Daniela murió, pero en su tumba aparece el nombre y la foto de un hombre. ¿Delito de repruebo transfobo post mortem?

La ley protege la dignidad de las personas incluso después de su muerte, y profanar la memoria de una persona trans con actos humillantes podría ser constitutivo de delito de odio.

La dignidad no tiene fecha de caducidad

La historia de Daniela M.S., una joven trans que se suicidó en 2022 a los 21 años, ha puesto sobre la mesa un debate legal y ético de gran calado. A pesar de haber completado su cambio registral de nombre un año antes de su fallecimiento, sus padres la enterraron en el panteón familiar utilizando su nombre de nacimiento, también conocido como *deadname* o necrónimo, y acompañando la sepultura con fotografías de ella previas a su transición. Este acto ha sido calificado por su representante legal como una "vulneración de la memoria de Daniela mediante actos humillantes de menosprecio y descrédito de su identidad". La Fiscalía de delitos de odio de Alicante ha intervenido, y el Tribunal de Instancia de Novelda ha abierto un proceso penal ante la comisión de un posible delito de odio. El argumento central es que "la dignidad persiste a la muerte", un principio que busca salvaguardar el respeto a la identidad de las personas incluso después de su fallecimiento.

La lucha de Daniela por ser reconocida y aceptada comenzó mucho antes de su trágico final. Nacida en 2000 en Chile, fue adoptada por una pareja española. Educada en un entorno familiar ultraconservador, sus inquietudes sobre su identidad de género surgieron a temprana edad. Con solo 10 años, al manifestar sus percepciones, sus padres reaccionaron buscando la intervención de un centro psiquiátrico con la intención de "recuperar los valores cristianos" inculcados. Allí, fue sometida a tratamientos farmacológicos y psicológicos. Posteriormente, entre 2013 y 2014, su identificación como chica trans llevó a su internamiento durante varios meses en un convento, bajo la premisa de "reparar su masculinidad" y lograr su retorno a una identidad cisheterosexual. El abogado que representa a la familia y a la organización Euforia describe estas intervenciones como "falsas terapias de conversión, de torturas".

Un periplo judicial y la búsqueda de justicia

Antes de cumplir los 16 años, una crisis psiquiátrica llevó a Daniela al hospital, donde se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad. En 2017, fue derivada a un centro de salud sexual especializado en la atención a personas trans. A través de tratamientos de reafirmación de género, incluyendo hormonación y atención psicológica, la joven experimentó una mejora en su bienestar. Sin embargo, esta etapa coincidió con un deterioro en su relación con sus padres, quienes, tras la intervención de servicios sociales, perdieron la tutela de Daniela. Su padre, con quien mantenía contacto telefónico, le ofrecía la posibilidad de regresar a casa, pero bajo la condición de que volviera a "vivir como un hombre".

Al alcanzar la mayoría de edad, Daniela se trasladó a Madrid. En 2019, tras un intento de suicidio derivado de una situación de acoso en redes sociales, ingresó en un piso tutelado. Inició una formación en estética y, en 2020, logró una mayor independencia, compartiendo piso y matriculándose en pruebas de acceso a grado medio. Comenzó a trabajar en un bar, pero fue despedida al visibilizarse como mujer trans. Este rechazo laboral agravó su salud mental, llevándola a un estado de aislamiento. Tras otro intento de suicidio, en abril de 2022, contactó con sus padres buscando ayuda. La cita concertada para el 16 de abril en Santander nunca se materializó, y al día siguiente, Daniela se quitó la vida.

El eco de la identidad más allá de la vida

Tras el fallecimiento de Daniela, sus padres, como herederos legales, decidieron enterrarla en el cementerio municipal de Aspe, Valencia, donde la familia materna posee un panteón. La controversia surgió al constatar que la lápida incluía su necrónimo y fotografías de ella previas a su transición. Al enterarse de esta situación, una amiga cercana de Daniela, Alana, decidió actuar. Gracias a que Daniela conservaba una copia de su rectificación registral, Alana contactó con la organización Euforia. Se interpuso una denuncia ante la Generalitat Valenciana contra el Ayuntamiento de Aspe y contra los padres, argumentando la vulneración de la ley valenciana de protección de las personas trans de 2018, la Ley Zerolo de 2022 y la normativa de enterramientos.

La vía administrativa se mostró infructuosa, con la Generalitat argumentando falta de competencias. Sin embargo, ante la insistencia de los demandantes y tras un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la Fiscalía de delitos de odio de Alicante observó indicios de delito y se pronunció a favor de abrir una causa penal. La Fiscalía considera que la decisión de los padres de ignorar el nombre legal de Daniela, inscribiendo su necrónimo en masculino y utilizando fotos previas a su transición en un cementerio, trasciende la esfera privada y evidencia una "voluntad innegable de humillación". El máximo responsable de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, recuerda que los insultos con componente de humillación, sean homófobos, tránsfobos, racistas o xenófobos, no solo afectan al derecho al honor, sino a la dignidad de la persona, constituyendo un delito según el artículo 510 del Código Penal. Además, estos actos generan miedo e inseguridad en el colectivo afectado, teniendo una proyección colectiva.

El abogado que defiende la memoria de Daniela celebra que las instituciones adopten una visión integral de la violencia discriminatoria, algo que, según matiza, no es habitual. Este caso, al ser el primero en investigar un daño post mortem a la dignidad de una persona trans, podría sentar un precedente crucial para la protección de la memoria de estas personas. La idea es que, independientemente de lo que opinen familiares o herederos, las personas trans deben ser enterradas y recordadas respetando la identidad que vivieron en vida.