El gobierno planea que todas las multas del estado se paguen en función de la renta

Multas según renta: 500 euros a rentas altas, 140 a rentas bajas​

Un conductor con ingresos de entre 70.000 y 85.000 euros pagaría 500 euros por la misma infracción que a un trabajador que cobra hasta 1,5 veces el SMI le costaría 140, según un cálculo que circula en el debate. La progresividad en las sanciones administrativas deja de ser una hipótesis de laboratorio y entra en el terreno de la política fiscal: el Estado recaudaría 300 euros más por cada infractor de renta alta, mientras rebajaría apenas 60 euros la multa a los tramos bajos. El resultado, según esos cálculos, es una caja que engorda por arriba y apenas alivia por abajo.

La propuesta, que afectaría a todas las multas del Estado y no solo a las de tráfico, ha reabierto un debate que va mucho más allá de la DGT. ¿Se puede disuadir con una sanción que no duele igual a todos? ¿Es justo que el mismo aparcamiento indebido cueste tres veces más según la nómina?

Qué plantea exactamente el gobierno con las multas por renta​

El esquema es sencillo de enunciar y complicado de aplicar. La cuantía de la sanción dejaría de ser fija y se calcularía en función de los ingresos declarados del infractor. En el ejemplo que maneja el debate, un conductor con rentas de 70.000 a 85.000 euros abonaría 500 euros; alguien que ingresa hasta 1,5 veces el SMI pagaría 140. La diferencia entre ambos tramos —360 euros— es superior a lo que el Estado deja de ingresar por el segundo.

Hay quien lo compara con el IRPF: un impuesto progresivo que ya existe y que nadie discute en su lógica. Y hay quien responde que una multa no es un impuesto, sino un castigo, y que mezclar ambos conceptos abre una puerta que nadie sabe dónde termina. El argumento del efecto disuasorio es el que más pesa entre los defensores: si una sanción de 200 euros es calderilla para quien gana 80.000 y un drama para quien gana 16.000, la norma no disuade al primero ni protege al segundo.

El problema de los insolventes: quien no paga, nunca paga​

La objeción más repetida no es ideológica, sino práctica. Si las multas se ajustan a la renta, ¿qué pasa con quien no tiene renta declarada? El cálculo es implacable: X · 0 = 0. Quien no tiene ingresos legales no paga, y quien tiene ingresos opacos sigue pagando lo mismo que siempre: nada.

El corolario es incómodo. La progresividad premiaría al que ahorra —un mileurista con patrimonio acumulado vería su multa subir— y dejaría intacto al que opera en la economía sumergida. El resultado sería una suerte de justicia fiscal que castiga al que declara y perdona al que no. Varios mensajes lo resumen con crudeza: los que nunca han pagado una multa seguirán sin pagarla, y los que siempre han pagado pagarán más.

Multas por renta en Finlandia: el precedente que se cita y el que se omite​

El ejemplo finlandés aparece en el intercambio como aval del sistema. En Finlandia las multas de tráfico se calculan en función de la renta y hay casos documentados de sanciones de cinco cifras. Pero el trasplante no es automático: allí el sistema fiscal tiene un nivel de cumplimiento y control que en España no se da, y la economía sumergida es una fracción de la española.

La comparación sirve para lo que sirve: para demostrar que el mecanismo existe. No para demostrar que funcione igual en un país donde la mitad del empleo joven es temporal y donde el fraude fiscal se concentra en tramos de renta que no aparecen en ninguna nómina.

La igualdad ante la ley y el precedente del IRPF​

El debate jurídico es el más espinoso. La igualdad ante la ley es un principio constitucional, y hay quien sostiene que una multa variable rompe ese principio: dos personas cometen la misma infracción y reciben sanciones distintas. La respuesta es que el IRPF ya hace exactamente eso con los impuestos, y nadie lo considera inconstitucional.

El contraargumento es que un impuesto y una sanción no son lo mismo. El impuesto grava la capacidad económica; la sanción castiga una conducta. Si el castigo depende de la cartera, la justicia deja de ser ciega y empieza a mirar el bolsillo. La discusión se extiende a las penas de prisión: si aceptamos que la multa se adapte a la renta, ¿por qué no adaptar la condena a la edad o a la esperanza de vida del reo? La pendiente resbaladiza se invoca en ambos sentidos.

Lo que nadie discute: la recaudación​

El punto de consenso, paradójicamente, es el más cínico. Casi nadie cree que el objetivo real sea la justicia. El incremento de 300 euros por infractor de renta alta frente a la rebaja de 60 euros para los tramos bajos deja un saldo neto positivo para las arcas públicas. La medida recauda más de lo que devuelve.

Y ahí está el problema de fondo. Si el objetivo fuera disuadir, bastaría con el carnet por puntos, que afecta por igual a ricos y pobres. La progresividad en las multas no disuade más: recauda más. La pregunta que queda en el aire es si un Estado que necesita ingresos puede permitirse el lujo de renunciar a una herramienta que, con la excusa de la justicia social, le garantiza caja sin subir impuestos.