¿Dónde están los funcionarios?

Lo que recibes de tus impuestos: 162.828 funcionarios de la AGE​

Un tuit con imágenes de empleados públicos a mediodía bastó para reabrir la pregunta más rentable de la conversación pública española: ¿dónde están los funcionarios cuando se les necesita? La respuesta no cabe en una foto. Cabe en cifras. El 44,1% de los efectivos de la Administración General del Estado trabaja desde su domicilio dos, tres o más días por semana. Y en la otra cara del mostrador, una de cada tres peticiones de cita previa no llega a materializarse.

Las imágenes que abrieron el melón eran un montaje​

Conviene empezar por el detalle que casi nadie mira. Las imágenes que circularon como prueba de la holgazanería administrativa no eran fotografías: salieron de un generador de imágenes. El propio material delata el truco si uno se fija —unos huevos escalfados no se comen con plátano y el pan tostado no se toma a cucharadas—. El montaje funcionó igual. La sospecha sobre el rendimiento del empleo público no necesita pruebas para existir; lleva décadas existiendo.

¿Cuántos funcionarios teletrabajan en España?​

El último informe de la Secretaría de Estado de Función Pública —ahora dependiente del Ministerio para la Transformación Digital— sitúa en el 44,1% los efectivos de la AGE que realizan su labor diaria desde casa varias jornadas semanales, el máximo desde que se implantó la modalidad como medida de ahorro y eficiencia energética. En números absolutos, la AGE tiene 162.828 efectivos, bastantes menos de los que imagina quien habla de una administración central hipertrofiada. Casi el 60% de quienes teletrabajan son mujeres.

La tendencia no parece ir hacia atrás: Justicia ha anunciado que sus empleados podrán teletrabajar en un año y que los juicios serán telemáticos. Para una parte del sector público, eso es ahorro y conciliación. Para otra, es la coartada perfecta para no volver a pisar la oficina.

¿Por qué la cita previa se ha convertido en el campo de batalla?​

Porque es el único momento en que el ciudadano toca la administración y, con frecuencia, no la encuentra. El estudio de la OCU sobre tiempos de espera deja un titular incómodo: una de cada tres peticiones de cita previa no llega a nada. Hay juristas que sostienen que la cita previa obligatoria es ilegal y que va contra la Constitución, mientras el propio personal público avisa de que suprimirla exigiría incrementar plantillas alrededor de un 30%.

El 86% de los españoles cree que la burocracia electrónica excluye a un grueso de la población, y más de la mitad no está del todo satisfecho con el funcionamiento de los servicios públicos. Dos datos que no encajan con el relato de la eficiencia digital a toda costa.

El trámite de cinco minutos y el mostrador de un mes​

Aquí está el núcleo técnico del asunto. Un trámite con certificado electrónico se resuelve en cinco minutos; ese mismo trámite, en ventanilla, puede costar un mes de espera y una cara de vinagre. Multiplíquelo por la cantidad de gestiones que ya se pueden cerrar online y aparecerá la pregunta incómoda: si el formulario ya funciona, ¿por qué sigue habiendo colas para registrarlo?

Porque el otro lado también existe. Quien atiende al público lo cuenta sin adornos: personas mayores que se pierden en una administración electrónica con una usabilidad que deja mucho que desear, gente que ha perdido la mañana desplazándose a la capital para volver con un papel de instrucciones que no entiende. No todo el que llega al mostrador es un trámite que se resuelve con dos clics.

La inteligencia artificial llama al registro​

OpenAI anunció que desarrollará una inteligencia artificial para el sector jurídico en 2024, entrenada y moldeada según el ámbito donde se vaya a emplear. El cálculo que circula —quitarse de en medio a la mitad de los empleados públicos con certificados electrónicos y cuatro cosas relacionadas— es optimista y probablemente falso en su literalidad. Pero señala una dirección: cada trámite que se cierra solo es un motivo menos para sostener un mostrador, y cada cita imposible es un incentivo más para automatizar.

Milei y la motosierra: un millón de empleados públicos en el punto de mira​

En Argentina, el nuevo presidente exigió la presencialidad total a los empleados públicos y amenazó con despedir a un millón de ellos, a los que llamó parásitos. El eco fue inmediato: hay quien lo lee como advertencia y quien lo despacha como política de otro país. Lo llamativo es que la discusión sobre el teletrabajo del personal público haya dejado de ser una cuestión de productividad para convertirse en una cuestión de confianza.

Esperar dos horas para renovar el pasaporte: qué se puede hacer​

Los tribunales están respaldando sanciones por falta grave contra empleados públicos por descortesía, y el ciudadano dispone de vías formales para quejarse por el trato o por los tiempos de espera. Reclamar sirve a veces. Otras, el procedimiento acaba siendo más lento que el problema que denuncia, que ya es decir.

El dato que mejor retrata el atasco no es el del teletrabajo. En el registro de un juzgado, la admisión de una demanda —leerla por encima, comprobar que está correcta y darle un número— pasó de unos diez días, hace cuatro años, a seis meses o más. Y hay un profesor que pidió prejubilarse a los 60 y tiene fecha de juicio a los 64. Para entonces, el trámite ya no le hará falta a nadie.