Inmobiliaria: Crítica a las fondos buitre en el mercado inmobiliario

Una comunicación enviada a la empresa propietaria de la casa de Maricarmen revela que el Sindicato de Inquilinas y cooperativas afines pretendían comprar el inmueble insinuando un precio inferior al de mercado. La red vinculada al sindicato suma 171 inmuebles entre viviendas construidas y proyectos.

La operación no llegó a cerrarse, pero dejó a la vista el mecanismo. La empresa propietaria de la casa de Maricarmen recibió una comunicación en la que el Sindicato de Inquilinas y cooperativas afines se mostraban dispuestas a adquirir el inmueble, insinuando que lo harían por debajo del precio de mercado. Los caseros calificaron la maniobra de anómala.

Un email que destapa la operación

El escrito, al que ha tenido acceso theobjective.com, no era una oferta formal al uso. La comunicación llegó después de una campaña de presión social contra la propiedad, y en ella se deslizaba la disposición a comprar el piso asumiendo un descuento sobre su valor real. La sorpresa de los propietarios fue mayúscula: no esperaban que quien les señalaba en la calle acabara proponiendo quedarse con el activo.

El episodio encaja en un patrón más amplio. La adquisición de viviendas a propietarios particulares bajo presión social no es un caso aislado, según la información publicada. La asfixia mediática y la contestación dirigida contra los caseros funcionan como palanca para rebajar el precio antes de sentarse a negociar.

171 inmuebles en la red del sindicato

El balance del entramado vinculado al sindicato impresiona. Suman 81 viviendas ya construidas y habitadas. A corto plazo se añadirán otras 90 actualmente en proyecto. En total, un activo inmobiliario de 171 inmuebles.

A esa cartera pretendían sumar una pieza de caza mayor: el piso del Retiro. La operación, de haberse cerrado en los términos insinuados, habría engordado el patrimonio de la red a costa de un particular sometido a escrache.

El precio de mercado como variable ausente

La clave del asunto está en el precio. Comprar por debajo del valor de mercado no es ilegal por sí solo: cualquier negociación privada admite descuentos. El problema aparece cuando ese descuento se construye sobre presión social previa y no sobre una libre negociación entre partes.

La pregunta que queda en el aire es quién fija el precio justo cuando una de las partes ha sido previamente señalada. Los propietarios afectados sostienen que la maniobra es anómala. Los hechos, de momento, son los que son: una comunicación, una intención y un patrimonio que ya suma 171 inmuebles.