El gobierno celebra el hito de los 106.000 abortos.

106.000 abortos y un Gobierno que lo celebra: la factura que nadie quiere ver​

En 2025, el Ministerio de Sanidad difundió un vídeo institucional celebrando un hito: 106.000 interrupciones voluntarias del embarazo en un solo año. La cifra viene acompañada de un apunte que duele: un 50% más que hace cinco años. Lo que debería ser un dato sanitario se ha convertido en un frente político, demográfico y, sobre todo, contable.

Del hito sanitario a la factura pública​

La primera lectura es económica. De los 106.000 abortos, alrededor de un 21% se practican en la sanidad pública: casi 22.000 intervenciones pagadas con impuestos. No es un gasto menor en plena revisión de las cuentas sanitarias. Hay quien sostiene que “una cosa es no prohibir y otra financiar”, y que el Estado, al sufragar la factura, se está dañando a sí mismo. La posición contraria defiende que el acceso público evita que el derecho dependa de la renta. El coste unitario no consta en los materiales difundidos, pero no es una consulta de primaria: es un procedimiento hospitalario con seguimiento posterior.

Para dimensionar la cifra, circuló una comparación: 106.000 bebés a 50 centímetros uno de otro cubrirían el trayecto entre Madrid y Guadalajara. La estampa no es literatura; es la magnitud de la que hablan los números.

La factura demográfica: menos nacimientos, menos cotizantes​

El segundo frente es demográfico y se llama Seguridad Social. Cada aborto evitado es un nacimiento que no llega; y cada nacimiento, un futuro cotizante. En un país con natalidad en mínimos, 106.000 no nacidos equivalen a un agujero en la base de cotizantes dentro de dos décadas. Los cálculos más crudos recuerdan que en los últimos 40 años han dejado de nacer unos 2,5 millones de niñas y otros tantos niños. La sostenibilidad de las pensiones, así, se cruza con la agenda reproductiva.

La educación sexual que no llega al quirófano​

El tercer frente es el de la prevención. Si el aborto se reconoce como derecho, el aumento de casos sugiere que la política preventiva falla. Las partidas dedicadas a educación sexual en las últimas décadas no han logrado reducir las cifras; la tendencia es justo la contraria. La pregunta es incómoda: ¿se está normalizando el aborto como anticoncepción de emergencia, en lugar de atacarse con información y métodos? Esa duda cruza trincheras ideológicas y apunta al bolsillo del contribuyente.

Un derecho, un drama o un balance: las lecturas enfrentadas​

Frente a la celebración oficial, hay quien lo lee como un fracaso colectivo. “Estés a favor o en contra, el aborto es un drama; lo que se debería celebrar es que las cifras bajaran”. Otros ponen el acento en el coste para el erario, algunos en la libertad individual y no pocos en que es un problema moral que no debería pagarse con dinero público. La única coincidencia es que 106.000 marca un punto de inflexión.

Y queda el detalle descolocado: el vídeo de la ministra, revisado a velocidad reducida, no parece contener la frase del “50% más” que abrió la polémica. La cifra exacta es matizable, pero el hito ya está en el debate público. Y la factura, también.