El Gobierno sustituye las cestas de alimentos por tarjetas monedero para evitar las colas del hambre
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que elimina la entrega física de bolsas de alimentos y las reemplaza por tarjetas monedero canjeables en supermercados. La medida, que entrará en vigor a partir de abril de 2024, está diseñada para llegar a unas 70.000 familias en situación de pobreza severa. El objetivo declarado por el Ejecutivo es "dignificar" el acceso a los productos básicos, permitiendo que las familias elijan sus propios alimentos en lugar de recibir lo que se les asigna.
El programa se articulará a través de una concesión directa a Cruz Roja Española, financiada con fondos europeos del Fondo Social Europeo. El importe máximo de la subvención asciende a 100,2 millones de euros. De esta cantidad, 95,5 millones se destinan específicamente a los gastos en alimentos y productos básicos, mientras que 4,7 millones se reservan para los gastos técnicos necesarios para establecer y gestionar el programa a nivel estatal. Esta gestión estatal será transitoria y excepcional durante 2024, con la intención de que las comunidades autónomas asuman la gestión completa a partir del 1 de enero de 2025.
Monto mensual por tipo de hogar y beneficiarios
La selección de los beneficiarios corre a cargo de los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma, priorizando a las familias con niños a cargo que perciban menos del 40% de la renta media. Las cuantías mensuales que recibirán estas familias a través de la tarjeta son superiores a las que obtenían con el modelo anterior de cestas de alimentos. Los importes se escalan según el tamaño de la unidad familiar: los hogares formados por un adulto y un menor recibirán 130 euros al mes; los de tres personas, 160 euros; los de cuatro personas, 190 euros; y los de cinco o más miembros, 220 euros. Según fuentes ministeriales, este modelo supera la media de 6 euros por persona que se recibía anteriormente, una cantidad que no cubría las necesidades básicas de atención de una persona.
La tarjeta será recargable por un máximo de tres meses, tras lo cual las familias deberán solicitar una nueva recarga. El programa tiene una duración limitada en el tiempo y no pretende cubrir las necesidades de todas las familias vulnerables, sino actuar como una herramienta complementaria a otros programas de ayuda social. Con este nuevo modelo, se pone fin a la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) para la distribución de estos alimentos específicos, aunque los bancos de alimentos continuarán funcionando con otros apoyos públicos.
Críticas sobre la gestión y el impacto económico
La decisión ha generado un amplio debate sobre la eficacia y los posibles efectos secundarios de la medida. Hay quienes sostienen que, al eliminar la intermediación de los bancos de alimentos, se facilita la reventa de los productos o su uso para adquirir bienes no alimentarios, como productos de limpieza o incluso artículos electrónicos. Se argumenta que, al no haber un control estricto sobre los productos adquiridos, las familias podrían gastar las tarjetas en comida procesada o bebidas, en lugar de productos básicos nutritivos. Además, se plantea la preocupación de que la gestión por parte de las comunidades autónomas pueda derivar en clientelismo político o en una distribución desigual de los recursos.
Por otro lado, se cuestiona la sostenibilidad del modelo a largo plazo, dado que los recursos son limitados y provienen de fondos europeos con una duración determinada. Algunos analistas señalan que esta medida podría ser un parche temporal que no aborda las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, como la falta de empleo estable o los altos precios de la vivienda. También se ha señalado que, en lugar de ayudar a las familias más vulnerables, el sistema podría estar subvencionando indirectamente a grandes cadenas de supermercados que se benefician del volumen de ventas garantizado.
Comparación con otros sistemas europeos
En otros países europeos, como Francia, existen sistemas similares de cheques o vales para la alimentación, pero con diferencias significativas en su implementación y control. En el caso francés, los cheques escolares permiten a las familias comprar una amplia variedad de productos, lo que ha generado críticas por parte de quienes consideran que se desvía el objetivo original de la ayuda. En España, la nueva medida intenta evitar las conocidas "colas del hambre", un fenómeno que ha sido ampliamente documentado en los últimos años, donde las familias formaban largas filas para recibir cestas de alimentos en puntos de distribución específicos.
La transición hacia un sistema de tarjetas monedero representa un cambio paradigmático en la forma en que el Estado aborda la asistencia social. Si bien se argumenta que esto otorga mayor libertad y dignidad a las familias, también plantea desafíos significativos en términos de control, transparencia y equidad. El éxito o fracaso de esta medida dependerá en gran medida de cómo se gestione en la práctica, tanto a nivel estatal como autonómico, y de la capacidad del Gobierno para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
La pregunta que queda en el aire es si esta medida, lejos de dignificar, acaba por mercantilizar la pobreza y convertir a los más vulnerables en un mercado cautivo para grandes cadenas, mientras la inflación sigue su curso imparable.