El 4,3% no es la inflación de nadie

El Índice de Precios de Consumo (IPC) oficial, que en agosto de 2026 se situó en el 4,3% interanual, es una media que no representa la experiencia de inflación de ningún hogar o individuo en particular, debido a la heterogeneidad de cestas de consumo, la evolución de precios por deciles de renta y la regionalización de la economía.

El dato oficial de inflación, ese 4,3% que estos días salpica las noticias, es una cifra que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica con rigor y que, sin duda, tiene su importancia. Pero si te paras a pensarlo, ese número no es la inflación de nadie. No porque el cálculo esté mal hecho, sino porque la realidad de tu bolsillo, la de tu vecino o la del que vive al otro lado de la ciudad, sigue una trayectoria de precios distinta. Es como intentar describir el sabor de una paella con una sola palabra: imposible.

La cosa es que el IPC es un índice que busca representar una media, una cesta de productos y servicios que, teóricamente, consume un hogar español. Pero la vida real es mucho más compleja. Dos hogares pueden vivir en el mismo país, en el mismo año, y experimentar inflaciones muy diferentes. Esto se debe a que cada uno tiene una cesta de consumo particular, con pesos distintos para cada partida. Lo que a uno le afecta mucho, a otro apenas le toca. Y esto no es una sensación, es algo que se puede medir.

La brecha de la renta y el mapa

Un estudio de EsadeEcPol ya a principios de 2026 ponía sobre la mesa que, en 2025, la inflación acumulada para los hogares con rentas bajas y altas presentaba una brecha de casi tres puntos porcentuales. Esto no es una percepción, son dos cestas de consumo reales con trayectorias de precios divergentes. Por ejemplo, la vuelta del IVA eléctrico del 10% al 21% impactó mucho más a los deciles de renta más bajos, sumando cinco décimas al IPC de estos, frente a las dos décimas de los más altos. Las tasas de basura, aunque tengan un peso pequeño en el presupuesto, también sumaron una décima larga a la inflación de todos. Y los alimentos básicos golpearon con un punto completo a los hogares de menor renta, el doble que a los de mayores ingresos.

Claro que hay movimientos en sentido contrario. Los restaurantes y el alojamiento sumaron 0,65 puntos al IPC de las rentas altas, el doble que a las bajas. Los seguros de salud privados, con una subida del 10%, empiezan a notarse a partir del octavo decil. El punto clave es que el INE no desagrega la heterogeneidad de precios dentro de cada categoría. Si los productos más baratos dentro de una misma rúbrica suben más que los caros, la brecha real es aún mayor de la que se estima.

Y si nos vamos a un mapa, la cosa no cambia. El Banco de España, en su boletín de 2024, ya alertaba de la heterogeneidad regional de la inflación. Entre junio de 2019 y junio de 2024, el IPC acumulado nacional fue del 18,9%. Pero Castilla-La Mancha llegó al 21,2% y Galicia al 20,4%, mientras que Madrid se quedó en el 17,1% y Cataluña en el 18,1%. Son más de cuatro puntos de diferencia acumulada, con la misma moneda, la misma política monetaria y la misma legislación fiscal básica. El Banco de España atribuye esta dispersión a la distinta composición de las cestas de consumo regionales: más peso de alimentos y carburantes en unas, más servicios y transporte público en otras. Y esto no es cosa del pasado; el dato definitivo de agosto de 2026 muestra tasas anuales positivas en todas las comunidades, con Cantabria en el 5,1% y Canarias en el 3,8%. Una horquilla de 1,3 puntos en un solo mes, con la misma estadística.

¿Qué mide realmente el índice?

El IPC es un índice de Laspeyres encadenado. Esto significa que sigue el precio de una cesta representativa y actualiza su composición y ponderaciones periódicamente, usando datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y de Contabilidad Nacional. Pero ojo, excluye los gastos que suponen inversión, así que la compra de vivienda, por ejemplo, no entra. El propio INE lo aclara en sus preguntas frecuentes: el IPC no es un índice del coste de la vida. Un índice de coste de la vida mediría la variación del gasto necesario para mantener un mismo nivel de vida, no solo la evolución de precios.

El índice mide la experiencia de precios de un hogar medio, pero no la de un hogar o una persona concreta. La inflación individual puede ser mayor o menor que la oficial. Así que esa dispersión que vemos no es un fallo, sino una propiedad del instrumento, declarada por quien lo fabrica.

Precio pagado, precio medido: la trampa sutil

Hay un segundo motivo, más sutil, por el que el índice y la experiencia se separan. El INE pone el ejemplo de cuando un producto mejora sus prestaciones. El IPC corrige para estimar cuál sería su precio sin esas mejoras. Un índice de coste de la vida, en cambio, computaría el gasto realmente realizado. Dicho de otro modo, hay casos en los que lo que pagas y lo que el índice registra que ha pasado con el precio no coinciden, y no hay trampa en ello.

