Adif retiró 42 metros de vía del accidente de Adamuz sin permiso judicial
Adif retiró de madrugada 42 metros de vía del lugar del accidente de Adamuz sin autorización judicial, una actuación que ha llevado al ministro Óscar Puente a enfrentarse a tres años de prisión por encubrimiento. Los hechos, ocurridos en marzo de 2026, han desatado una tormenta política y judicial, con acusaciones de destrucción de pruebas que afectan a la investigación del siniestro ferroviario que causó varias víctimas mortales.
Los hechos: una retirada nocturna sin cobertura legal
Según informaciones de El Mundo y ABC, la madrugada del 20 de marzo de 2026, operarios de Adif se presentaron en el lugar del accidente, precintado por la policía judicial, y retiraron 42 metros de vía. La acción se realizó sin la preceptiva autorización judicial y, según fuentes internas, con carácter de urgencia. Días después, la jueza instructora ordenó a la Guardia Civil investigar si el carril sustituido, que presentaba fisuras detectadas ya en 2019, pudo haber sido la causa del descarrilamiento.
Las consecuencias penales: Óscar Puente en el punto de mira
La Fiscalía ha abierto diligencias contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que se atribuye la orden de retirar las vías. Medios como La Gaceta y Libertad Digital señalan que Puente se enfrenta a una petición de tres años de prisión por un delito de encubrimiento. El propio Puente ha reaccionado acusando a la UDEF de "especulaciones ridículas y absurdas", en un intento de desviar la atención. Sin embargo, los correos internos de Adif, destapados por La Razón, muestran la urgencia: "¡Hay que sacarlo de la vía de manera urgente!", escribió un responsable.
Un patrón que se repite: de la red eléctrica al ferrocarril
El caso no es aislado. Semanas después, Red Eléctrica solicitó al juez ocultar a Iberdrola y Endesa las grabaciones de sus centros de control del día del apagón. La coincidencia de conductas ha llevado a varios analistas a hablar de un "modus operandi" sistemático de ocultación de pruebas por parte de entidades públicas. En el caso de Adamuz, además, se ha revelado que Adif ignoró un plan de prevención exigido por Bruselas, lo que agrava la responsabilidad política y administrativa.
La pregunta que queda en el aire
A pesar de las evidencias documentales y las confesiones de un responsable de Adif ante la Guardia Civil, el Gobierno no ha ofrecido una explicación convincente. La pregunta que ningún análisis resuelve es si la retirada de las vías fue un acto de incompetencia burocrática o una maniobra deliberada para ocultar un defecto de mantenimiento que pudo causar la tragedia. Mientras tanto, las familias de las víctimas y la opinión pública esperan que la justicia actúe sin los privilegios que suelen proteger a los altos cargos.
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