RU prepara una ley que permitirá demandar patrimonialmente a exnovios

Reino Unido estudia pagos de exparejas sin hijos ni matrimonio​

Se puede acabar debiendo dinero a alguien con quien nunca se firmó un contrato, con quien no se tuvieron hijos y de quien ya se ha separado. Esa es la paradoja que se cuece en Reino Unido bajo el nombre de break up law, la ley de rupturas, un texto recogido por news.sky.com que daría a las exparejas la capacidad de reclamar manutención, vivienda y parte del patrimonio de la otra parte una vez rota la relación. Lo llamativo no es la pensión en sí: es quién tendría derecho a pedirla.

Qué requisitos pide la ley de rupturas​

No hace falta haber pasado por el registro civil ni tener descendencia. El texto contempla a exparejas con al menos tres años de convivencia, con hijos en común, que hayan sido víctimas de violencia o que se hayan dedicado en exclusiva a las labores del hogar. También alcanza a parejas sin niños que hayan convivido más de tres años: si se considera que una de las partes no puede sostenerse por sí misma y contribuía al día a día, podrá reclamar una paga y compensaciones a cargo del patrimonio de la otra.

El reloj, además, no se detiene con la ruptura. La reclamación puede presentarse hasta dos años después de la separación. Ese detalle es el que más incomoda: una persona puede rehacer su vida, mudarse y cambiar de pareja y, dos años más tarde, recibir la notificación. La duda que se plantea es qué impide usar ese margen como una póliza a la espera de que la relación siguiente salga mal.

En qué se diferencia de la pensión compensatoria que ya existe​

Aquí está el matiz que muchos pasan por alto. La pensión compensatoria tras un divorcio, sin hijos de por medio, ya existe en algunos ordenamientos, recuerda un participante. Lo nuevo es llevarla al terreno del noviazgo: extender a la convivencia no matrimonial un mecanismo pensado para el matrimonio. La diferencia entre estar casado y ser pareja estable se difumina, y con ella la libertad de elegir el formato.

En el hilo, la crítica dominante sostiene que la norma traslada al Estado una decisión que debería tomarse de mutuo acuerdo y que, en la práctica, equivale a un matrimonio impuesto.

El cálculo que hace quien ve riesgo patrimonial​

Un análisis repetido en el hilo, formulado por un participante, es de incentivos puros: si convivir más de tres años abre la puerta a perder patrimonio, una parte de los hombres —sobre todo quienes tienen algo que perder— se lo pensará antes de compartir vivienda, tener hijos o dejar que su pareja abandone su empleo. El contrato implícito de la pareja cambia justo en los puntos que llevaban a unirse: el proyecto común.

Traducido a decisiones cotidianas: cada uno en su casa, cada uno con su dinero y, si acaso, papeles firmados antes de dar el paso. Según otro forero, la norma forzaría incluso a las parejas de novios a firmar acuerdos prenupciales. En el trasfondo aparece la corriente que propugna desvincularse por completo del mercado afectivo, conocida como MGTOW, que lee este tipo de textos como la confirmación de sus tesis.

El efecto colateral en el alquiler y la vivienda​

En el hilo se apunta una lectura menos comentada y más fría: el mercado inmobiliario. Si menos parejas se deciden a convivir, la demanda de vivienda en propiedad cae y sube la de alquiler, en un país donde el mercado británico viene flojo. Menos hogares compartidos significa más contratos de arrendamiento, y en un parque de alquiler tenso eso empuja los precios hacia arriba. Lo que empieza como una norma civil acaba teniendo una pata inmobiliaria.

Natalidad y convivencia: la ecuación que no cuadra​

El otro frente que señalan algunos participantes es demográfico. Si el coste de convivir sube y el de separarse también, la decisión de tener hijos —que implica convivencia estable y, casi siempre, que alguien reduzca su jornada— se encarece por los dos lados. Encarecer la pareja estable empuja, según esta lectura, justo en dirección contraria a la natalidad.

La ley sigue en fase de discusión, sin desenlace conocido. Sobre un posible traslado a España, en el hilo se apunta que un gobierno como el actual podría intentar aprobar algo parecido, aunque se trata de una previsión, no de un proyecto confirmado.