El Gobierno socialista de Asturias facilitará vivienda pública a las mujeronas de más de 55 años

Asturias destina 8,4 millones a vivienda pública para lesbianas mayores de 55 años​

El Principado de Asturias, gobernado por el socialista Adrián Barbón, ha reservado 8,4 millones de euros en los presupuestos de 2026 para facilitar vivienda pública a un colectivo muy concreto: lesbianas de más de 55 años. La partida, gestionada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que dirige el líder de IU Ovidio Zapico, supone un incremento de más del 1.000% en gasto «ideológico» en solo dos años, según algunas críticas.

La medida, que pretende abordar un nicho de vulnerabilidad dentro del colectivo LGTBI+, ha despertado dudas incluso entre sus potenciales beneficiarias. La principal: ¿cómo se acredita la condición de lesbiana sin caer en un control administrativo absurdo o en el fraude de ley? Con la ley de autodeterminación de género, cualquier persona puede inscribirse como mujer en el registro civil, y si además declara su orientación sexual, ¿qué impide a un hombre declararse lesbiana para acceder a una vivienda tasada? Los defensores del programa sostienen que se trata de una discriminación positiva necesaria; los detractores, que es un gasto ideológico sin criterios claros que discrimina al resto de ciudadanos.

El problema de la definición y la ejecución​

Más allá del debate político, el diseño de la política choca con la realidad burocrática. Para evitar el fraude, se necesitaría un sistema de verificación que podría vulnerar la intimidad o resultar inaplicable. ¿Se exigirá una declaración jurada, un empadronamiento conjunto, testigos? Sin una definición operativa de «lesbiana», la medida corre el riesgo de convertirse en uncheque en blanco o en una fuente de litigios. El Principado no ha detallado aún los mecanismos de control, lo que alimenta las sospechas de que el anuncio responde más a la lógica de la subvención identitaria que a un plan de vivienda serio.

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Con estos mimbres, la pregunta que flota en el ambiente es si los 8,4 millones se traducirán en viviendas reales para personas mayores en riesgo de exclusión o si se evaporarán en un laberinto administrativo. La respuesta la dará la ejecución presupuestaria, pero el escepticismo está justificado.