El Corán prohíbe la prostitución y la política lo cruza con inmigración
Una exministra británica propuso hace días una ocurrencia: poner servicios sexuales a disposición de los inmigrantes irregulares como alternativa a la expulsión. La idea, además de jurídicamente insostenible, choca de frente con el texto que se supone que debe invocar. El Corán lo dice sin rodeos en la Sura An-Nur (24:33): la prostitución queda prohibida de forma inequívoca.
La cita se ha convertido en munición política. Quienes la esgrimen sostienen que la propuesta demuestra un desconocimiento absoluto del Islam, porque el mandato coránico es claro y no admite matices. Pero la lectura no se agota ahí. Hay quien recuerda que la tradición jurídica islámica también ha desarrollado instrumentos como los matrimonios temporales, una figura que permitiría sortear la prohibición con apariencia de legalidad y que suele aparecer en los análisis económicos sobre el comercio sexual en países musulmanes.
La polémica, como suele ocurrir, derrapa hacia la gestión migratoria. La propuesta se cruza con episodios recientes de presión migratoria en Ceuta, con críticas a la política exterior española y con denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Hay quien ve en todo ello una muestra de la decadencia del sistema democrático: el Estado prefiere sufragar prostitución a aplicar la ley.
El dato que descoloca es el contraste: la misma lógica religiosa que prohíbe la prostitución ha servido, en algunos ordenamientos, para imputar a la mujer que denuncia una agresión. Mientras tanto, la propuesta de la exministra sigue sin respuesta. Quizá porque la incógnita de fondo no es religiosa, sino económica: cuánto cuesta gestionar la migración cuando se descarta la vía jurídica.