Edmundo bal(abogado del estado): "gente ya mayor que lleva toda la vida trabajando en lo público que ahora tendrá que ir a la seguridad social"

Muface: 1,5 millones de funcionarios y sus votos, en el aire​

Un millón y medio de funcionarios pueden dejar de tener sanidad privada concertada y pasar a ser atendidos por la Seguridad Social. Edmundo Bal, que militó en Ciudadanos, lo formuló sin paños calientes: el Gobierno «nos deja colgados» a quienes llevan toda la vida trabajando en lo público, gente ya mayor que ahora tendría que irse a la pública, donde en Madrid «tardan meses en darte cita». Su remate era una advertencia electoral: un millón y medio de votos menos.

La frase, corta y afilada, ha servido para cruzar en el mismo sitio cuatro asuntos que rara vez se discuten juntos: dinero, privilegio, voto y una cuarta cosa que casi nadie mira de frente —qué le ocurre a la sanidad pública cuando le caen encima pacientes de golpe—.

Qué es Muface y qué está encima de la mesa​

Muface es la fórmula del mutualismo administrativo: el empleado público elige entidad privada para su asistencia sanitaria y el Estado asume buena parte de la factura. Quien defiende el modelo lo describe como una condición laboral más; quien lo ataca lo llama privilegio heredado. La polémica se reproduce siempre igual: unos hablan de derechos adquiridos y otros, de dinero público financiando conciertos privados. Lo nuevo es el calendario: en el hilo se especula con un plazo de nueve meses para el trasvase, con el verano de 2025 como horizonte, y esa fecha se ha leído en clave de estrategia electoral más que de gestión sanitaria.

«Un millón y medio de votos menos»: el cálculo que incomoda​

El cálculo político de Bal es de una simplicidad brutal: 1,5 millones de mutualistas, cada uno con su familia, y un censo que pesa. La cuenta se amplía si se le suman los jubilados —entre siete y nueve millones, según la horquilla que circula—, un bloque que ningún Gobierno quiere tener enfadado. Ahí está el fondo del asunto: el empleado público ha sido históricamente un voto estable, y tocarle la sanidad es tocarle el bolsillo y la rutina a la vez. La pregunta que se desliza es si el trasvase se ejecuta antes o después de unas elecciones, y quién paga el desgaste.

«Si quieren privada, que se la paguen»​

La respuesta mayoritaria no ha sido de solidaridad. El argumento dominante es que quien quiera seguro privado se lo costee, igual que, según sostiene un participante, los 12 millones de personas que ya se lo pagan de su bolsillo mientras, además, financian con impuestos la sanidad pública. Sobre esa idea planea una ironía que se repite: si la sanidad pública era la mejor del mundo, no se entiende la prisa por conservar la privada. No falta quien ironiza señalando el cuadro: trabajadores públicos reclamando sanidad privada.

El argumento que no habla de privilegios, sino de capacidad​

La objeción con más peso técnico es otra: absorber 1,5 millones de pacientes en la pública no se resuelve con una circular. La idea que se repite es que la operación busca reventar el sistema con un exceso de usuarios que difícilmente podrá asumir, lo que empeoraría listas de espera y calidad para todos. Y hay un tramo del colectivo al que le espera un problema añadido: los mutualistas de más edad, a los que, según se advierte en el hilo, las aseguradoras privadas podrían no renovar la póliza por precio o por riesgo. Para ese grupo, el cambio no es una molestia administrativa; es quedarse sin médico de siempre.

Oposiciones, enchufes y el rencor de fondo​

Debajo del asunto sanitario asoma otro más viejo: cómo se accede a una plaza pública. Frente a quienes sostienen que las oposiciones son el proceso más limpio que existe, circulan relatos de interinos enchufados en los años ochenta a los que después se funcionarizó con un examen de trámite, y de exámenes municipales en los que, según lo publicado en su día, se marcaban las respuestas correctas en el propio enunciado. En medio de todo eso, no falta quien recuerda que sacó su plaza limpiamente tras dejarse la salud, y que el día de la toma de posesión ni siquiera sabían que iba destinado allí.

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El trasfondo del enfado no es solo sanitario: es la sospecha de que hay dos colas distintas, una con número y otra con teléfono directo. Y mientras se discute el privilegio, la pregunta incómoda sigue sin respuesta: qué pasa el primer lunes en que esos 1,5 millones de personas llamen a la puerta de la pública al mismo tiempo.