El jefe de la Armada contesta a Vox: «No estamos para contener a los cayucos, sino para ayudarles»

El jefe de la Armada a Vox: los cayucos se rescatan, no se apartan​

Un almirante general dice en público que sus barcos no van a frenar cayucos. La réplica que recibe desde una parte del público no es un matiz técnico: es el artículo 8 de la Constitución. El jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, lo dejó claro ante Vox: ante un cayuco, la misión de un buque militar es ayudar, salvar y rescatar a sus ocupantes y, «en ningún caso», apartarlos. La pregunta que le habían hecho era otra: si hacía falta más presencia naval en el Estrecho y en aguas de Ceuta y Melilla para poner freno a la inmigración irregular que llega en embarcaciones.

Qué dijo el jefe de la Armada sobre los cayucos​

Piñeiro respondía al dirigente de Vox Javier Ortega Smith, que había planteado reforzar la presencia de buques en esas aguas. Su contestación fue una frontera de misión. «Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal», dijo. Los buques pueden identificar embarcaciones que transportan personas de forma ilegal o ponerlas al servicio de la justicia, como se hace en la Operación Atalanta de la Unión Europea. Lo que no harán es apartar a quienes van a bordo: «No estamos para eso».

El almirante colocó el rescate en el centro y empujó el resto fuera de su cadena de mando. La inmigración irregular es «más un problema del Gobierno», afirmó, y añadió que no se trataba de «tirar balones fuera». Las Fuerzas Armadas, concedió, sí pueden servir como herramienta de cooperación en los países de origen, como se hace en Mauritania. Sobre la única misión del barco no dejó duda: ayudar a la gente. «El resto es una cuestión que está por encima de las Fuerzas Armadas».

¿Por qué se cita el artículo 8 contra el almirante?​

El artículo 8 atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. De ahí parte una de las objeciones más repetidas en el hilo: si la llegada de embarcaciones se lee como un ataque a la soberanía, la Armada tendría el deber de intervenir, y no solo de rescatar. Una corriente sostiene que una invasión no necesita obuses para serlo. Otra añade que el marco constitucional de 1978 convirtió a los herederos de los tercios en una fuerza auxiliar de la OTAN, con la cúpula más pendiente del ministerio que del pueblo.

Enfrente pesa un argumento menos épico y más jurídico. Un buque que llega a la escena de un naufragio tiene obligación de socorro, y el propio almirante reconoció que en ocasiones hay que escoger a quién se rescata. La comparación con otras marinas se usa como prueba: se pregunta qué diría un alto mando naval de Australia, Estados Unidos o Japón ante la misma pregunta. La respuesta imaginada es que ninguno daría esta réplica. Ahí queda eso.

Dónde está la zona SAR española y por qué se rescata tan lejos​

Aquí aparece el dato que, según el desglose que circula en el debate, reordena el asunto. España tiene asignada una zona de rescate (SAR) que llega hasta unos 70 kilómetros de las costas de Mauritania y Senegal, y dentro de ese perímetro existe obligación de rescate y socorro. Según ese mismo desglose, las aguas territoriales de esos países alcanzan 22 kilómetros desde su costa, donde ejercen plena soberanía, y a continuación se extiende una zona contigua de otros 22 kilómetros con competencias limitadas.

El mismo desglose sostiene que los traficantes sacan las pateras fuera de las aguas mauritanas y senegalesas y las dejan dentro de la zona SAR española. Si eso es así, el rescate no es el primer eslabón de nada: es la última pieza de una cadena que empieza en tierra, con la logística y el cobro por adelantado en origen. Un buque no decide dónde empieza el viaje. Solo llega cuando ya está en marcha.

Operación Sophia: 300 personas en el agua y sitio para veinte​

Para explicar la crudeza, Piñeiro recurrió a la Operación Sophia, la misión europea contra las redes de tráfico en el Mediterráneo en la que participaron fragatas españolas en labores humanitarias. La describió como una de las que más han marcado a su gente. «La impotencia de tener 250 o 300 personas en el agua que no saben nadar, que se van a ahogar, y tú con una embarcación en la que puedes meter 10 o 20 para sacarlos del agua», relató. Y remató: «Eso es muy duro».

Ese párrafo, pensado como explicación humana, funcionó para una parte del público como confirmación de lo contrario. Si el buque solo puede sacar a veinte, razonan, la única forma de reducir ahogados es que no salgan pateras. Otros leen ahí la prueba de que el problema excede cualquier decisión militar. Y una tercera corriente no discute números: discute lealtades y pide responsabilidades disciplinarias contra la cúpula.

¿Es el rescate una política migratoria o una obligación en el mar?​

La pregunta de fondo es quién decide. El jefe de la Armada no fija la política migratoria ni tiene competencia sobre fronteras: responde a una cadena que arranca en el Ministerio de Defensa y termina en el Gobierno. Hay quien subraya justo eso, que el desacuerdo no es con un almirante concreto sino con el diseño que le pone a rescatar donde otros quieren que contenga. Quien manda, manda.

De la comparación con otros episodios sale otra queja recurrente. Hay quien recuerda las críticas a la intervención militar en catástrofes dentro de España, cuando el despliegue dependió de que llegara el aviso correspondiente, y lo usa como término de comparación con la doctrina en el mar. La respuesta técnica —competencias, marcos legales, misiones asignadas— es correcta y no satisface a casi nadie.

Con la zona SAR a 70 kilómetros de África según ese desglose, el deber de socorro en el mar y la frontera política en manos del Gobierno, el choque no se cierra con una orden. La duda que queda flotando es incómoda: si ni la Armada va a frenar cayucos ni nadie quiere firmar la orden de no rescatarlos, ¿qué cambia exactamente el siguiente que suba a ese atril?