Techo de gasto récord con la deuda pública camino del 103,6% del PIB
El Gobierno presume de racha. Pedro Sánchez ya lo verbalizó hace meses: la
economía española «ya no va como una moto, va como un cohete». Los números que acompañan el techo de gasto para 2025 parecen darle la razón. El FMI avala un crecimiento del
2,4% para este año y el siguiente, el empleo roza los
21,4 millones de afiliados y el déficit se compromete a bajar al 3% en 2024 y al 2,5% en 2025. La letra pequeña llega al mirar la deuda.
El Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto de
199.171 millones de euros para 2025 —195.353 sin fondos europeos, un 3,2% más que el año anterior— y una senda fiscal que sitúa la deuda pública en el 103,6% del PIB en 2025, el 101,8% en 2026 y, por fin, el 99,7% en 2027. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo llamó «un incremento relevante, pero prudente, que anticipa nuestro compromiso con la estabilidad fiscal».
¿De dónde sale el crecimiento del 2,4%?
La primera grieta aparece en la composición del PIB. En el tercer trimestre de 2024 la economía creció un 0,83% y, de ese avance,
más de la mitad —el 56%— procedía del consumo público. No de exportaciones, ni de inversión privada, ni del gasto de las familias. Del Estado.
El cálculo más crítico señala el dinero de Bruselas: los fondos de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el instrumento REACT-EU, dentro del plan NextGenerationEU, mueven unos 160.000 millones de euros emitidos por el Banco Central Europeo. Buena parte ha ido a empleo público y obra. Y hay un detalle que circula con sorna: el INE confirmó que el crecimiento del PIB de 2021 se apoyó, en parte, en el dinero generado por drogas y prostitución, incorporado para maquillar las cifras.
El déficit baja en el papel mientras la caja se vacía
La senda oficial dibuja una reducción escalonada: 2,5% del PIB en 2025, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027. Cada administración asume su parte. La Administración Central carga con el grueso —2,2%, 1,8% y 1,5%—, mientras comunidades y ayuntamientos reciben más margen: las autonomías pasan a un objetivo del -0,1% y los consistorios, al equilibrio presupuestario. La Seguridad Social podrá cerrar con un déficit del 0,2%.
El problema es la foto fija. En julio de 2024, según los datos de la IGAE, el déficit de caja no financiero del Estado alcanzó los
43.200 millones de euros. Discrepancia entre lo que entra y lo que sale, con la deuda engordando por debajo. El símil que circula es demoledor: es como quien promete engordar tres kilos, luego dos y medio, luego dos, y llama a eso adelgazar.
21,4 millones de afiliados y el peor agosto desde 2019
El titular del empleo aguanta en los meses buenos. El último dato celebrado habla de más de 46.000 parados menos en un mes. Pero la serie muestra otra cara:
casi 200.000 afiliados menos en el peor agosto desde 2019, con 22.000 desempleados nuevos al cerrar la temporada turística. Educación se dejó cerca de 76.000 puestos.
Dos colectivos quedan fuera del relato. El paro juvenil roza ya el
27%. Y el tejido productivo se encoge: Cepyme confirma 5.100 empresas pequeñas menos que en 2019. Crecer con menos empresas y más paro joven es una combinación que ningún cuadro macro resuelve.
¿Cómo se compagina recaudación récord con listas de espera récord?
Hacienda batió en octubre de 2024 un registro histórico: cerca de
50.000 millones de euros recaudados en un solo mes. Al mismo tiempo, la sanidad pública acumula alrededor de 850.000 pacientes pendientes de operación. La pregunta la formula cada vez más gente: si la caja nunca ha estado tan llena, ¿por qué el servicio no mejora?
El sector empresarial ofrece su lectura. El impuesto extraordinario a la banca tendría en riesgo hasta el 22% del valor de Caixabank, Santander y BBVA, y energéticas como Cepsa han seguido a Repsol llevando inversiones fuera de España. La presión fiscal, sostienen, no se queda solo en el bolsillo del contribuyente: se lleva decisiones de inversión.
El cambio legal que deja al Senado sin veto
Los objetivos de estabilidad que salen del Consejo de Ministros pasan por las Cortes. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y en ejercicios anteriores usó esa mayoría para tumbar los objetivos. Esta vez no podrá: la recién aprobada Ley de Paridad ha eliminado esa facultad de la Cámara Alta. Un cambio procesal que apenas se discutió y que decide quién puede frenar el cuadro fiscal.
Y en medio de todo esto, la decisión que muchos se plantean ya no es política sino patrimonial: esperar. Comprar vivienda hoy, con la sospecha de una burbuja inmobiliaria y de una crisis latente que se ha ido retrasando a base de emitir deuda, empieza a parecer mala idea. Ahí se atasca el análisis. Los datos macro mejoran, la caja se llena, el empleo bate récords en verano. Y aun así la sensación en la calle es la contraria. Nadie termina de cuadrar por qué.