El Ayuntamiento de Madrid vendió vivienda pública a un fondo de inversión, que años después la vende por más de cuatro veces lo que pagó

El Ayuntamiento de Madrid vendió vivienda pública a un fondo​

La operación arrastra, según el artículo que la puso sobre la mesa, entre diez y catorce años de antigüedad. El Ayuntamiento de Madrid vendió vivienda pública a un fondo de inversión. Ese fondo la revende ahora por más de cuatro veces lo que pagó. El dato, en frío, quema. El problema es que nadie coincide en la letra pequeña: cuánto se pagó de verdad y en qué estado estaban las casas. De esa grieta sale todo lo demás.

¿Cuánto pagó el fondo por las viviendas públicas?​

La cifra que circula ronda los 70.000€ por vivienda. Hay quien la da por imposible —«una vivienda no costaba 70.000€ ni de coña»— y hay quien la defiende con papel: los catálogos de lanzamiento de las cajas de ahorro, Caja Madrid entre ellas, ofrecían unidades a punta pala a ese precio hace una década larga. El punto de partida del artículo es que el fondo entró a comprar cuando el mercado tocaba mínimos y bajaba, y vende ahora que sube. Ni una sola de esas cifras aparece confirmada por el consistorio en el material. Ese hueco sostiene media discusión.

Comprar con okupas y vender vacías: el cálculo que lo explica​

Aquí es donde el relato cambia de color. El cálculo más extendido sostiene que el fondo no compró ganga por arte de magia: compró con bichos —inmuebles deteriorados, con litigios, con ocupantes dentro— y ahora los coloca arreglados y vacíos, en la parte alta del ciclo. De ahí saldría buena parte del multiplicador, no de un pelotazo limpio. La interpretación se apoya en una lógica elemental: quien asume el riesgo de una vivienda tóxica cobra por asumirlo. Quien crea que el fondo compró pisos impecables y solo esperó, el multiplicador se le vuelve inexplicable. El desglose fino, partida a partida, es lo que nunca llega completo.

¿Era inevitable vender la vivienda pública a un fondo?​

No existe consenso, y el choque es frontal. Una parte sostiene que la vivienda pública se financia con dinero público y se construye para uso público, no para acabar en manos privadas: venderla es deshacer patrimonio que pagó el contribuyente. La otra responde con pragmatismo incómodo: mantener un parque ocupado cuesta dinero cada mes, y mientras no se pueda desalojar «desde el minuto cero», colocar esas unidades en un fondo es la menos mala de las salidas. La misma lógica se aplica a escala estatal con la Sareb, el banco malo que acumuló miles de inmuebles procedentes del rescate bancario y que también ha ido soltando a inversores.

La curiosidad que nadie discute: el suelo siempre gana​

Fuera de los pisos, alguien deja caer una escena reveladora: un conocido es dueño de medio Altea porque su abuela compró tierras abandonadas hace 60 años. La moraleja es tan vieja como el ladrillo y desmonta cualquier indignación selectiva: quien compra suelo barato y espera generaciones, gana. El fondo de inversión no ha hecho otra cosa que comprimir ese mismo arbitraje en una década.

Y ahí se atasca el análisis. Cuánto pagó el fondo, en qué estado estaban las viviendas y cuántas llegaron ocupadas: ninguno de esos tres números está cerrado. Sin ellos, el multiplicador del cuatro es un titular, no una cuenta.