El DICTADOR bolivariano PEDRO SÁNCHEZ también INDULTA a los LADRONES de los ERE

Justicia abre la puerta al indulto de los condenados del caso ERE​

El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite de los indultos al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a otros ex altos cargos autonómicos condenados por prevaricación y malversación en el caso ERE, según una información de ABC de Sevilla que abrió el asunto en redes. En la conversación se señala la paradoja de que un Gobierno en funciones mueva papeles para perdonar penas firmes. La noticia no llega sola: llega después de la amnistía a los encausados del procés, y eso es lo que ha encendido todos los fusibles.

Qué es el caso ERE y por qué pesa tanto​

El caso ERE es, según la calificación que se repite en la conversación, el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de España: una red de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía desviadas durante años. Los condenados lo fueron por prevaricación y malversación, no por un delito menor. Ese detalle es el que hace que el trámite de indulto escueza más que cualquier otro.

Hay quien sostiene que un indulto no borra la condena, solo la pena, y que la figura existe precisamente para casos excepcionales. En contra pesa el argumento de que la excepcionalidad se está convirtiendo en rutina: primero los encausados del procés —así se les llama en la conversación—, ahora los altos cargos socialistas. El patrón, dicen, ya no es jurídico sino político.

Un Gobierno en funciones firmando indultos​

El reproche más repetido no es el fondo, es la forma. Un Ejecutivo en funciones, con la capacidad de decisión formalmente limitada, pone en marcha el procedimiento y deja la firma preparada para que entre en el mismo paquete que la amnistía. La sospecha de que se aprovecha el ruido internacional para colar la medida sin coste político aparece una y otra vez.

La comparación que más duele es la de la doble vara. Mientras se tramita el perdón para un expresidente autonómico condenado por malversación, la justicia persigue con dureza a ciudadanos anónimos por delitos menores. Ese contraste —el pez grande que sale del agua y el chico que se ahoga— es el que alimenta la indignación.

La tesis del chollo: afíliate antes de delinquir​

La conclusión más cínica que circula es también la más citada: si vas a cometer un delito, afíliate antes al partido adecuado. La broma tiene fondo. La sensación de que la pertenencia política funciona como seguro judicial es lo que convierte una noticia jurídica en un problema de legitimidad del sistema.

No todos lo ven igual. Una parte del análisis recuerda que los indultos existen desde hace décadas y que ningún gobierno ha movido un dedo para eliminarlos del ordenamiento. Si el mecanismo es el problema, el reproche debería repartirse entre todos los que gobernaron y lo dejaron intacto. Es el argumento menos ruidoso y, por eso mismo, el que menos se escucha.

El PSOE protege a los suyos, el PP los deja caer​

Hay un punto en el que la conversación se vuelve casi sociológica. El PSOE arropa a sus condenados hasta el final; el PP, dicen, se desentiende de los suyos y los deja tirados cuando estorban. Esa diferencia de cultura interna explicaría por qué unos aguantan el tirón y otros se descomponen.

El cálculo completo de cuántos indultos se han concedido, a quién y con qué informe favorable del tribunal es el material que daría verdadero contexto a todo esto. Sin ese desglose, la discusión se queda en el titular.

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El trámite está abierto. La firma, pendiente. Y la pregunta que nadie responde del todo es qué queda del principio de igualdad ante la ley cuando el perdón se tramita por decreto y a la medida del condenado.