El Estado paga 50.000 euros al mes desde hace un año a medio centenar de funcionarios que no trabajan porque no tienen plaza

Una promoción de 45 inspectores de Trabajo aprobó la oposición en marzo de 2025 y terminó su formación en diciembre, pero sigue sin destino y cobrando unos 1.100 euros al mes cada uno. El bloqueo depende del cierre de un concurso de traslados y el gasto ya supera los 600.000 euros.

Hay una promoción de funcionarios en España que aprobó una oposición, hizo las prácticas y lleva casi dos años esperando a que alguien les diga dónde trabajar. Mientras tanto, cobran. Son 45 inspectores del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Superaron el proceso selectivo el 6 de marzo de 2025 y completaron su formación en la Escuela de Inspección en diciembre de ese mismo año. Desde septiembre cobran la retribución de funcionarios en prácticas, en torno a 1.100 euros al mes por cabeza.

Un gasto de más de 50.000 euros mensuales sin contraprestación

La suma de esas nóminas supera los 50.000 euros al mes. El acumulado desde que empezaron a cobrar rebasa ya los 600.000 euros, según los cálculos que manejan los propios afectados. No es una cifra que hayan desmentido desde el Ministerio. Es dinero público que sale cada mes hacia personas seleccionadas y formadas que no han desempeñado ni un solo día las funciones para las que fueron elegidas.

El problema no es que hayan suspendido ni que hayan renunciado. Es que no tienen plaza. La asignación de destino depende de que antes se resuelva un concurso de traslados entre inspectores en activo. Hasta que ese concurso no cierre, las plazas de nuevo ingreso no se pueden cubrir. Es el procedimiento habitual, dicen desde el Ministerio, un mecanismo que describen como «altamente garantista» con las carreras y los traslados de los funcionarios. El último contacto de la promoción con la Inspección para pedir un calendario fue en junio, y la respuesta que obtuvieron fue que el procedimiento «continúa su tramitación con normalidad».

Trabajo señala a Función Pública y Función Pública no responde

Cuando se pregunta por el retraso, el Ministerio de Trabajo responde que la firma de algunos documentos corresponde a la Subsecretaría de Función Pública, un cargo político del departamento que dirige Óscar López. Es decir, que la pelota pasa de un ministerio a otro sin que nadie dé una fecha. Los afectados hablan de «ausencia total de información oficial y de calendario».

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre añade una capa de incertidumbre. No porque el proceso dependa formalmente del resultado electoral, sino porque los trámites pendientes pasan por cargos políticos que podrían cambiar. Los inspectores manejan de forma informal un escenario en el que la incorporación efectiva se retrasaría hasta marzo de 2027. Si se cumple esa previsión, el desembolso acumulado superaría el millón de euros en retribuciones a personal ya seleccionado y formado que sigue sin prestar servicio.

Qué pide la promoción y qué implica para el contribuyente

Los afectados no reclaman un trato excepcional. Piden poder trabajar en lo que aprobaron y para lo que la Administración ya está pagando. Su situación encaja en un patrón conocido: procesos administrativos encadenados donde cada eslabón espera al anterior y nadie asume el coste del conjunto. El resultado es un gasto corriente que no produce servicio público y una plantilla formada que envejece sin ejercer.

Para el ciudadano que paga la nómina, la pregunta razonable es cuántas promociones más están en esa misma casilla de espera. La Inspección de Trabajo es un organismo con carga de trabajo reconocida y funciones de vigilancia del cumplimiento laboral. Tener a 45 inspectores formados sin destino mientras el concurso de traslados se cierra no es un fallo de mercado: es un cuello de botella administrativo con factura mensual.

Conviene tomar las cifras de retraso hasta 2027 como una previsión de los propios afectados, no como un calendario oficial. Sobre dinero público y procedimientos administrativos, la información definitiva solo la puede dar el organismo competente.