El Ayuntamiento de Madrid vendió vivienda pública a un fondo de inversión, que años después la vende por más de cuatro veces lo que pagó

Madrid vendió vivienda pública a un fondo: la reventa multiplica por cuatro el precio​

Hace entre 10 y 14 años, el Ayuntamiento de Madrid enajenó parte de su parque de vivienda pública a un fondo de inversión. Ahora, ese mismo fondo las está vendiendo en el mercado libre por más de cuatro veces lo que pagó. La operación levanta ampollas: ¿negocio redondo para el fondo o simple evolución del mercado?

El recorrido del dinero público a la cuenta de resultados​

La cronología es sencilla. En plena crisis inmobiliaria, cuando los precios tocaban suelo, el consistorio madrileño traspasó un lote de viviendas protegidas a un inversor institucional. Según los datos que han trascendido, el precio de salida rondaba los 70.000 euros por unidad. Hoy, esos mismos pisos –tras ser rehabilitados– se comercializan por encima de los 300.000 euros. Un multiplicador que, en tiempos de burbuja, solo admite dos lecturas: o el fondo hizo una inversión excelente, o el Ayuntamiento regaló patrimonio público.

Los defensores de la operación argumentan que las viviendas se vendieron en su momento con "bichos" –necesitaban reformas–, y que el fondo asumió ese riesgo. El mismo que, según la lógica, debería haber asumido el Ayuntamiento si quería mantener vivienda pública en condiciones. Pero el consistorio optó por desprenderse del problema. Ahora el fondo recoge los frutos: sin bichos y en un mercado al alza, la rentabilidad se dispara.

¿Fue un mal negocio o una apuesta de riesgo?​

Lo cierto es que la operación se enmarca en la política de desinversión de vivienda pública que Madrid ha practicado durante años. Algunos lo ven como gestión eficiente –vender activos que generaban costes y dejar que el sector privado los ponga en valor–. Otros, como un regalo a los fondos buitre. El dato objetivo es que el diferencial de precio es brutal, pero también lo sería si el Ayuntamiento hubiera invertido en rehabilitar y vender más tarde. La pregunta incómoda es si esa plusvalía debió quedarse en las arcas públicas.

El debate político, tras los números​

Más allá de las cifras, el caso reabre el eterno debate: ¿debe el Estado construir y conservar vivienda pública, o basta con facilitar el acceso a través del mercado? Mientras unos defienden que la vivienda pública es un derecho, otros la tildan de "fascismo" y reclaman privatizaciones. En medio, está el ciudadano que ve cómo el dinero de todos se convierte en beneficio privado. Y los datos, fríos, no casan bien con el relato oficial.