El gobierno regulariza a 900.000 forasteros.

El reglamento de Extranjería regularizará 300.000 personas al año​

¿Cuánta población necesita España para sostener lo que ya tiene montado? El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, un texto que, según La Moncloa, «simplifica procedimientos, elimina duplicidades y da mayores garantías y rigor jurídico». La cifra que resume el plan: regularizar 300.000 personas al año durante los próximos tres años, lo que suma en torno a 900.000 permisos. La noticia la adelantaba 20minutos.

El dato no es menor. Equivale a incorporar cada año un contingente de población del tamaño de una ciudad media española, con efectos directos sobre el mercado laboral, las cotizaciones y el gasto sanitario. La propia ministra lo enmarcó en un rasgo que, sostiene, distingue a España del resto de socios europeos.

¿Qué cambia el nuevo reglamento de Extranjería?​

El corazón del texto está en los arraigos. La norma recoge cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad. La principal novedad consiste en homogeneizarlas y en recortar de 3 a 2 años el tiempo de permanencia exigido para poder solicitarlas.

Según la ministra, España es el único país de la Unión Europea que dispone de una figura específica para regularizar personas día a día, lo que permite obtener un permiso de residencia y de trabajo. No es, por tanto, una amnistía de un solo uso, sino una vía permanente que el reglamento reorganiza. Ese matiz separa este movimiento de las regularizaciones extraordinarias de otras épocas.

Quien esperaba un cierre de puertas tiene aquí lo contrario: menos tiempo de espera y un procedimiento más ordenado. Y quien esperaba un control estricto se queda con la misma pregunta de siempre: cuánta de esa gente acaba efectivamente trabajando y cotizando.

El efecto llamada y el dato de las llegadas​

El argumento más repetido en contra del plan tiene nombre propio. Se sostiene que un marco más benévolo atrae más llegadas, y para respaldarlo se echa mano de las últimas estadísticas: en 2024 llegaron más inmigrantes que en 2023, un 16% más, según los datos que maneja un informativo de referencia.

La réplica es que esa relación causa-efecto nunca queda demostrada del todo. El país arrastra un paro elevado, pero también tiene sectores que no cubren vacantes con mano de obra nacional. Y aquí arranca la parte interesante: si el marco legal fuera de verdad el imán principal, la última década debería haber registrado siempre el mismo patrón, y no fue así.

La conversación saltó pronto del texto legal a los efectos prácticos, y ahí es donde se pelea de verdad.

Trabajadores, salarios y el coste de la sanidad​

El núcleo económico del asunto tiene un diagnóstico que ya figura en los informes: el tejido productivo español se sustenta en mano de obra joven y barata, la productividad es baja y las empresas son pequeñas, en parte porque el mercado interior está troceado. Ese retrato, que firma el Banco de España, es el que da munición a los dos bandos.

Un lado subraya que sin esos trabajadores el sistema no aguanta: las cotizaciones de los ocupados sostienen unas pensiones que cada vez cuelgan de menos hombros. El otro responde que poner el acento en la cantidad de personas es una forma de no tocar la productividad ni el tamaño empresarial, que es donde está el problema de fondo.

Y en medio, las cuentas que nadie termina de cuadrar. Se argumenta que atender sanidad, educación y servicios sociales a toda esa población supone un coste que no aparece en el folleto. El contraargumento es que esos mismos servicios ya estaban tensionados antes de que llegara el último.

¿Mano de obra necesaria o salarios a la baja?​

Aquí el desacuerdo es frontal y probablemente irresoluble por vía estadística. Con una tasa de paro de las más altas de Europa, hay quien pregunta cómo se puede traer gente mientras hay españoles buscando trabajo. La respuesta de consenso parcial: no siempre es el mismo perfil, ni la misma provincia, ni el mismo sector.

Otra línea de análisis, más incómoda, sostiene que lo que buscan ciertos sectores es mano de obra dispuesta a condiciones que un trabajador nacional no aceptaría, y que eso presiona los salarios de abajo hacia abajo. Es una tesis difícil de demostrar y fácil de esgrimir. Los defensores de la regularización devuelven la pelota: si el mercado necesitara esos empleos cubiertos, bastaría con pagarlos mejor.

La experiencia de flujos recientes añade otra capa. Hay cálculos que sitúan en torno al 50% la tasa de ocupación de los refugiados ucranianos acogidos, gente con perfil europeo y formación. Si con ese grupo las cifras no son de pleno empleo, la pregunta sobre el resto se plantea sola.

Lo que sigue abierto​

El reglamento ya está aprobado; sus efectos, no. Las previsiones anuales del propio Gobierno hablan de 300.000 personas al año, pero nadie firma todavía cuántas acabarán cotizando, cuánto sumarán a las arcas y cuánto restarán en prestaciones. Los que defienden la medida apuntan a un problema demográfico que no admite espera. Los que la atacan hablan de una cesión sin contrapartidas.

Al final, la pregunta de siempre: se aprueban 900.000 regularizaciones con un folio y una rueda de prensa, y luego resulta que el único cálculo que nadie ha publicado con detalle es el de la caja.