El padre del niño malo da la educadora: "mi descendiente debería estar encerrado hace mucho tiempo"

El padre del menor acusado en Badajoz señala a la Administración​

Un cocinero, padre del adolescente imputado por la muerte de una educadora en Badajoz, concede una entrevista y descarga su tesis: nada de esto empezó el día del crimen. «Esto no se desencadena de un día para otro, sino por una serie de decisiones -insiste- desde que mi hijo es muy pequeño y por las decisiones que va tomando la administración, cada una peor que la otra». No suena a lamento de padre, suena a acusación: no contra el chaval, sino contra una administración que, sostiene, lleva más de una década tomando decisiones equivocadas sobre el niño. El caso ha reabierto la discusión sobre la custodia, las pensiones y el papel real de unos servicios sociales que, según su relato, vieron pasar todo sin intervenir.

La víctima era una auxiliar educativa que trabajaba en un piso tutelado y cobraba, según la información publicada, 15.000 euros netos al año. Su muerte no es la única cifra del caso. Hay más, y casi ninguna cuadra bien.

¿Qué dice el padre del menor acusado en Badajoz?​

Su tesis es que nada de esto empezó el día del crimen. «Esto no se desencadena de un día para otro, sino por una serie de decisiones -insiste- desde que mi hijo es muy pequeño». Apunta a tres frentes: un divorcio duro, la adicción de su exmujer y una administración que, dice, siempre llegó tarde. Al margen del mayor, tiene otros dos hijos «más pequeños, que están siendo señalados».

El relato incluye un divorcio complicado por denuncias por violencia de género y, según el padre, por consumo de drogas delante de los niños. La mujer fue acusada de malos tratos, recuerda. La custodia, durante seis años, recayó en ella. Según su versión, el dinero público y la pensión sostuvieron ese arreglo: entre 1.800 y 2.000 euros al mes que, asegura, no se destinaron a los hijos. Es una afirmación del padre, no un hecho probado.

La custodia: seis años con la madre, después con el padre​

En esa cronología está la clave del enfado. Según el relato del padre, el menor pasó seis años con la madre; después la custodia recayó en él. El chico tiene 15 años. «Cómo sería la cosa -dice-, tal y como están las leyes, para que eso ocurriera». En ese primer tramo sitúa la pérdida: un niño que faltaba al colegio, que llegaba a perder 700 horas de clase en un solo curso, y que, asegura, «lo sabía la Administración, lo sabían los profesores, los directores». Nadie hacía nada. Salvo, matiza, el Colegio San José de Villafranca, que sí ayudó.

Aquí aparece el flanco más incómodo para el propio padre. Si la custodia acabó recayendo en él, ¿qué hizo a partir de entonces? Hay quien sostiene, dentro del propio caso, que un crío de esa edad aún se puede reconducir y que echar la culpa a todos menos a uno mismo es la salida fácil. El padre, en cambio, coloca el daño antes, cuando el menor «estaba solo» con su madre.

¿Hubo avisos antes del crimen?​

Los hubo, y por escrito. El padre de otro de los menores internados en el mismo recurso remitió un aviso a la empresa gestora el mismo domingo del suceso: «Me preocupa gravemente la seguridad de mi hijo, ruego que sea derivado de forma urgente a otro recurso». Pedía que lo sacaran de allí, junto al otro chico. No se hizo a tiempo.

En Villafranca de los Barros, los vecinos describen a uno de los jóvenes como «un pieza». La frase se repite: «su padre ya había avisado de que no podía con él». El otro progenitor, en entrevistas posteriores, reconoció rabia «por no haber sido capaz de evitarlo». Todo un rosario de señales encendidas antes de que alguien muriera.

El negocio de los chiringuitos​

El padre aprieta ahí donde más duele en términos económicos: los recursos concertados. Mantener el tratamiento de menores con problemas es, dice, «un negocio» que se reparte entre allegados con carné. Según se señala en el debate, el piso tutelado estaba gestionado por una empresa concesionaria que también opera servicios de dependencia. La auxiliar asesinada cobraba 15.000 euros al año. La brecha entre lo que cuesta el servicio y lo que gana quien está en primera línea alimenta la sospecha de una industria de la intermediación.

La cuestión no es baladí en clave de país. Si el sistema falla tanto en custodia como en recursos tutelados, cada fallecimiento reabre la misma pregunta: ¿dónde está el responsable? El padre lo tiene claro. «Claro que hay unos culpables, pero lo diré a su debido tiempo y delante de un juez». Nombres, cargos y firmas, promete, llegarán a un juzgado.

¿Es el menor una víctima o un asesino?​

El debate se parte justo aquí. Una corriente subraya que un entorno roto explica mucho, pero no todo: hay miles de críos de familias desestructuradas que no matan a nadie. Otra insiste en lo contrario, que la falta de un referente estable, sumada a drogas y alcohol, es el caldo perfecto. Y una tercera, la que más incomoda, señala que exigir responsabilidad al sistema no exonera a quien empuñó el arma.

Lo que nadie discute es el dato que se repite en cada esquina del caso: los avisos existían, los papeles existían, los nombres existían. Lo que faltó fue que alguien los leyera a tiempo. Y ahora la factura la paga, otra vez, alguien que solo iba a trabajar por 15.000 euros al año.