El gobierno exige a las CCAA obligar al uso de mascaras en todos los espacios cerrados y en trabajos de cara al público

Sanidad reactiva la propuesta de mascarilla obligatoria en interiores​

El Ministerio de Sanidad vuelve a la carga con el instrumento que ya intentó impulsar sin éxito: un protocolo común que contemple el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados cuando la curva de virus respiratorios suba. La ministra Mónica García ha dado a las comunidades autónomas de margen esta semana para sumarse al plan, que permitiría, según sus palabras, «ofrecer respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio». El año pasado la iniciativa decayó y quedó reducida a una mera recomendación, algo que la propia ministra atribuye a que fue «rechazada y boicoteada por los irresponsables del Partido Popular».

La letra pequeña del texto que se negociará incluye un punto que va más allá del ámbito sanitario: el uso obligatorio de mascarillas para todas aquellas personas cuyo trabajo las expone a un contacto cara a cara con el público o que interactúen con personas con síntomas compatibles o casos confirmados de infecciones respiratorias. Es decir, no solo hospitales y centros de salud. También mostradores, oficinas de atención y cualquier puesto de atención directa.

Qué comunidades se han movido y cuáles resisten​

El mapa autonómico ya muestra grietas. Aragón anunció que obligará a ponerse la mascarilla en centros sanitarios y espacios cerrados, en coherencia con las recomendaciones formuladas desde Sanidad. La ministra lo celebró con retintín: «Aragón se ha adelantado, pero el resto de comunidades del PP esperemos que en esta semana nos respondan». En Galicia, Sanidade activó hace dos semanas su propio Plan sanitario de invierno, que incluye la recomendación de usar mascarilla en centros de salud, PAC y urgencias, se tengan o no síntomas, y en los servicios hospitalarios donde se atienda a pacientes vulnerables.

El calendario aprieta. La reunión entre Sanidad y las comunidades incluye en el orden del día un punto informativo sobre las Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas en la temporada 2025-2026. El texto del año pasado, publicado finalmente como recomendación, ya contemplaba el uso obligatorio de mascarillas para los trabajadores expuestos al público. El Ministerio no ha concretado si mantiene las mismas propuestas, que en todo caso tendrán que negociarse con las autonomías.

El argumento del stock y la sombra de los contratos​

Hay un hilo argumental que recorre buena parte de las réplicas y que tiene poco de sanitario. La sospecha de que detrás del impulso hay un problema de inventario: toneladas de mascarillas compradas durante la pandemia que habría que colocar de alguna forma. La referencia a los contratos de material sanitario adjudicados en aquellos meses aparece una y otra vez, con nombres propios de intermediarios y cargos públicos que acabaron en los tribunales. La coincidencia temporal entre la reactivación del discurso mascarillero y los procesos judiciales abiertos por aquellas adjudicaciones alimenta la teoría. No hay ninguna prueba de que ambos asuntos estén conectados, pero la sospecha circula con fuerza.

El segundo frente es el de la eficacia. Se cita un informe que, según quienes lo esgrimen, no avaló el uso generalizado de mascarillas. Y se añade un argumento que va por otro camino: las quirúrgicas serían inútiles frente a cualquier virus, mientras que las de tela, ni se discuten. La conclusión que extraen muchos es que la medida responde más a una coreografía política que a una necesidad epidemiológica.

De la mascarilla al calendario electoral​

La lectura política es inevitable y aparece en casi todos los tramos de la conversación. Hay quien sostiene que la ministra busca su momento de gloria antes de unas próximas elecciones y que la medida es una forma de hacerse la importante. Otros apuntan a un cálculo más amplio: reactivar el conflicto sanitario para movilizar a un electorado cansado y, de paso, tensar el ambiente antes de las navidades. La frase que resume esa corriente es que quieren «putear las navidades que son de fachas» para después liberar a los suyos en las fechas señaladas del calendario festivo.

Enfrente, la tesis de que la derecha autonómica está atrapada en una trampa de doble filo: si acepta el protocolo, enfada a su base; si lo rechaza, la ministra ya tiene el titular de la irresponsabilidad. El PP ya vivió esa película el año pasado y la ministra se lo ha recordado por escrito en una carta enviada la semana pasada a los consejeros autonómicos, apelando «sobre todo a las comunidades del PP».

Lo que se juega en la reunión de esta semana​

El desenlace está abierto. La reunión entre Sanidad y las comunidades tiene sobre la mesa un documento que, si sale adelante como protocolo común, permitiría respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio. Si no hay acuerdo, quedará otra vez como recomendación y cada autonomía hará lo que venía haciendo: Galicia con su plan invernal, Aragón con su obligación en espacios cerrados y el resto a la espera.

Mientras tanto, la conversación pública se ha llenado de pronósticos. Hay quien da por hecho que el encierro está al caer y quien recuerda que el año pasado se anunció lo mismo sin que ocurriera nada. La pregunta que flota, y que nadie responde con datos, es si esta vez hay algo distinto bajo la mascarilla o es la misma obra con otro decorado.