879.225 hogares cobran ya el IMV: el gasto social crece un 16,9%
El ingreso mínimo vital ha dejado de ser un parche temporal para convertirse en el pilar central de la protección social en España. El dato de julio no admite relectura: 879.225 hogares reciben la prestación, un 16,9% más que hace un año. Quienes defienden la medida hablan de vidas salvadas; los escépticos hablan de dependencia. La cifra, por sí sola, da la razón a ambos.
La frialdad de los números y el ruido político
El despliegue del IMV no para de ampliarse. En julio, la nómina de hogares perceptores creció un 16,9% interanual, un ritmo que indica que la prestación se está normalizando como renta de sustitución para una parte de la población. Las estimaciones que manejan los analistas elevan el número de personas cubiertas a 2,7 millones, alrededor del 5% del censo. No son individuos abstractos: son hogares que dependen de una transferencia pública para llegar a fin de mes.
A la vez, las cifras de empleo dibujan una paradoja. Oficialmente el paro ronda el 10%, pero si se añade el trabajo no declarado, el porcentaje real se acercaría al 15%. Y el volumen de horas trabajadas sigue siendo el mismo que en 2008, aunque los afiliados a la Seguridad Social hayan aumentado en tres millones. O lo que es lo mismo: hay más gente censada como ocupada, pero no más actividad productiva.
El IMV, ¿salvavidas o trampa?
Hay una corriente que sostiene que el IMV debería haberse implantado hace décadas, como red de seguridad que evita que la gente se vea obligada a aceptar cualquier trabajo en condiciones indignas. Frente a ella, otra lectura insiste en que una parte de los beneficiarios elige la prestación antes que un empleo, y que el sistema premia la minoración del esfuerzo. Un tercer enfoque, más cínico, ve en el aumento de perceptores una operación de maquillaje social: se aplaza el conflicto con una renta mínima que no toca las causas estructurales de la desigualdad.
La previsión más razonable es que el IMV siga creciendo mientras el mercado laboral no genere empleo de calidad. El verdadero examen llegará cuando el Estado tenga que decidir si amplía la nómina o la congela. Para entonces, 879.225 hogares ya no serán una estadística: serán un electorado.