Impresionante filman el exterior de un centro de menas y en minutos: se pelean, roban, actúan raro, acusan a mujeres

El coste de los centros de menores: de 4.000 a 15.000 euros al mes​

Un vídeo grabado en el exterior de un centro de menores tutelados muestra peleas, hurtos y escenas de tensión. La pieza, difundida por una cuenta que se presenta como fuente exclusiva, ha servido para reabrir una discusión que va mucho más allá de la anécdota: cuánto cuesta mantener estas plazas, quién las gestiona y por qué el asunto se ha convertido, según los críticos, en un filón para el negocio de la concertación. Los datos que manejan los críticos con el sistema van de los 4.000 euros mensuales por plaza en Canarias hasta los 15.000 que se atribuyen a Mallorca, pasando por licitaciones que, según un cálculo que circula, rondarían los 60.000 euros al mes por usuario antes de descuentos.

La discusión no es nueva, pero el vídeo ha vuelto a poner el foco en un modelo donde, según los críticos, el gasto público se dispara mientras la convivencia en los entornos residenciales se degrada. Hay quien sostiene que el problema es de gestión y de falta de control sobre las concesionarias; otros apuntan directamente a la naturaleza de las plazas y a la ausencia de políticas de retorno. En medio, una pregunta incómoda: si el coste por plaza supera el salario medio de un trabajador español, ¿qué se está pagando exactamente?

De los 4.000 euros de Canarias a los 15.000 de Mallorca​

El punto de partida lo pone una cifra que se repite en el intercambio: 4.000 euros mensuales por menor en Canarias. Ese número, atribuido a una propuesta política, sirve de base para una escalada que en Mallorca se dispara hasta los 15.000 euros al mes, según el cálculo que maneja un participante. La horquilla no es menor: multiplicada por los 4.000 menores que se citan en el archipiélago, arroja 60 millones al mes y 720 millones al año.

El desglose que se hace en la discusión incluye conceptos que no siempre aparecen en los pliegos oficiales. Se mencionan alquileres de propiedades con piscina y jacuzzi por 20.000 euros al día, un dato que se lanza sin más respaldo que la afirmación de quien lo escribe, y se apunta a que el 70% de la policía nacional de Mallorca estaría dedicada a vigilar que los residentes de estos centros no entren en conflicto con mafias de diverso origen. La comparación con las pérdidas que los aranceles de Trump causan en algunos sectores —1.000 millones, se dice— sirve para subrayar la magnitud del negocio: la industria de los menores no se publicita tanto.

¿Quién gana con las plazas concertadas?​

La sospecha de que el dinero no llega a los chavales recorre buena parte de los mensajes. Un cálculo que se repite en el intercambio sostiene que la plaza se licita por unos 60.000 euros al mes, que con un descuento del 20% en la adjudicación se quedaría en 48.000. Por ese dinero, se argumenta, ni siquiera se garantiza que los menores pernocten en el centro: comida y alojamiento gratis, libertad para moverse y un contrato que premia gastar lo mínimo que exija el pliego. El beneficiario no sería el chaval, sino la empresa concesionaria.

La cifra de 4.000 euros mensuales de subsidio directo se discute en esos mismos términos: no se entrega a los menores, sino que engorda el presupuesto de las adjudicatarias. Esa brecha entre lo que se paga y lo que se invierte en el menor es, para muchos, la clave del asunto. Y explica por qué el tema despierta tanto interés en un contexto de ajuste fiscal.

El vídeo como detonante de un malestar más amplio​

La grabación que abre el intercambio muestra peleas, robos y escenas de acoso a mujeres en el entorno de un centro. La reacción inmediata es de indignación, pero el hilo deriva pronto hacia preguntas más incómodas: ¿por qué estos centros se ubican lejos de los barrios donde viven quienes defienden su existencia? ¿Por qué no se trasladan a zonas de renta alta con mayor apoyo social? La propuesta de reubicación, lanzada con retranca, apunta a una hipocresía que se considera evidente.

También aparecen las comparaciones con los antiguos reformatorios y la idea de que estos chavales no son «nuestros» y no debería costearlos el contribuyente español. La discusión sobre la nacionalidad de los residentes se mezcla con la del coste, y algunos mensajes deslizan que el problema no es la procedencia sino la ausencia de un proyecto migratorio ordenado. La cifra de 4000 euros mensuales por plaza se repite como ejemplo de un sistema que, según estas voces, ha convertido la acogida en un negocio sin incentivos para integrar.

La respuesta política y el silencio administrativo​

El nombre de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no aparece en el material, pero sí la referencia a una responsable política que habría dicho que los menores harán brillar a España. La cita se usa para exigir explicaciones sobre el coste real del sistema y sobre la gestión de las plazas. La pregunta de cuánto gana esa responsable al mes se lanza sin respuesta.

Lo que sí se repite es la acusación de que la administración no publica los datos desglosados de licitación. Sin esa información, cualquier discusión sobre el coste se mueve en el terreno de la estimación. Y en ese terreno, las cifras bailan: desde los 4.000 euros de Canarias hasta los 60.000 de la licitación media, pasando por los 48.000 que quedarían tras el descuento. La horquilla es tan amplia que cualquier conclusión se vuelve resbaladiza.

El trasfondo: un modelo que nadie defiende con entusiasmo​

Más allá del vídeo, lo que emerge es un consenso incómodo: el sistema de acogida tal como está planteado no funciona. Unos piden cerrar los centros y devolver a los menores a sus países de origen; otros reclaman más inversión y control público; algunos señalan que el problema es la falta de integración y de expectativas. La única coincidencia es que el dinero se gasta, y mucho, sin que se vean resultados proporcionales en convivencia o en inserción laboral.

La pregunta que sobrevuela todo el intercambio no tiene fácil respuesta: si el coste por plaza supera el salario medio de un trabajador español, ¿qué se está comprando con ese dinero? ¿Un servicio social, un negocio concertado o una forma de externalizar un problema que nadie quiere asumir? El vídeo muestra el síntoma. La factura muestra la dimensión del negocio.