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El Gobierno cambia la ley para evitar a RTVE el pago de una deuda millonaria por IVA

jalp9000 · 2026-06-17T06:12:40+00:00

En una maniobra sin precedentes el Gobierno ha aprobado este martes por decreto una modificación legal preventiva de la Ley de la Corporación RTVE para impedir que tenga que asumir una deuda cercana a los 1.000 millones de euros por impagos en el IVA entre los años 2015 y 2025 y que está pendiente de una resolución judicial. En los últimos meses, algunas televisiones autonómicas como Telemadrid han recibido resoluciones desfavorables de los tribunales por este asunto, lo que parece haber animado al Gobierno a dejarlo resuelto antes de que haya sentencia. Según una nota difundida por el Ministerio de Hacienda, el cambio legal introduce «un nuevo artículo que señala que los impuestos que no resultan deducibles, tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal» o, dicho de otro modo, que serán incluidos en la retribución que recibe la corporación pública de la que dependen RTVE y RNE por el servicio público que presta. Fuentes de Hacienda confirman que el problema no solo se resolverá hacia el futuro sino que en el caso de que los tribunales condenen a la CRTVE a pagar el IVA pendiente, que la corporación se ha resistido a provisionar para evitar un problema mercantil, las arcas públicas asumirán también esa carga. El cambio viene a cuenta de un litigio histórico que desde hace más de una década enfrenta Hacienda con la Corporación RTVE y con el resto de entes públicos autonómicos a cuenta del IVA pagado por los bienes y servicios asociados su funcionamiento como servicios público, que la Agencia Tributaria les impide deducirse al tratarse de transferencias desde los presupuestos que no devengan IVA. El criterio ha generado un agujero millonario a todas las televisiones públicas españolas, que los sucesivos gobiernos han tratado de resolver sin ningún éxito. La nota de Hacienda justifica el cambio legal bajo el argumento de que «es obligación del Estado asegurar una financiación suficiente del servicio público cuya prestación se encomienda por ley a CRTVE, siendo el equilibrio económico-financiero de ésta una condición necesaria para su adecuada prestación». El sindicato UGT ha interpretado la medida a otro nivel: «de esta manera se evita que RTVE pueda incurrir en situaciones de desequilibrio patrimonial que puedan ser utilizadas para justificar nuevos recortes por futuros ejecutivos». En la actualidad hay al menos una docena de pleitos judiciales, de los que el de la CRTVE es de largo el más cuantioso y el que más amenazaba la sostenibilidad financiera del ente, pero que también afectan a TV3, TVG, RTV de Andalucía, el ente público de Asturias y Canal Extremadura. Los entes públicos autonómicos tienen alrededor de 200 millones de euros comprometidos en esos pleitos para los que la modificación legal del Gobierno no da ninguna solución. Un enredo que tiene en vilo a todas las TV públicas ¿Por qué se promueve esta modificación legal? Es una historia larga. Todo empezó en 2013. En aquel momento el criterio aplicado por la Agencia Tributaria era que la actividad de las televisiones públicas era dual, con una parte pública y otra privada, y como tal tenía que entenderse a la hora de tributar en el IVA. Hacienda distinguía entre su actividad comercial, asociada a los ingresos por publicidad, por comercialización de producción propia o por la prestación de servicios audiovisuales a terceros, que estaba sujeta a IVA y por tanto era deducible; y la vinculada a su condición de servicio público, por la que los medios de comunicación dependientes del Estado o las comunidades autónomas no recibían una prestación concreta sino una financiación determinada con cargos a los presupuestos. Hacienda entendía que esta segunda actividad no estaba sujeta a IVA y que, por tanto, no cabía deducción. "De esta manera se evita que RTVE pueda incurrir en situaciones de desequilibrio patrimonial que puedan ser utilizadas para justificar nuevos recortes por futuros ejecutivos" UGT Esta interpretación generó actuaciones en dos niveles. En lo que se refiere a los medios de comunicación públicos (televisiones y radios estatales y autonómicas), la Inspección de Hacienda cuestionó que se dedujeran el IVA correspondiente a las transferencias recibidas de los entes públicos de los que dependían, dado que éstas financiaban el servicio público que prestaban y, por tanto, no estaban sujetas al impuesto. Hacienda admitió que los medios se dedujeran el IVA equivalente a sus ingresos comerciales, pero no el correspondiente a las transferencias recibidas de los presupuestos públicos para cumplir su función de servicio. El resultado es que Hacienda rechazó que RTVE y los entes autonómicos pudieran deducirse el IVA soportado por los bienes y servicios adquiridos como consecuencia de su actividad de servicio público, ya que se les consideró a todos los efectos entes no sujetos a IVA. Resultado: el IVA deducido por todas esas operaciones cotidianas debía devolverse. Este criterio generó la parte del león de las millonarias controversias tributarias que han enfrentado durante la última década a Hacienda con las televisiones públicas en los tribunales, cuya solución se complicó aún más a partir del 1 de enero de 2015 con el cambio de la Ley del IVA.