DENUNCIADA la médico que tramitó el suicidio asistido de Noelia porque es coordinadora de trasplantes

Denunciada la médico que tramitó la eutanasia de Noelia por su doble papel​

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra la médico que tramitó el suicidio asistido de Noelia por prevaricación y conflicto de intereses. El motivo: la facultativa que firmó el proceso era a su vez la coordinadora de trasplantes de órganos. Según la acusación, la doctora redactó de su puño y letra la solicitud de eutanasia e incluyó como primer punto la voluntad de Noelia de donar sus órganos, un documento que, según la acusación, debería haber redactado la propia paciente y no la tramitadora. La denuncia ha reabierto el caso en plena discusión sobre los protocolos de la ley de eutanasia.

Qué se denuncia exactamente y por qué importa​

El núcleo de la acusación no es la eutanasia en sí, sino la acumulación de funciones en una misma persona. La médico tramitadora era también la responsable de coordinar los trasplantes, lo que, según la denuncia, genera un conflicto de intereses: quien evalúa si una persona cumple los requisitos para morir es la misma que gestiona los órganos que esa persona puede dejar. Según la denuncia, la doctora añadió de su puño y letra que Noelia donaba sus órganos, un extremo que la acusación considera irregular porque la voluntad de donar debe constar por escrito y de forma autónoma por parte del paciente.

Hay quien sostiene que la ley de eutanasia está redactada de forma ambigua y que eso permite que los comités interpreten los requisitos con manga ancha. El argumento que circula es que hasta una diabetes, una esquizofrenia o una insuficiencia renal podrían considerarse graves e incurables si se retuerce bien el derecho y se encuentra el comité adecuado. La consecuencia, según esta lectura, es que la ley no protege tanto al paciente como parece.

El sesgo de las comisiones de eutanasia​

Un punto que ha salido a relucir es la composición de las comisiones que evalúan las solicitudes. Hay quien argumenta que estas comisiones las conforman mayoritariamente personas pro-eutanasia, mientras que quienes están en contra se abstienen de formar parte de ellas. El resultado, según esta postura, es un sesgo en la evaluación: quien decide si alguien puede morir es alguien que, en principio, está de acuerdo con que lo haga.

El trasfondo del tráfico de órganos​

El mensaje que abrió la discusión puso sobre la mesa estimaciones de precios en el mercado negro de órganos. Los riñones son los más traficados, en torno al 75% del mercado ilegal, con precios de venta que oscilan entre 50.000 y 120.000 dólares, aunque el donante suele recibir entre 1.000 y 9.000. El hígado se vende entre 99.000 y 157.000 dólares; el corazón, entre 130.000 y 290.000; los pulmones, entre 150.000 y 290.000 por pulmón; el páncreas, entre 110.000 y 140.000. Las córneas rondan los 24.400 dólares y los óvulos los 12.400. Son cifras que, puestas en relación con la denuncia, alimentan la sospecha de que el interés económico puede pesar más de lo que se reconoce.

Conviene ser claro en este punto: en España no se compran ni se venden órganos. La donación es altruista y gratuita por ley. Cualquier insinuación de que existe un mercado legal de órganos es falsa. Otra cosa es que el conflicto de intereses denunciado, unido a las cifras del mercado negro global, alimente la desconfianza sobre los protocolos.

La reacción: entre la indignación y el escepticismo​

La denuncia ha provocado reacciones muy dispares. Una parte del análisis sostiene que ningún juez se va a tomar en serio una denuncia basada en supuestas conspiraciones de tráfico de órganos, y que Abogados Cristianos tiene un historial de denuncias que no prosperan. Otra parte recuerda que el conflicto de intereses es un motivo real de expediente: hay quien ha denunciado a una abogada ante su colegio profesional por conflicto de intereses y ha visto cómo se le abría expediente, aunque luego se resolviera a su favor.

El caso de Noelia, mientras tanto, sigue su curso. La denuncia está presentada y no hay resolución conocida. Lo que sí ha quedado claro es que el doble papel de la médico tramitadora —eutanasia y trasplantes— es, como mínimo, una anomalía que merece explicación.

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El punto exacto donde el análisis se atasca es este: si la ley permite que la misma persona que evalúa la muerte gestione los órganos, el problema no es solo de esta médico concreta. Es de diseño normativo. Y eso no lo arregla una denuncia.