El caso típico está en la factura de casa. Un paquete de telefonía fija, móvil y banda ancha costaba de media 46,6 euros al mes a finales de 2021 y 38,3 euros a finales de 2025, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Casi un 18% menos en cuatro años. Ahí, el índice y el bolsillo van de la mano, y ambos bajan. Pero luego está el fenómeno contrario, la llamada "cheapflation" o inflación de lo barato. Dentro de una misma categoría estadística, los productos más baratos suben más que los caros. Dos familias que en la estadística consumen "el mismo producto" pueden estar sufriendo trayectorias de precios distintas sin que el índice pueda verlo, porque no desagrega ahí. Esto es lo que alertaba EsadeEcPol, y es la razón principal por la que las brechas citadas probablemente están medidas por defecto.

Un apunte: que un hogar cambie a marca blanca o baje de proteína fresca no hace que el IPC de ese mes marque menos. Lo que ocurre es que ese cambio de conducta acaba entrando en las ponderaciones cuando estas se actualizan, con el desfase de las fuentes disponibles. El índice observa precios y estructuras de gasto; lo que no puede deducir de un cambio de cesta es cuánto bienestar se ha sacrificado por el camino.

El alquiler, contado dos veces

Hay un sitio donde esta diferencia se ve especialmente bien: el alquiler. Entre agosto de 2021 y agosto de 2026, la rúbrica de vivienda en alquiler del IPC subió un 11,3%. En esos mismos cinco años, el precio anunciado del alquiler en Idealista pasó de 10,5 a 15,1 euros el metro cuadrado: un 43,8%. Treinta y dos puntos y medio de diferencia, y ninguno de los dos números está mal.

El IPC sigue el alquiler que pagan efectivamente los hogares de una muestra nacional de unas 5.500 viviendas, con precios facilitados en su mayoría por los propios inquilinos y una visita cuando cambia el arrendatario. Idealista, por su parte, mide el precio que se pide por las viviendas que están disponibles en el mercado. Para un inquilino que permanece en su vivienda, importa sobre todo lo primero; para quien tiene que buscar una hoy, lo segundo se parece bastante más a lo que se va a encontrar delante. La diferencia no es un error de medición, es otra demostración de que preguntar cuánto ha subido el alquiler no tiene una única respuesta hasta que se aclara de qué alquiler y para quién estamos hablando.

Cinco relojes para repartir el mismo dinero

Y aquí llega la parte que me parece de verdad importante. Todo lo anterior sería un debate de estadísticos si no fuera porque ese número, el IPC, reparte renta. Las pensiones contributivas subieron, con carácter general, un 2,7% en 2026, conforme a la fórmula de la Ley 21/2021, que toma la media de las tasas interanuales del IPC de diciembre a noviembre del año anterior, y esto afecta a unos 9,4 millones de pensionistas.

Los contratos de alquiler firmados con posterioridad al 26 de mayo de 2023 se actualizan por el IRAV (Índice de Referencia de Alquiler de Viviendas), que en agosto de 2026 quedó en el 2,47%. No es el IPC: toma el mínimo entre la tasa del IPC, la de la inflación subyacente y las tasas medias anuales ajustadas de ambas por un mecanismo moderador. Los salarios pactados en convenio van por el 3,04% en agosto de 2026, según el Ministerio de Trabajo. Y solo el 29,9% de los convenios incluye cláusula de revisión salarial, cubriendo al 39,3% de los trabajadores acogidos a convenio. Seis de cada diez no tienen ninguna protección automática frente a la inflación.

Y luego está el tipo de facilidad de depósito del BCE, que está en el 2,5% tras la subida decidida el 10 de septiembre y efectiva desde el 16 de septiembre. Se fija para una eurozona que en agosto de 2026 estaba en el 3,3% de inflación armonizada según la estimación preliminar, mientras España terminó en el 4,6%. Son 1,3 puntos de diferencia de inflación bajo exactamente el mismo tipo nominal.

Cinco números distintos, cinco referencias distintas, y ninguno pretende medir la inflación de un hogar concreto. No son cinco mediciones de lo mismo tomadas a la vez: la pensión mira una media del año pasado, el IRAV tiene su propia fórmula moderadora, el convenio es negociación contractual y el tipo del BCE se fija para el conjunto del área.

Esa es la historia. El IPC funciona en la práctica como una unidad de cuenta pública, y las unidades de cuenta no necesitan ser exactas para funcionar, solo necesitan que todo el mundo acepte usarlas. El problema aparece cuando además de contar con ellas liquidamos contratos. Ahí la diferencia entre lo que el índice mide y lo que le pasa a cada uno deja de ser una discusión metodológica y se convierte en dinero que cambia de manos. No tengo una propuesta que cerrar aquí, y desconfío de quien la tenga. Construir un índice por decil de renta o por comunidad es técnicamente posible y políticamente imposible, entre otras cosas porque habría que decidir a quién se le aplica cuál. Pero la próxima vez que alguien diga que la inflación está en el 4,3%, conviene tener presente que el organismo que publica ese número dice expresamente que no describe a nadie en particular.