Demasiada furia para no ser una operación electoral (Ignacio Camacho en El ABC)

Demasiada furia para no ser una operación electoral​

16/09/2026

Ignacio Camacho-ABC​

• La intensidad del ataque al Supremo abona la sospecha sobre el carácter estratégico de la ley de nietos en los planes del Gobierno

La intensidad de la arremetida del Gobierno contra el Supremo es el último testimonio de convicción sobre las verdaderas intenciones de la (mal) llamada ley de nietos. Si no se trata de una operación electoral, a qué viene tanto revuelo. Los jueces no han anulado ningún derecho; se han limitado a suspender los efectos de una nacionalización masiva hasta que revisen si quienes se están acogiendo a ella cumplen los requisitos legales para hacerlo. Que son los que establece la ley, no los que el Gobierno amplió mediante una simple instrucción ministerial a espaldas del Congreso. Pero esta desproporcionada reacción de los portavoces oficialistas pone de manifiesto que la citada orden administrativa tenía, como sospecha la oposición, un propósito fraudulento apenas encubierto que había adquirido en los planes de la Moncloa un carácter estratégico. Y de una relevancia esencial para la limpieza del sistema porque afecta nada menos a que la composición del censo. Es decir, al cuerpo electoral, al sujeto de la soberanía, al ‘demos’. Como lo dirían los ‘founding fathers’: a nosotros, el pueblo.

El tono furioso de los ataques proferidos desde la mesa del Consejo de Ministros contra los magistrados –salvapatricias, conspiradores, lobos solitarios– sugiere o más bien revela un estado de frustración y rabia ante la evidencia de que la maniobra ha descarrilado y con ella acaso una de las últimas posibilidades de evitar o minimizar el presentido descalabro. La prisa, la estrechez de los plazos y la prodigalidad de los recursos destinados al aparato consular para agilizar los trámites burocráticos avalan cualquier recelo sobre el extraordinario interés mostrado en conceder el voto a los descendientes –hasta bisnietos– del exilio político republicano. Mejor dicho, a los de cualquier emigrante que saliera de España en las dos primeras décadas de la dictadura de Franco, que tal es el sentido de la controvertida ‘presunción’ con que el Ministerio de Justicia decidió interpretar extensivamente el espíritu de la norma original sin otro criterio que el de la arbitraria voluntad de Bolaños. Todo demasiado irregular, demasiado precipitado, demasiado raro.

En una escena pública razonablemente honesta tal vez la polémica podría resultar desproporcionada. Pero el mandato de Sánchez ha degradado el funcionamiento de las instituciones en una peligrosa deriva autocrática que en las últimas semanas ha alcanzado el cuestionamiento explícito –por boca del propio presidente– del principio de alternancia. En un contexto así, de abierta deslegitimación del adversario y de las pocas instancias capaces de defender su autonomía, es imposible sustraerse a la desconfianza. Porque no sería la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que el jefe del Ejecutivo, cuya relación con la verdad es, por decirlo sin acritud, bastante relajada, intentase burlar las reglas de juego haciendo trampas. Ni que los mecanismos de protección constitucional resultan denostados por cumplir con su obligación de evitarlas.

Desde que el comendador de los creyentes reaccionariopobres promulgase la fatawa "el que pueda hacer que haga", el poder prevaricacional es el más activo de los poderes del estado en el intento de golpe de estado; no debe extrañarnos que ahora ataquen una ley aprobada también por el partido que en mala hora le parió.