EL AMO YANKEE se ríe y humilla de nuevo a Venezuela. ¿Estado 51 o Estado Lacayo?

Estados Unidos ha sellado un acuerdo petrolero a largo plazo con Venezuela, asegurando el acceso a sus crudos pesados, mientras se posponen indefinidamente las elecciones en el país sudamericano.

La narrativa oficial sobre la intervención estadounidense en Venezuela parece haber dado un giro radical, consolidando el acceso de Estados Unidos al vasto potencial petrolero del país. Lo que se presenta como un acuerdo histórico entre ambas naciones, sin embargo, levanta serias dudas sobre la soberanía y el futuro democrático de Venezuela. La operación, orquestada bajo la premisa de la "libertad y la democracia", ha culminado en un pacto que otorga a empresas estadounidenses derechos significativos sobre la extracción y el beneficio del crudo venezolano, mientras las promesas de elecciones libres parecen desvanecerse en el horizonte.

El discurso de Donald Trump sobre la obtención de miles de millones de dólares a través del petróleo venezolano, calificándolo como el "mejor trato jamás hecho", contrasta con la opacidad que rodea los detalles del acuerdo. La figura de NAVEP, una empresa privada con sede en Barbados y cuyo director, Alejandro Betancuort, enfrenta investigaciones por blanqueo de capitales y fraude fiscal, añade una capa de sospecha. Esta entidad, supuestamente, gestiona la perforación de 17 campos petrolíferos que albergan 65.000 millones de barriles de crudo, una quinta parte de las reservas totales de Venezuela.

El control del Departamento de Guerra y Estado

Lo verdaderamente llamativo de este acuerdo es la participación directa de organismos militares y gubernamentales estadounidenses. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ostenta una participación del 35% en NAVEP, y el Departamento de Estado tiene el derecho de adquirir el 20% del petróleo extraído a precio de producción, destinado a las reservas estratégicas del país. Este pacto, con una duración inicial de 25 años y prorrogable hasta 100 años, no fue firmado por el secretario de Energía, sino por figuras como Marco Rubio y Peter Hessel, sugiriendo una influencia política y estratégica considerable más allá de lo meramente comercial.

La estructura financiera del acuerdo también genera interrogantes. Aunque la petrolera estatal venezolana ha facturado 15.900 millones de dólares en un período determinado, solo 6.434 millones de dólares se destinaron a exportaciones hacia Estados Unidos. El resto del crudo se ha vendido a India, Europa y a intermediarios. De la facturación total, apenas 300 millones de dólares (el 2%) llegaron al Banco Central de Venezuela. La explicación oficial es que, si bien los fondos constan como propiedad de la empresa venezolana, están controlados en cuentas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que sugiere un control financiero efectivo por parte de Washington.

La dilación de las elecciones y la figura de Delcy Rodríguez

Paralelamente a este acuerdo petrolero, la cuestión de las elecciones en Venezuela se ha convertido en un punto central de controversia. Las declaraciones de Donald Trump respecto a la preparación del país para unos comicios son reveladoras. Ante la pregunta de un periodista sobre qué le impedía exigir a Venezuela fijar una fecha para las elecciones, Trump respondió que "no creo que estén listos aún", argumentando que el país "sacamos de una dictadura" y que la actual administración, liderada por Delcy Rodríguez, está haciendo "un muy buen trabajo". Esta afirmación, que equipara la salida de una dictadura con la imposición de otra, ha sido interpretada como una humillación al pueblo venezolano y una justificación para prolongar el control estadounidense.

Delcy Rodríguez, por su parte, ha expresado su deseo de un proceso electoral, pero condicionándolo a que Venezuela esté "preparada" y a que se levanten las sanciones. La fecha de 2031 ha circulado como un posible plazo para la celebración de elecciones, una perspectiva que subraya la incertidumbre y la dilación en el camino hacia la normalización democrática. La influencia de Trump en este proceso parece ser determinante, sugiriendo que las elecciones se convocarán cuando él lo considere oportuno, tras haber, según las críticas, "saqueado todas las riquezas de Venezuela".

La oposición dividida y las aspiraciones de María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado ha criticado abiertamente el acuerdo petrolero, calificándolo de una decisión tomada "sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros". Sin embargo, sus críticas se ven matizadas por sus propias declaraciones previas, donde abogaba por la privatización de la industria petrolera venezolana a empresas estadounidenses. Esta aparente contradicción ha llevado a acusaciones de hipocresía, sugiriendo que su descontento radica más en no haber sido incluida en el proceso o en no haber obtenido el poder que ambiciona, que en una defensa genuina de la soberanía venezolana.

Las aspiraciones de Machado de liderar la transición y ser presidenta de Venezuela parecen haberse visto frustradas. A pesar de sus esfuerzos y declaraciones, Trump no ha contado con ella en las negociaciones, considerándola carente de apoyo y respeto dentro del país. Su exclusión de las conversaciones, incluso en reuniones previas celebradas en Qatar, evidencia la falta de peso de la oposición tradicional en el tablero político actual. La narrativa de Trump sobre la incapacidad de Machado para liderar, sumada a su exclusión de los procesos de negociación, la ha dejado en una posición de debilidad y aparente desesperación.

La comunidad venezolana en Madrid ha sido testigo de estas tensiones. Si bien se han convocado manifestaciones, estas a menudo se han alineado con agendas políticas locales, dirigidas a criticar al gobierno español en lugar de centrarse en la situación de Venezuela. La aparente falta de acción coordinada y enfocada por parte de la diáspora venezolana, especialmente en los barrios acomodados de Madrid, contrasta con el discurso de lucha por la libertad y la democracia que algunos de sus líderes promueven. La situación actual de Venezuela, controlada en gran medida por las decisiones de Estados Unidos, plantea un futuro incierto, donde la esperanza de una democracia plena y un bienestar para su pueblo sigue siendo un anhelo lejano.