El nuevo carnet digital para webs de adultos: ¿será efectivo?

Solo las webs porno con sede en España acatan el carnet digital​

¿De qué sirve un carnet de mayoría de edad si las webs que mueven el negocio no están aquí para recibirlo? El Gobierno presentó el 1 de julio un sistema de credenciales para verificar la edad antes de entrar en páginas de contenido para adultos, y el primer dato incómodo apareció enseguida: las diez webs más visitadas del país son extranjeras y, por tanto, ajenas a la obligación. La medida se vende como una barrera contra el acceso de menores, que según el planteamiento del Ejecutivo empieza entre los 9 y los 11 años. La barrera, de momento, tiene la altura de una sede fiscal.

Los datos de la firma de analítica SEMRush correspondientes a mayo dejan el mapa claro. Pornhub acumuló más de 150 millones de visitas en España y tiene su domicilio en Luxemburgo. XVideos sumó 110 millones y opera desde la República Checa, el mismo país donde se registra XNXX, con 31 millones. Ninguna responde a un requerimiento español. Ninguna, tampoco, ha mostrado intención de hacerlo.

Qué webs porno se escapan al bloqueo y por qué​

El criterio que separa lo posible de lo deseado es la sede. Una empresa domiciliada fuera no puede ser obligada a aplicar un sistema de verificación que no existe en su ordenamiento, y el planteamiento solo contempla a las establecidas en territorio español. La lista de las más visitadas —Pornhub, XVideos, XNXX, xhamster, hentaila, onlyfans, amateur, toroporno y vercomicsporno— es, en la práctica, la lista de las que quedan fuera.

La consecuencia es casi aritmética: si solo quedan un par de nombres con estructura nacional, el incentivo para mudar el domicilio social a Irlanda, Andorra o cualquier jurisdicción más cómoda es evidente. Se ha hecho antes y por motivos menos incómodos. Nadie necesita un gran despacho de abogados para entender que el bloqueo llega solo a quien quiere quedarse quieto.

Cómo funciona el carnet digital de verificación de edad​

El sistema reparte 30 credenciales: tres por cada página web, y cada una admite hasta diez usos. Se pueden renovar cuantas veces haga falta y no limitan ni el número de visitas ni el tiempo de permanencia. Quien ya es mayor de edad no se queda sin acceso; simplemente pasa por una puerta con portero.

El diseño busca demostrar la mayoría de edad sin entregar el DNI completo a cada web, un equilibrio entre privacidad y control que suena razonable hasta que se mira el coste de montarlo y mantenerlo. Ahí empieza la otra discusión.

El temor al ID digital: del porno a la puerta de entrada​

Una parte del análisis sostiene que el contenido para adultos es solo el primer supuesto y que la infraestructura de identificación acabará extendiéndose a otros terrenos: acceso a ayudas, operaciones con dinero, control de lo que se publica. El mismo sistema que hoy verifica una edad mañana puede verificar cualquier otra cosa, y el precedente ya se intentó vender con la coartada del miedo.

La réplica oficial es que la verificación es puntual y que no cambia nada para los adultos. No convence a todo el mundo: hay quien ve en cualquier carnet de identidad aplicado a la navegación el principio de un registro de lo que hace cada cual en internet. Pajaporte, lo llaman.

VPN, proxies y por qué el bloqueo se esquiva en dos minutos​

Cualquiera con un mínimo de soltura sabe que una VPN o un proxy dejan el filtrado sin efecto. La cuestión no es técnica, es de masa crítica: la mayoría usa el navegador que trae el teléfono y no va a instalar nada. Basta con que esa mayoría pase por el aro para que la medida tenga efecto estadístico y ninguno real.

Hay otro argumento menos conocido. El contenido para adultos es una porción considerable del negocio de interconexión entre operadores, redes de distribución y CDN: teras de tráfico que se compra y se vende, con penalizaciones por incumplir los niveles de servicio acordados. Meter filtros donde hay contratos de ese calibre no sale gratis.

Quién paga el sistema y quién cobra por montarlo​

Montar una aplicación de identificación estatal cuesta dinero público, y la duda razonable es quién se lo lleva. El recuerdo de otras herramientas sanitarias de emergencia, desarrolladas a toda prisa y con escaso uso posterior, alimenta el escepticismo. También la sospecha, repetida en cada debate sobre digitalización, de contratos tecnológicos adjudicados por la vía rápida a consultoras cercanas.

La crítica no discute que el problema exista. Discute el instrumento, el calendario y la factura. Con las dos únicas webs nacionales camino del extranjero, el carnet queda como un portero de discoteca en una calle vacía: se aplicará con rigor a quien no lo necesita y no llegará nunca a quien debía parar.