: trasladar la titularidad de los bienes a una sociedad con residencia en el extranjero, de modo que los herederos reciban participaciones y no inmuebles, y el impuesto español no les toque. Exige años de planificación y coherencia fiscal, y está al alcance de patrimonios altos, no del heredero de un piso.

Ambas rutas confirman el mismo diagnóstico incómodo: el tributo se diseña sobre el patrimonio inmobiliario, pero quien puede permitirse asesorarse lo esquiva, y quien no, paga. La diferencia entre pagar y no pagar nunca ha sido tanto una cuestión de cuánto tienes como de cuánto tiempo llevas preparándolo.

Qué puede pasar a partir de aquí​

Todo esto sigue siendo una propuesta, no una norma. Con la competencia cedida a las comunidades y un mapa parlamentario que no da por descontado ningún apoyo, lo probable es que la idea entre en campaña antes que en el BOE. Si llega, se medirá en euros: 30.000 por una herencia de 200.000 es la cifra que decidirá si el impuesto se queda o se cae. Y si no llega, quedará el aviso: el patrimonio de los boomers está en el radar, con o sin Montero.