El alopécico de cryptospain pide a los afectados que quiten las denuncias y que se olviden de su dinero. así de claro.

El promotor de CryptoSpain pide a los afectados que retiren las denuncias​

¿Qué se le dice a alguien que ha perdido sus ahorros? El responsable de la presunta estafa conocida como CryptoSpain, Álvaro Romillo, ha trasladado a los afectados un mensaje que resume su posición: dar un paso a un lado, retirar las denuncias y olvidarse del dinero, porque en el futuro encontrarán otros proyectos muy diferentes gracias a lo aprendido. Así, sin anestesia. La Audiencia Nacional ha bloqueado una cuenta con 29 millones de euros vinculada a Romillo, según la información difundida sobre el caso, en el marco de una investigación que rastrea una red internacional de transacciones.

El asunto se mueve en una horquilla difícil de precisar. Las cifras que circulan hablan de un fraude de entre 300 y 600 millones de euros. El bufete Zaballos Abogados ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que actúe, representando a más de 600 afectados por la supuesta estafa canalizada a través del Madeira Invest Club. La causa sigue bajo secreto de actuaciones, lo que explica en parte el silencio mediático que rodea a un agujero patrimonial de esta magnitud.

Qué era CryptoSpain y cómo se captaba al inversor​

La estructura no se sostenía solo sobre una promesa de rentabilidad. Según el relato que circula entre los participantes, había negocios reales en el escaparate: asesorías, cursos, membresías y conferencias. El club de inversión se pagaba aparte, con cuotas de mil o dos mil euros por ser socio. Dentro, se ofrecían operaciones concretas: cambio de criptomonedas a dinero fiduciario entre particulares, con una comisión del 4% a cada parte —un 8% total por una gestión de diez minutos—, compraventa de relojes de alta gama y coches. Todo eso daba una rentabilidad que en parte se distribuía entre los socios.

El relato oficial de la firma hablaba de rentabilidades del 53% sin pagar impuestos. Ahí estaba el gancho. También la trampa: quien promete ese rendimiento libre de Hacienda no está vendiendo un producto financiero, está vendiendo una fantasía con fecha de caducidad.

Las cajas fuertes que volaron y el día que se cayeron los servidores​

El episodio que marca el punto de no retorno tiene fecha y mecánica propias. Según el relato difundido, el promotor sostuvo que los servidores habían fallado y que, por cuestiones de privacidad, no existía registro de quién había aportado qué ni cuánto. Sin ese rastro, no había forma de devolver nada: para entregar fondos, exigía el DNI de origen y documentación que, advertía, tendría que poner en conocimiento de la Agencia Tributaria de inmediato. La estructura montada para evadir impuestos se convertía, de golpe, en una máquina de delatar a sus propios clientes.

A eso se suma el relato de un local en Madrid repleto de cajas fuertes donde los socios podían depositar lo que quisieran sin registrar nada. Se habla de oro, armas y efectivo. El día que el responsable desapareció, también desapareció el contenido de esas cajas. Sin inventario, sin trazabilidad y sin forma de reclamar.

El empresario que perdió cinco millones y la carta de Hacienda​

Entre los afectados se menciona a un empresario del sector del colchón al que la operación le habría costado cinco millones de euros o más. La cifra descoloca: ¿cómo se entrega ese capital a un gestor sin contrato ni garantía? La respuesta que circula es incómoda: se entrega cuando antes te han vendido durante años la idea de que Hacienda es el enemigo y que existe un circuito paralelo donde el dinero rinde más y no deja rastro.

El problema es que las denuncias han dejado un rastro. Con la causa abierta, Hacienda dispone ahora de la identidad de quienes invirtieron y puede requerirles que justifiquen el origen de los fondos. La paradoja es notable: la denuncia busca recuperar el dinero y, de paso, expone a quien lo puso mirando hacia otro lado. Algunos análisis apuntan a que esa pérdida patrimonial podría compensarse fiscalmente en ejercicios futuros, pero el trámite llega con revisión incluida.

El silencio mediático y el secreto de actuaciones​

Una estafa de cientos de millones y apenas ruido en los medios. La explicación más repetida es procesal: el secreto de actuaciones limita lo que puede publicarse. A eso se suma el intento de arrastrar el caso al terreno político, con una donación de 100.000 euros a un cargo aforado que obligaría a elevar la causa al Tribunal Supremo. Convertir un fraude de inversores en un pleito territorial complica el foco.

Mientras tanto, el mensaje del promotor sigue circulando: retirad las denuncias, olvidad el dinero, aprended la lección. Hay quien lo lee como una súplica. Otros lo leen como lo que parece: un aviso de que quien tiene las pruebas de los delitos fiscales de sus clientes conserva, todavía, algo con lo que negociar.

Al final, la lección más cara no la paga quien la imparte. La paga quien puso el dinero, y encima recibe la factura de Hacienda por haber querido esquivarla.